Juicio falso y viejas recetas

Para luchar contra el paro, Macron quiere desregular aún más el mercado laboral, práctica aplicada desde hace treinta años y que se ha demostrado ineficaz.

Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa. FOTO: PARLAMENTO EUROPEO

¿Es necesario liberar el trabajo como sugiere Emmanuel Macron, nuevo inquilino del Elíseo? ¿Flexibilizar la legislación laboral es un instrumento eficaz para luchar contra el paro? Este debate, que ya tiene treinta años, centró las discusiones con motivo de la ley El Khomri, cuya tinta apenas se ha secado y que no ha producido los efectos deseados. Pero la discusión está lejos de zanjarse. La reforma de la ley laboral que el actual Gobierno pretende realizar en otoño a través de decretos ley va a reavivar la escisión entre dos ópticas opuestas.

EXIGENCIAS DE LA PATRONAL

Para los liberales, la ley laboral francesa es hoy inextricable por voluminosa, aunque deba su exceso de peso a las diversas jurisprudencias que se han ido acumulando y a las derogaciones exigidas por la patronal. Acusada de ser excesivamente rígida y de proteger demasiado a los asalariados que tienen contratos de duración indefinida (CDI), impediría también a los empleadores contratar, porque tendrían miedo de no poder deshacerse en el futuro de esas nuevas adquisiciones, o de tener que gastar mucho en la magistratura laboral en caso de conflicto. Como resultado, ese “miedo a contratar” les llevaría a recurrir masivamente a los contratos precarios. Es la tesis que defiende Macron, que cuenta con el apoyo de 40 economistas —entre ellos Gilbert Cette en una tribuna publicada el pasado 12 de abril en Le Monde—. Por el contrario, para todos los que se oponen a terminar con la actual legislación laboral, entre ellos la economista Anne Eydoux, esas no son las causas del paro. Los empleadores sólo contratan cuando tienen motivos para hacerlo, empezando por unas carteras repletas de pedidos.

Una mirada al retrovisor nos muestra, en efecto, que más de treinta años de desregulaciones laborales no han conseguido contener el paro, que permanece en un nivel elevado desde la década de 1980. Además, Francia no tiene nada que envidiar a sus vecinos europeos en lo que a la flexibilización del mercado laboral se refiere. Los empresarios pueden recurrir a una multitud de contratos flexibles —de sustitución, a tiempo parcial o temporales (CDD en sus siglas en francés). Además, surgen nuevas formas de empleo no asalariado que se ven favorecidas por el auge del discurso que impulsa el autoemprendimiento, y también las que pueden asimilarse al trabajador asalariado; por ejemplo, el denominado portage salarial, una modalidad francesa de trabajo por la que un trabajador que tiene un contrato laboral de este tipo con una empresa efectúa prestaciones a compañías clientes como si fuera un trabajador independiente.  En 2016, un informe de la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS) señalaba el uso abusivo y descontrolado de los contratos temporales por obra o servicio (CDDU en sus siglas en francés), que se usan en determinadas actividades en las que es habitual no hacer contratos indefinidos. Se  trata de los sectores de espectáculos, hostelería y restauración y producción cinematográfica, creados por un decreto ley de 1982.  “El CDDU parece un contrato derogatorio del contrato derogatorio que es ya el CDD respecto al CDI; en resumen, se trata de un instrumento totalmente desregularizado que no tiene ningún equivalente en el extranjero”, a no ser en Luxemburgo, precisaba el informe de la IGAS. 

DESPIDOS CON COSTES MENORES

En cuanto a los CDI, ¿es cierto que son intocables? Un estudio del Ministerio de Trabajo de 2015 señalaba que más de un tercio de ellos se rescinden en el primer año, y los abogados, que ven como disminuyen los casos ante la Magistratura de Trabajo, saben que un despido que tiene lugar antes de los dos años de antigüedad no tiene un coste excesivo para los empleadores. Éstos disponen, además, de abundantes modalidades de rescisión. Entre las más utilizadas está la rescisión por mutuo acuerdo, establecida en 2008, que permite a los empleadores y asalariados separarse “amistosamente”. A fecha de hoy, se han firmado 2,4 millones de rescisiones de este tipo. La Administración laboral homologa de media al mes más de 30.000 rescisiones de este nivel. Este éxito ha contribuido a que bajen considerablemente los despidos por causas económicas.

Aunque se tengan en cuenta únicamente los despidos strictu senso, el derecho laboral francés no es excesivamente protector. Lo es menos que el derecho alemán —que sobreprotege los CDI, pero flexibiliza los CDD, mientras que en Francia sucede lo contrario—, que el italiano, el holandés o el belga respecto a los despidos individuales o los colectivos de personas con contratos fijos. Es lo que muestra un indicador creado por la OCDE que permite comparar el rigor de la protección del empleo. En el caso de los despidos colectivos, los famosos planes sociales, la reglamentación en Francia es menos dura que en Bélgica, Alemania, Suiza, Luxemburgo, Italia e incluso Irlanda.

Ese marco legislativo no cesa de flexibilizarse. Durante el último lustro, han tenido lugar no menos de cuatro reformas laborales. La ley de Protección del Empleo de 2013 suprime, entre otras cosas, el control de los Planes de Salvaguarda del Empleo (PSE) por los tribunales, considerados favorables a los asalariados. La homologación de los planes sociales depende ahora de la Administración laboral.

Protesta en marzo de 2016 contra las reformas laborales propuestas por el Gobierno socialista. FOTO. ADRIAN HANCU

Gracias a la ley Rebesamen de 2015 sobre el diálogo social, en las empresas de 50 a 300 trabajadores los empresarios pueden, a iniciativa propia, reagrupar en una delegación única de personal al comité de empresa, los delegados de personal y el comité de higiene, de seguridad y de condiciones laborales (pero no a los delegados sindicales).

PLANES SOCIALES MENOS GENEROSOS

En 2015, la ley Macron desbloqueó el trabajo dominical, y también introdujo más flexibilidad. Una de las cosas menos conocidas de dicha ley es que un grupo ya no está obligado a financiar los expedientes de regulación de empleo de una filial que debe reducir empleo o está en proceso de liquidación judicial. Hasta entonces, para homologar una regulación de empleo, la Administración laboral debía verificar si el empleador había intentado seriamente recolocar a los trabajadores en las otras empresas del grupo. Ahora, las medidas de despido ya no deben ser proporcionales a los medios del grupo, sino a los de la empresa en quiebra, evidentemente, mínimos. Las indemnizaciones por despido de los s disminuyen, y los sindicatos no tienen ya la posibilidad de oponerse.

La empresa dispone de amplias modalidades de rescisión de contratos

El marco legislativo laboral no deja de flexibilizarse

Hollande primó los acuerdos de empresa a costa de los sectoriales

Finalmente, la ley Laboral de 2016 ha rematado el quinquenio de François Hollande consagrando, en el ámbito de duración de la jornada laboral, la primacía de los acuerdos de empresa sobre los de sector. Evidentemente, todas esas medidas se han compensado con una serie de elementos de garantía, pero su amplitud es, hasta el momento, limitada. La denominada “cuenta personal de actividad”, que permite a cada trabajador reunir y tener acceso a todos los derechos adquiridos a lo largo de su carrera en lo que a formación, paro o trabajos tóxicos, penosos, peligrosos e insalubres se refiere, es, por ejemplo, muy difícil de establecer y de dar cuerpo. El nuevo presidente ha anunciado ya una “moratoria” de la cuenta de los trabajos tóxicos, penosos, peligrosos e insalubres que siempre ha tenido en contra a la patronal. El dispositivo, que permite a los asalariados expuestos a dichos trabajos jubilarse antes o acceder a formación para cambiar de puesto de trabajo, era una exigencia de las organizaciones sindicales, que con ello pretendían compensar la ampliación del tiempo de cotización para la jubilación, una ampliación que, por cierto, no ha tenido ningún problema en establecerse.

¿UNA LEY EL KHOMRI XXL?

A pesar de que todas las reformas llevadas a cabo los últimos años no han tenido ningún efecto notable sobre el paro, Macron quiere golpear aún más fuerte. Todavía se está en conversaciones con las organizaciones sindicales, por lo que es obligado hablar en condicional sobre el contenido de las disposiciones futuras. Sin embargo, el flamante presidente parece firme en un punto: el establecimiento obligatorio de baremos para las indemnizaciones aplicadas por la Magistratura del Trabajo en caso de despido improcedente. Introducidas en la ley sobre el crecimiento y la actividad de 2015, el Tribunal Constitucional puso objeciones a este apartado por considerar que el techo máximo de las indemnizaciones no podía variar en función del tamaño de la empresa. Más tarde, volvieron a aparecer en el proyecto de ley El Khomri y fueron de nuevo retirados ante la hostilidad de todos los sindicatos. ¿Seguirá hoy unido ese frente? “Todo dependerá del nivel de los baremos y de las contrapartidas que se ofrezcan, como un aumento del porcentaje de los casos por conciliación en la Magistratura, que hoy es muy escaso, el 6%”, explica un sindicalista. 

Parece que el debate se centrará fundamentalmente en la primacía que se dé a los acuerdos de empresa sobre los de sector en otros ámbitos que no sean el de la duración de la jornada laboral. La posibilidad de que, mediante un acuerdo mayoritario, una empresa baje los salarios por debajo de los mínimos establecidos en los convenios de sector, figuraría también entre los decretos ley.
 

PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN

Hay otros asuntos en suspenso, como una nueva flexibilización del despido económico. Hoy, las dificultades económicas de una filial se evalúan a escala internacional. ¿Va a reaparecer la disposición suprimida en el proyecto de ley El Khomri, que preveía circunscribirlas al perímetro nacional para dar seguridad a los inversores extranjeros? ¿Pretende también el nuevo presidente ir más allá de la ley Rebsamen y suprimir el límite (hoy de 300 trabajadores) a partir del cual es obligatorio firmar un acuerdo con los sindicatos para reagrupar las instancias representativas del personal? Salvo un acuerdo mayoritario en sentido contrario, ¿podrá ser obligatoria para todos la delegación única del personal?
 

Como contrapartida a ese esfuerzo adicional de flexibilización que se va a pedir a los asalariados, Macron propone una serie de garantías. Una futura reforma de la formación profesional proporcionaría más medios a la cuenta personal de formación. La supresión de las cotizaciones salariales (de paro y enfermedad) se compensaría por un aumento de las CSG (la contribución social generalizada, un impuesto sobre la renta de todos los residentes en Francia destinado a financiar la protección social), lo cual aumentaría el poder adquisitivo de los trabajadores, pero perjudicaría a los jubilados. Sin olvidar la desfiscalización de las horas extraordinarias, implantada por el ex presidente Nicolas Sarkozy y abandonada por su sucesor, François Hollande. Finalmente, el seguro de paro se ampliaría a todos: trabajadores independientes y asalariados que hayan rescindido voluntariamente su contrato (una vez cada cinco años).

Macron quiere poner baremos obligatorios a las indemnizaciones

Como contrapartida, propone garantías para los asalariados 

Aumentaría el poder salarial del empleado y perjudicaría al jubilado

Los sindicatos de los trabajadores se interrogan sobre las intenciones del nuevo Ejecutivo. Macron afirma que quiere ahorrar 10.000 millones de euros anuales en el seguro de paro. ¿Bajará el montante de los subsidios? El proyecto de estatalización del Unedic, la asociación que gestiona el seguro de paro en Francia y que funciona de modo tripartito entre la patronal, los  sindicatos y el Estado, es otro de los motivos de inquietud de los agentes sociales. Hoy, el Gobierno tiene ya la última palabra porque aprueba o no los convenios firmados por los agentes sociales. Pero sería otra piedra más lanzada contra la paridad.

Aún no se conoce con detalle el contenido de los decretos ley y de las reformas futuras de la nueva Administración, pero las grandes líneas que se van perfilando muestran que se inspiran en recetas del pasado. La desregulación del mercado laboral no ha demostrado jamás ser un instrumento eficaz contra el paro, salvo que se creen nuevas formas de empleo precario. Pero instruir un juicio erróneo contra la ley laboral es un hecho contumaz.