‘‘Hay que acercar la democracia europea a la de las naciones’’ // Thomas Piketty

Un proyecto de tratado sobre la creación de una Asamblea parlamentaria de la zona euro llama a los ciudadanos a volver a tomar el control de Europa.

FOTO: UPF 

Entrevista a Thomas Piketty, director de estudios de la Escuela de Altos estudios en Ciencias Sociales (EHESS) y profesor de Economía de la Escuela de Economía de París.

Usted es uno de los redactores de un proyecto de tratado de democratización de Europa cuya propuesta central es la creación de una Asamblea parlamentaria de la zona euro. ¿A qué se debe esta iniciativa?

En las últimas décadas, los dirigentes políticos franceses se han quejado mucho de Europa sin proponer ninguna alternativa real de refundación. La situación comenzará a cambiar a partir del momento en que Francia haga propuestas concretas, como nuestro proyecto de tratado, que debe ser asumido por todos los ciudadanos. Tenemos que estar entre los que dan una oportunidad a la democracia europea, aunque ello signifique, al principio, que se pongan de manifiesto múltiples desacuerdos.

Hay que recordar que la Unión Europea modifica con frecuencia los textos que la organizan. En 2011 y 2012, Alemania —en nombre del apremio financiero— hizo firmar a sus socios dos tratados muy importantes. El primero, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG), al fijar nuevas normas presupuestarias, participó en el establecimiento de la austeridad en Europa. El segundo creó el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, un fondo europeo destinado a socorrer a los países de la Unión más golpeados por la especulación financiera. Fundamentalmente, los dos tratados pecan de denegación de la democracia, de falta de transparencia y de rechazo a una Europa más social.

En este contexto, nuestra propuesta faro es, en efecto, la creación de una Asamblea democrática de la zona euro formada en un 80% por diputados de los parlamentos nacionales —proporcionalmente a la población de cada país y a los diferentes grupos políticos— y en un 20% por parlamentarios europeos.

¿Cuáles serían sus competencias?

Esa asamblea se ocuparía de gestionar un presupuesto de la zona euro alimentado por la transferencia del impuesto sobre las sociedades, cuya base imponible y el tipo mínimo común estarían fijados por él. Cada país sería después libre de fijar una tasa adicional para alimentar su propio presupuesto, utilizando la misma base imponible. Este presupuesto de inversión a favor de la formación, de las energías renovables, etc., permitiría favorecer la convergencia social y económica de los países miembros. Si fuera necesario, la formulación de dicho tratado podría incluir una dimensión contracíclica. Por último, esa asamblea supervisaría los mecanismos establecidos en el marco de los tratados adoptados en 2011 y 2012, cuya regulación, hasta el momento, es totalmente opaca.

PARA SABER MÁS Pour un traité de démocratisation de l’Europe, por Stéphanie Hennette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste y Antoine Vauchez, Le Seuil, 2017.

En lo que se refiere a las normas presupuestarias y, en particular, a la mutualización de las deudas, nuestra propuesta de tratado prevé la posibilidad de establecer un fondo común que reagrupe el conjunto de las deudas públicas de los países de la zona euro por encima del 60% de sus PIB, como propuso en 2011 el grupo de sabios que aconseja al Gobierno alemán. Su fin no es mutualizar todas las deudas, sino ayudar a los países más endeudados a recomenzar sobre unas bases más sanas minimizando los costes asociados al pasado. Y, lo que es más importante, el reescalonamiento de la deuda llevado a cabo por ese fondo común sería objeto de una deliberación democrática y no, como hasta ahora, por unos mecanismos automáticos que no funcionan. 

¿Cómo convencer a Alemania de que se implique en esta vía?

Si Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, propusiera un proyecto de democratización de Europa y Alemania lo rechazara, crearía un clima de sospecha en la zona euro que llevaría, antes o después, a un rechazo de la Unión Europea y a su estallido. Esto significaría una gran responsabilidad. Pienso que, por el contrario, los dirigentes alemanes no desperdiciarán esta oportunidad. Sin embargo, es importante precisar que prefiero un proceso positivo a un ultimátum como proponía Jean-Luc Mélenchon, sobre todo, porque su “plan A” carece absolutamente de precisión y de ambición democrática.

Aunque se lleve a cabo democráticamente, ¿cree usted que los franceses están dispuestos a avanzar en la integración europea o en la puesta en común de recursos fiscales y presupuestarios?

En lo que respecta a los déficits presupuestarios, creo que la mayoría de la población europea está convencida de que los criterios y las sanciones automáticas establecidos en Europa no funcionan. Respecto a la transferencia de soberanía fiscal, evidentemente hay que ser muy prudentes. No se trata de transferir el conjunto de las prerrogativas nacionales relativas al presupuesto y a la fiscalidad a la Asamblea de la zona euro, sino únicamente la soberanía fiscal sobre el impuesto de sociedades. Eso es algo que la opinión pública puede admitir, pues hoy todo el mundo sabe que la soberanía nacional sobre este impuesto es una ilusión y que, en la práctica, las multinacionales estafan a los Estados. La posibilidad de que cada Estado establezca una tasa adicional, además de la definida por la Asamblea de la zona euro, garantizaría un equilibrio entre las prioridades europeas y las nacionales a la vez que instauraría cierta justicia fiscal.

¿Cómo articular las competencias de la Asamblea de la zona euro con aquellas de las que ya se ha dotado la Unión Europea?

Sería imposible transferir a la Asamblea de la zona euro elementos ya transferidos a la Unión Europea. La libre circulación —de mercancías y de personas— seguiría siendo, pues, competencia de la Unión. Pero sobre los asuntos de dumping fiscal y social podemos —bajo responsabilidad de esta nueva Asamblea— comenzar a converger apoyándonos en los países dispuestos a avanzar.

Hoy ya no es posible que, tanto en el seno de la zona euro como fuera de ella, Luxemburgo o Irlanda prosperen gracias a la opacidad financiera y a la optimización fiscal sin sufrir la más mínima sanción ni la redefinición de las normas de coordinación. Desde el momento en que es posible cifrar las pérdidas fiscales ocasionadas por los comportamientos de esos países, los sistemas de sanción que definiría la Asamblea de la zona euro serían totalmente acordes con las normas comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Unión Europea, y proporcionales a las pérdidas de ingresos fiscales inferidas. Este tipo de mecanismo lo ha utilizado, por ejemplo, Estados Unidos frente a Suiza.

¿Cuál es el motivo de que la Asamblea de la zona euro se base en los parlamentos nacionales?

La creación de ese tipo de asamblea se debe al carácter único de la Unión Europea, que reagrupa a viejos Estados-nación dotados de una soberanía parlamentaria propia. Debemos apoyarnos significativamente en los parlamentos nacionales —que votan los impuestos y los presupuestos y financian así los servicios públicos, la educación, la seguridad social; es decir, lo que constituye el núcleo del modelo social europeo— y no soslayarlos. 

Hay que ser prudentes sobre las transferencias de soberanía

Los parlamentos nacionales deben ser colegisladores europeos

Ello no va en contra de la Europa federal: todo lo contrario, permitiría evitar que se ahonde el foso insuperable entre la democracia europea y las democracias nacionales. Tenemos que hacer que los parlamentos nacionales sean colegisladores europeos. En su discurso de mayo de 2000, Joschka Fisher, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, proponía una asamblea surgida de los parlamentos nacionales para edificar una nueva etapa federal y democrática. La izquierda francesa no se dignó responderle y nos encontramos con el tratado constitucional europeo de 2005, muy conservador y poco democrático, basado en la lógica intergubernamental y en la omnipotencia del Consejo de los Jefes de Estado y de los ministros de Finanzas. Ha llegado el momento de retomar ese debate.