La policía gana con los saqueos

Desde Buenos Aires

La oleada de robos y violencia en Argentina ha reforzado a los cuerpos de seguridad, sospechosos de instigarla.

Barricada en San Miguel de Tucumán. FOTO: MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ

Un joven muerto de un disparo en el pecho, más de 130 personas heridas y centenares de comerciantes custodiando sus negocios con palos, hierros, escopetas... y miedo. Escaparates rotos, estanterías caídas, mercancías tiradas y calles con barricadas en llamas. Así amaneció el 4 de diciembre Córdoba, la segunda ciudad argentina, tras una noche de saqueos propiciados por la ausencia de policías, en huelga para exigir mejoras salariales.

Pocas horas después, los agentes consiguieron la subida de sueldo y regresaron al trabajo, pero escenas semejantes se multiplicaron por toda Argentina y dejaron una decena de muertos y centenares de heridos en vísperas del 30º aniversario de democracia.

“[Córdoba] no es una ciudad de delincuentes que sin presencia de la fuerza policial es tierra de nadie”, aclara Alejandra Ciuffolini, coordinadora del colectivo de investigación El llano en llamas.Cree que detrás de la oleada de saqueos subyace una fuerte desigualdad, atizada por políticas provinciales que excluyen y segregan.

Según Ciuffolini, la gestión de la seguridad se basa en la represión y la atención de urgencia, en vez de “en solucionar las condiciones que llevan a la violencia social”, como la precariedad y la marginación.

Los habitantes de los barrios pobres, que han sido desplazados a la periferia, sufren a diario una gran violencia institucional y un fuerte control social, advierte Gerardo Avalle, otro integrante del colectivo y profesor de la Universidad Católica de Córdoba. En esas condiciones acumulan un resentimiento que explotó “en el momento que la política gubernamental lo permitió, cuando su único dispositivo de seguridad (la policía) estuvo desactivado”.

Los saqueadores se abalanzaron sobre alimentos, bebidas y también sobre bienes de consumo como televisores de plasma, equipos de aire acondicionado, ropa de marca... “No fue un estallido social en el que el hambre ocupó el primer lugar”, afirma Avalle, al comparar los saqueos con los de 2001. Destaca que en estos años ha aumentado mucho la cobertura social del Estado, lo cual ha reducido la pobreza extrema, y el desempleo ha caído del 24% al 7,9%, aunque la inflación supera ya el 26%.

“Los saqueos de ahora constituyeron más una expresión de hastío y rebeldía que la institución policial supo canalizar en beneficio propio”, señala. La acción colectiva abrió durante unas horas una ventana de oportunidad para que los sectores marginados intentasen “invertir un orden desigual” apropiándose de bienes “que esta sociedad promete a sus ciudadanos, pero a los que los pobres están lejos de poder acceder”, opina la socióloga Maristella Svampa.

“Es como un ánimo, lo toman como una venganza justa”, coincide el activista social Lalo Paret.

Al otro lado del muro, entre las víctimas de los robos o entre quienes temían serlo, también salieron a la luz comportamientos habitualmente censurados.

“En nombre de la autodefensa territorial y de la propiedad privada, [las clases acomodadas] responden de modo descarnado, mostrando lo peor de sí mismas: racismo, clasismo, un rosario de discriminaciones y violencias”, escribe Svampa en el diario Clarín.

A diferencia de 2001, el hambre no es el factor clave

Más de mil negocios fueron atacados en una sola noche en Córdoba, pero la resistencia organizada de comerciantes y vecinos salvó muchos otros. En medio del caos, algunos no dudaron en arrojar objetos desde los balcones para frenar a los asaltantes, mientras que otros les lincharon a patadas.

Mientras, en las redes sociales se arremetió contra los “negros de mierda” y se viralizó en cuestión de horas un videojuego que animaba a matar saqueadores.

Calmadas ya las aguas, la policía no solo ha conseguido mejoras salariales, sino que ha visto reforzado su poder, pese a las sospechas sobre su instigación y participación en los primeros saqueos.

“[La policía] le dice al que gobierna: ¿ves lo que te puede pasar si no controlo la situación?”, denuncia Paret, quien opina que este cuerpo gana cada vez más autonomía frente al Estado.

Desde el estallido social, ha aumentado la presencia policial en los territorios urbanos más pobres y también en los más ricos, mientras en las calles de Córdoba consignas como “9.000 pesos [unos 1.000 euros] por reprimir, 3.000 por educar” cuestionan que esa sea la única respuesta posible.