¿Por qué arde Colombia?

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    La reforma tributaria del Gobierno derechista precipita un estallido social largamente incubado ante la extrema desigualdad y la decepción de los jóvenes.

    ¿Qué está pasando en Colombia? La pregunta se la hacen no solo los observadores internacionales, asombrados por las imágenes procedentes de uno de los países supuestamente modélicos de América Latina que muestran un estallido social de dimensiones extraordinarias y una reacción policial que recuerda por su brutalidad las dictaduras de la década de 1970 en la región. También se la formulan muchos colombianos, desconcertados ante el alcance inusitado que ha tenido algo que comenzó el 28 de abril como una convocatoria de paro por las tres grandes centrales sindicales, la mayor federación de educadores y sendas asociaciones de transportistas y trabajadores del agro, a la que se sumaron movimientos estudiantiles e indígenas, tras el anuncio del Gobierno de una polémica reforma tributaria.

    Pandemia y recesión

    El presidente, Iván Duque, intentaba afrontar la peor recesión económica en 100 años y planteó, en medio de una pandemia devastadora, una subida generalizada de impuestos (incluidos casi todos los componentes de la canasta familiar y los servicios básicos). Todo ello mientras mantenía intactas algunas exenciones jugosas a las grandes corporaciones introducidas en la reforma tributaria de 2019, que desató en noviembre de ese año un multitudinario paro nacional y que explica en gran medida los agujeros presupuestarios de hoy. Por si fuera poco, en plena controversia por la nueva reforma, trascendió que el Gobierno se disponía a comprar 24 aviones de combate por 4.000 millones de dólares, casi la mitad de lo que pretendía recaudar con el nuevo esquema impositivo. 

    Índice Gini: 147 Puesto de Colombia en la clasificación de 159 países de menor a mayor desigualdad, solo superado por Brasil y 11 países africanos

    En el tercer día de paro, Duque ordenó radicar la iniciativa en el Congreso, pese a que incluso desde su propio partido, el derechista Centro Democrático, se lo habían desaconsejado en vista del clima palpable de malestar social. En paralelo, la policía, con el pretexto de combatir el “vandalismo”, arreciaba su ofensiva contra los manifestantes, engrosando la lista de víctimas y enardeciendo aún más los ya exaltados ánimos. Y 48 horas después, la contestación callejera forzó al presidente a retirar el proyecto y a aceptar la dimisión de su impopular ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pero ya era tarde para contener la tempestad. La protesta prosiguió con otras reivindicaciones del pliego de la convocatoria —desde la retirada del también polémico proyecto de reforma de la salud (que ya ha sido retirado) y la creación de una renta básica hasta la suspensión del uso de glifosato para la erradicación de la coca, pasando por el cumplimiento de los acuerdos de paz y el desmonte del temido escuadrón antidisturbios Esmad— y dio paso a una impetuosa marea contestataria, compuesta mayoritariamente por una generación de jóvenes deseosos de enterrar el viejo orden injusto y corrupto y dar un vuelco al país. A finales de mayo la protesta había dejado al menos 50 muertos (dos de ellos policías) y 548 desparecidos, lo que pone de manifiesto la desproporción de la represión policial.

    Descontento profundo

    Alberto Carrasquilla
    Exministro de Hacienda, impulsó la reforma tributaria que encendió las protestas.

    La reforma tributaria no fue sino fue el detonante de un descontento profundo que esperaba el momento propicio para explotar. Ese momento llegó con una pandemia deficientemente gestionada por el Gobierno —Colombia es el décimo país del mundo con más muertos por covid-19—, que ha llevado hasta límites insostenibles la ya difícil situación económica de millones de colombianos. Y con un presidente sin fuste político, al que muchos consideran un títere del expresidente Álvaro Uribe, una figura odiada por sus detractores y venerada por sus acólitos que ha condicionado los últimos 20 años del país.

    Pese a la propaganda del Ejecutivo y de los think tanks neoliberales, las cosas venían mal desde antes de la covid-19. Colombia tenía en 2019 un PIB per cápita de 5.272 euros, menos de la mitad que Uruguay y Chile, muy por debajo de Argentina y México y a años luz de los 26.430 euros de España. El cuadro empeoraba al poner la lupa en la distribución de la riqueza. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del mundo: ocupa el puesto 147 entre 159 en el índice Gini, superado tan solo por Brasil y 11 países africanos. 

    Pobreza extrema

    Sin redes suficientes para afrontar la pandemia, 21 millones de colombianos —el 42,5% de la población— se encuentran hoy en la pobreza, con ingresos mensuales por debajo de 335.688 pesos (73 euros). Otros 7,5 millones viven en la pobreza extrema, con menos de 145.000 pesos al mes. Según el más reciente informe del instituto nacional estadístico, una de cada tres familias come menos de tres comidas diarias. Añádase a este panorama una informalidad laboral del 49,2%, dedicada mayoritariamente al rebusque diario de subsistencia.

    Una marea contestataria busca enterrar el viejo orden injusto y corrupto

    El Gobierno apunta a la izquierda y la acusa de  promover una insurrección

    El Gobierno aprobó en febrero pasado, con bombos y platillos, el Ingreso Solidario, una ayuda de 160.000 pesos (35 euros) mensuales a unos tres millones de familias pobres durante seis meses con el pretendido objetivo de paliar los estragos de la pandemia. El monto total del plan —2,8 billones de pesos— es menos de la quinta parte de lo que se había previsto para la compra de los aviones de combate, negocio que canceló el nuevo ministro de Hacienda por las protestas. En estas circunstancias, en las que confluían frustraciones y resentimientos largamente represados, y a las que se añadía el rencor de muchos jóvenes con el Gobierno por haber diluido el esperanzador acuerdo de paz, bastaba con la menor chispa para provocar un incendio. Y apareció la reforma tributaria.

    La derecha ha mantenido una versión bien distinta sobre las causas de la conflagración. Uribe vinculó desde un comienzo las protestas con la “revolución molecular disipada”, una doctrina concebida por el neonazi chileno Alexis López que atribuye las nuevas manifestaciones de descontento en América Latina a un sofisticado plan para desestabilizar las democracias e instaurar regímenes comunistas. El presidente Duque, que intentaba mantener un discurso formalmente respetuoso, aunque no exento de ambigüedades, con la protesta “pacífica”, abandonó finalmente las sutilezas al señalar a Gustavo Petro, candidato izquierdista al que derrotó en 2018 y que encabeza las encuestas para los comicios de 2022, como artífice del “caos”. Esta acusación pretende relegar a un plano secundario, o directamente ignorar, el descontento social como causa de movilización y que asume a los manifestantes como un colectivo sin criterio, vulnerable a las manipulaciones. O lo que es lo mismo, de los cabecillas de la revolución molecular disipada. Al presidente Duque parece escapársele un pequeño detalle en su argumentación: que el 28 de abril de 2021 esos jóvenes que desdeña cambiaron Colombia para siempre.

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