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La Comisión verde

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Enero 2020 / 76

Programa: El nuevo Ejecutivo europeo, con Ursula von der Leyden al frente, apuesta por la  igualdad de la mujer y por una economía ajena a las energías fósiles.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyden. FOTO: Comisión Europea

Europa tiene una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para ejercer el liderazgo mundial, compensar las anteriores ocasiones perdidas y resolver, de paso, algunas de sus más insidiosas fracturas internas.

La oportunidad se la otorga la nueva legislatura, en la que se ha atribuido las máximas responsabilidades institucionales a dos mujeres (conservadoras, pero muy activas) Ursula von der Leyen —en la Comisión— y Christine Lagarde, en el Banco Central Europeo (BCE); y dos hombres, el liberal Charles Michel al frente del Consejo Europeo (la institución que congrega las cumbres periódicas de los jefes de Estado y de Gobierno) y el socialista David Sassoli, en la presidencia del Parlamento europeo.

Como es habitual en el entramado de la UE, y en ausencia de ruptura alguna en el seno del BCE ­­­­­­—que asegura con Lagarde la continuidad (no exactamente el continuismo) de la institución y de sus políticas expansivas—, el tono lo marca Von der Leyen. Esta exministra de Defensa alemana ha caído de pie en Bruselas. Ha logrado, por esfuerzo propio y por azar ajeno, cristalizar en su persona un momento formidable de cambio también formidable: en el modo de su liderazgo, en los pactos institucionales que posibiliten su éxito y en el programa de actuación.

Von der Leyen es la primera mujer que preside la Comisión Europea, en 60 largos años. Y encabeza un equipo formateado en una práctica paridad de género. Parece un logro obvio, pero es algo inédito en muchos Ejecutivos nacionales: en España, en Francia, en Italia, en Polonia… y en EE UU. Y el hecho de que proceda (y se mantenga) en las filas conservadoras del centroderecha subraya más el carácter rupturista de esa novedad. Porque salvo en el Reino Unido, es en las filas de las izquierdas donde suele prodigarse más el empeño feminista y la lucha en pro de la igualdad. De manera que al incorporar la otra media esfera del espectro ideológico, la causa de la equiparación de la mujer recibe un impulso sustancial. 

La presidenta —nacida alemana en Bruselas, de padre alto funcionario europeo— encarna también una nueva época de la política europea, aquella en que el duopolio democristiano/socialdemócrata propio de las etapas fundacional y de desarrollo de la Unión ha dejado paso a un novedoso cuatripartidismo, que acoge en distinta media, junto con las anteriores formaciones, a los Liberales y a los Verdes.

 

VELOCIDAD SIDERAL

Naturalmente que ninguno de los (abundantes) críticos fúnebres de la Unión de raigambre (a veces encubierta) nacionalista, ha subrayado que la extraordinaria (y en algunos aspectos muy preocupante) fragmentación política del nuevo Parlamento europeo (siete grupos y múltiples corrientes procedentes de los aún 28 Estados miembros) ha arrinconado a los extremistas y, al mismo tiempo, no ha impedido la rápida selección y ratificación del Ejecutivo. A velocidad sideral (un  semestre, en total, contando la pausa veraniega), en comparación con procesos nacionales paralelos: como suelen producirse en Italia y Bélgica, y más recientemente, incluso en España.

Y todo ello, incardinado en un planteamiento rigurosamente programático. En realidad, hemos pasado, de forma casi imperceptible, de sucesivos Ejecutivos europeos de implícito consenso bipartidista a otro de explícita coalición casi cuatripartita, con participación directa de populares, socialdemócratas y liberales, y la benevolente tolerancia, aunque  exigente, de los Verdes.

Las magníficas exigencias de la aritmética electoral —magníficas, porque expresan bien la pluralidad social y conducen, por ende, a gobiernos de amplia base que requieren amplia representatividad parlamentaria— se han volcado en un acuerdo programático ambicioso y coherente en el seno de la Comisión.

Con la venia de los donpésimos que adornan el miserable debate doméstico español, esta vez no se han agregado por vía de aluvión las consabidas listas de reivindicaciones corporatistas y territoriales de minifundio intelectual. Se ha pergeñado una estrategia europea a la altura de las exigencias de los tiempos en que corresponde al viejo continente no solo la defensa de la civilización liberal amenazada por sus patrones anglosajones, sino también la ideación de su reforma, de su normativización, de su superación por desbordamiento del modelo de crecimiento que le era inherente.

Destaca en esta operación, además de las aspectos sociales, de igualdad, y de seguridad externa e interna, la que se declara oficialmente como primera prioridad de la legislatura y que centra estas líneas: un nuevo Pacto Europeo Verde. Este consiste, en síntesis, en una modificación sustancial al modelo de crecimiento mundial despilfarrador de recursos, basado en energías fósiles contaminantes y finitas que atentan a la salud de los ciudadanos y a la sostenibilidad del planeta. Y se traduce en una propuesta de aplicación más rigurosa del Acuerdo de París de 2015, mediante la aceleración de los plazos en que se deben alcanzar los objetivos de cero emisiones tóxicas. Como ha sintetizado el Parlamento europeo, se trata de garantizar por la Comisión que todas las propuestas legislativas se alineen con los objetivos oficiales de limitar el calentamiento global a 1,5 grados; reducir las emisiones en un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad en 2050. La idea es lograrlo con unos planes sectoriales muy precisos en sus objetivos, financiación y calendario.

El solo hecho de erigir la lucha contra el cambio climático en su primera prioridad, como destacó la nueva presidenta en su primer discurso ante el Parlamento, el pasado julio, ha convertido a la institución en el catalizador de múltiples iniciativas con él relacionadas. Distintos países, empezando por Alemania, emprendieron enseguida planes multimillonarios a fin de cumplir con sus objetivos.

 

‘GREENWASHING’

Quizá lo más destacable es la rápida e intensa implicación de importantes sectores productivos, particularmente los más contaminantes, como la automoción, la aviación y la producción de energía. De repente, todo el mundo parece haberse convertido en ecologista y ya menudean las denuncias por las presentaciones engañosas o falsas de tal presunta vocación, para la que se ha acuñado el concepto de greenwashing, algo relativo al lavado de imagen por la vía verde.

La estrategia está a la altura de las exigencias de los tiempos

La UE puede ponerse a la vanguardia del cambio de paradigma

Pero estas mismas caricaturas revelan, a sensu contrario, el extraordinario alcance de la revolución en marcha, que empieza en el coche eléctrico (también acusado de emponzoñar el medioambiente en según qué casos) y acabará afectando a todo el sistema. Y a todos los países, empezando por los vecinos, pues ¿de qué sirve cerrar tus contaminantes minas de carbón si al otro lado de la frontera las mantienen activas? El aire que respiramos no está dividido por líneas administrativas. Y si afecta a todo el sistema productivo, así como a los servicios.  Eso implica que estamos ante un enorme cambio de modelo, lo que entraña una extraordinaria oportunidad de hacer negocio. Europa llegó tarde a la revolución tecnológica digital. La había preconizado en 1993, bajo el concepto de sociedad de la información el entonces presidente de la Comisión, Jacques Delors en su Libro blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, que los ministros de Economía y Finanzas boicotearon a placer. De aquellos polvos vienen estos lodos. Todo indica que en esta ocasión la Unión puede ponerse a la vanguardia de este cambio de paradigma.

 

FINANCIACIÓN PÚBLICA

Así vienen a sugerirlo las distintas iniciativas simultáneamente emprendidas por distintos sectores, instituciones y empresas. Desde el proyecto de varios países para la fabricación de baterías eléctricas destinadas a la automoción, a los distintos planes de financiación. El arranque de estos se sitúa en los trabajos de las instituciones europeas para establecer una taxonomía (clasificación) de requisitos para la calificación de una determinada inversión, ya manufacturera, ya financiera, (bonos) como inversión ecológica. Y facilitar así, en cascada, su financiación por las entidades públicas, como el Banco Central Europeo, los bancos nacionales asociados y el Banco Europeo de Inversiones; amén de las privadas. Todas ellas están en proceso, más o menos adelantado, de orientar su actividad según la agenda del Pacto Verde Europeo.

Como la voluntad de los agentes e instituciones es trepidante, importa menos que algunos Gobiernos planteen sus recelos, pidan aplazamientos o reclamen más ayuda para digerir mejor la transición. No resulta difícil profetizar que todas las obstrucciones quedarán disueltas en plazo no muy lejano.