México desmonta su ‘ogro filantrópico’
La petrolera Pemex es el mayor exponente de lo que Octavio Paz denunciaba como paternalismo estatal mexicano. Ahora, el Gobierno de Enrique Peña Nieto quiere abrirla a la inversión privada con un plan que ha generado polémica y recelos.
Conmemoración del 76º aniversario de la expropiación petrolera. Cosoleacaque, 18 de marzo de 2014. FOTO: Presidencia de la República Mexicana
En 1978, el escritor mexicano y premio Nobel de Literatura de 1990, Octavio Paz, publicó en la revista Vuelta su famoso ensayo El ogro filantrópico. Su arremetida contra el paternalismo estatal mexicano le valió la enemistad —ahora revisada parcialmente en los fastos de su centenario— de gran parte de la izquierda de su país. Hablamos de la guerra fría, y entonces el régimen del PRI, aunque autoritario, caudillista y corrupto, era popular, heredero de su revolución de principios del siglo XX, arropado por banderas clásicas del nacionalismo mexicano, y defensor de causas nobles. Entre ellas, el petróleo, patrimonio de todos los mexicanos desde que el presidente amigo de los republicanos españoles, Lázaro Cárdenas, nacionalizara la industria en 1938 tras la negativa de las empresas extranjeras a acatar los fallos judiciales que asumían el derecho a huelga y exigían mejoras laborales.
La nacionalización se pagó, y dicho gasto fue sufragado por el Estado con ayuda de los ciudadanos, que acudieron en masa a entregar enseres, abalorios o dinero para ayudar a la reconstrucción de una industria necesitada, además, de inversiones para ponerse al día. Por eso, en México, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) forma parte del ADN básico del ideario político del país norteamericano. Y es ahí donde reside la polémica surgida tras la reforma constitucional impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto —del PRI, de vuelta al poder tras doce años de gobiernos del PAN, conservadores—, que dará la bienvenida a las inversiones privadas nacionales y extranjeras en dicha industria.
En 1938, los ciudadanos acudieron en masa a apoyar con dinero la nacionalización
El presidente ha hecho contorsiones jurídicas para asegurar que el petróleo será mexicano
Los datos parecen avalar la urgencia, aunque las soluciones sean discutibles, y de hecho sigan discutiéndose con fervor en un país que consideraba los hidrocarburos como algo suyo, tanto como una coronita en la nevera. Tanto es así que el propio presidente y su partido han hecho contorsiones de narrativa jurídica para poder asegurar ante la opinión pública que “el petróleo sigue siendo de los mexicanos”. Nadie discutía la necesidad, pero las soluciones de unos y otros han sido opuestas.
¿Competencia o reparto?
La adoptada por el Gobierno con apoyo de la oposición conservadora se adecua al ideario clásico: apertura a la inversión privada para atraer inversiones en un sector intensivo en capital cuyo comportamiento en cifras ha ido declinando. La lectura de la oposición de izquierdas es otra: Pemex no ha sido rentable por la pésima gestión alentada desde el Gobierno para autocumplir la profecía de la necesidad de la inversión privada.
Sea como fuere, todos coinciden en que Pemex no podía seguir así. Los datos son rotundos: en 2013 se produjeron 2.522.000 barriles diarios, un volumen inferior a los 2.548.000 millones que se obtuvieron un año antes. Una caída del 1% que se añade al descenso en la producción de gas. Si además juzgamos este comportamiento con el de la industria de su principal socio comercial, Estados Unidos, los datos sonrojan. El exembajador de México ante la OCDE y autor de varios libros sobre economía mexicana Carlos Elizondo Serra, lo pone en cifras: “En 2012 se perforaron en Estados Unidos 48.200 pozos, 137 en aguas profundas del golfo de México, 89 exploratorios y 48 ya para producción. Ese mismo año Pemex perforó 1.287 pozos, solo seis en aguas profundas y todos exploratorios; del lado norteamericano, van casi 3.000 pozos en toda la historia de aguas profundas del golfo de México”. Los cálculos de las principales consultoras y del propio Gobierno indican que, aproximadamente, el 70% de los hidrocarburos mexicanos están sin explotar. “¿Puede permitírselo un país cuya mitad de la población vive en la pobreza?”, suelen preguntar los portavoces del Gobierno.
La gestión de Pemex es pésima y la izquierda avisa que busca la profecía autocumplida
El Gobierno estima que el 70% de los hidrocarburos está sin explotar
La pregunta tiene trampa, aducen los opuestos a la reforma, y también ofrecen cifras. Pemex proporciona un tercio del presupuesto nacional y paga el 79% de impuestos sobre beneficios. Ha habido años en los que el dinero detraído de Pemex ha supuesto cerca del 7% del PIB. El margen remanente es mínimo para inversiones que permitan la extracción de gas shale o de petróleo en aguas profundas, más necesitado de grandes inyecciones de capital y tecnología. ¿Puede una empresa competir en semejantes circunstancias? No, afirma la izquierda, y exige una reforma tributaria que grave a las rentas más altas de un país plagado de ricos que, como afirma Ruchir Sharma —economista jefe de Goldman Sachs para países en desarrollo—, “poseen el país”. Dicha recaudación liberaría fiscalmente a Pemex para acometer las inversiones necesarias.
El PRI, en una reforma fiscal muy contestada por la derecha, ha bajado el impuesto sobre beneficios de dicho 79% al 65%, y ha establecido un tope sobre el PIB del 4,7%. Todo lo que rebase esa cifra irá destinado a un fondo soberano, inspirado en el noruego, que invierta en proyectos educativos y de I + D. ¿Será suficiente? Los expertos se mantienen más bien escépticos ante lo que siguen considerando una fiscalidad que imposibilita la competencia.
Pero el Gobierno, ¿quiere realmente que Pemex compita? Dado que existe una Ronda 0 en la que Pemex ha pedido los campos y proyectos que desea explotar (y cuyo resultado se conocerá en septiembre), y puesto que las leyes están más pensadas para asociaciones con el Estado y para que las empresas privadas exploren y exploten los campos más complejos, ¿no es más bien un reparto del territorio donde nadie pisa a nadie? A juicio de los expertos, la fortaleza de Pemex dependerá de su capacidad para centrarse en los aspectos en los que posee ventajas competitivas y dejar a los operadores externos los trabajos para los que no está técnicamente capacitada.
Una entente cordiale para la que el Gobierno está poniendo alfombra roja legislativa.
REFORMAS
Un país de oligopolios... ¿amenazados?
Ha sido la más polémica y la más observada desde el exterior, pero no la única propuesta. El Gobierno mexicano ha acompañado la reforma constitucional petrolera de otras iniciativas legislativas de hondo calado en un país plagado de oligopolios. Como el de la televisión, en manos de Televisa y Azteca Televisión, o el de la telefonía, donde América Móvil (del magnate Carlos Slim) posee alrededor del 70% de la cuota de mercado, producto de las privatizaciones opacas y en muchos casos fraudulentas llevadas a cabo durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), mentor político del actual presidente.
Aunque la intención de dichas privatizaciones para crear “campeones globales” fuera en teoría buena, lo cierto es que creó un país con los mismos pobres y con varios multimillonarios, con empresas privadas ineficientes capaces de competir fuera por el apoyo gubernamental y dentro por la inexistencia de competencia, y cuyos costes han sido unos precios desorbitados en el panorama regional. Es en este contexto, respetado por el PAN durante sus doce años de gestión, en el que el PRI presenta un paquete reformista que incide en los pilares básicos del edificio político mexicano. De momento, las previsiones del país empeoran, y mientras unos arguyen la necesidad de acelerar dichas reformas, otros abogan por un cambio total de rumbo. Quizá pueda aplicarse aquí la frase de Winston Churchill que decía que Dios había creado a los economistas para dejar en buen lugar a los astrólogos.
