Promesas sociales incumplidas en la UE

En el inestable mundo globalizado actual, la Unión Europea (UE) es el instrumento político indispensable para defender la seguridad, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. En este mundo multipolar desorganizado, los países individuales no pueden hacer frente por sí solos a las amenazas de seguridad ni al poder inmenso de las multinacionales y el sector financiero. Hace falta una masa crítica mínima de países, como los de la UE, para imponer regulaciones al sector financiero y las grandes corporaciones que, gracias a la libertad de movimientos de capitales y bienes, han escapado al control de los gobiernos y pueden deslocalizar sus actividades y beneficios a su antojo.

 

La UE también es imprescindible para defender los intereses europeos a escala mundial, para afrontar los conflictos y crisis que se producen en su periferia y para proteger a los ciudadanos frente a las diferentes amenazas, desde el terrorismo hasta el crimen organizado. Asimismo, la UE es indispensable para asegurar un marco de cohesión social con una protección y unos derechos garantizados frente al capitalismo actual, basado en un reparto cada vez más desigual de la riqueza y una creciente explotación y precariedad laboral.

 

Los líderes europeos se comprometieron en el Tratado de Maastricht de 1992 a promover un “elevado nivel de empleo y protección social, creciente nivel y calidad de vida y cohesión económica y social” (artículo 2), como continuación del contrato social de la posguerra. Sin embargo, la política diseñada por la Comisión Europea y aprobada por los gobiernos nacionales ha ido en sentido contrario: desregulación financiera, recorte de los derechos laborales, sindicales y sociales, privatización y encarecimiento de los servicios públicos, rebaja de impuestos a los más favorecidos, pasividad con los bancos y empresas que operan en paraísos fiscales y política de austeridad con el recorte de la inversión pública y del gasto y la protección social. Al mismo tiempo, la UE ha abandonado la lucha contra la desigualdad, la defensa del empleo estable, de salarios que cubran el coste de la vida, de vivienda asequible y de servicios públicos de calidad en educación y sanidad. En el Tratado de Lisboa (2007), los antiguos objetivos sociales de Maastricht ya quedaron diluidos en una nueva formulación en el artículo 3.

 

Como consecuencia de esas políticas, la desigualdad se ha disparado en la mayoría de los países de la UE. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Maurice Obstfeld, advirtió en el pasado octubre que esa desigualdad está “alimentando el desencanto político” y socava la recuperación económica. El Banco Central Europeo (BCE), en su informe Finanzas de los hogares de diciembre de 2016, detalla que el 10% más rico posee el 51,2% de la riqueza neta total de la eurozona.

 

El porcentaje de personas con empleo, pero con ingresos por debajo de umbral de pobreza, no deja de crecer en la UE y representan el 13,1% de los ocupados en España, el 9,5% en Alemania, el 11,5% en Italia, el 8,3% en Austria y el 7,9% en Francia, según Eurostat. El 23,5% de la población de la UE se encuentra en riesgo de pobreza. La cifra llega al 29,9% en Italia, al 27,9% en España, pero también es elevada en Alemania (19,7%), Francia (18,2%) y la igualitaria Suecia (18,3%), según Eurostat.

 

En paralelo, las desigualdades salariales alcanzan niveles extremos. En España, un primer ejecutivo de las firmas del Ibex 35 gana 112 veces más que el empleado medio de la compañía y 207 veces más que el sueldo más bajo, reveló un informe de Oxfam en noviembre. Y la cifra de multimillonarios (más de 30 millones de euros de patrimonio) se ha duplicado en España durante la crisis, confirma la Agencia Tributaria.

 

La situación de desigualdad, precariedad y empobrecimiento, junto al temor a ver degradadas sus condiciones de vida en el futuro de un porcentaje creciente de familias, ha generado una rebelión ciudadana contra la política y la forma de hacer política en la UE. Esa rebelión se expresa en cada votación en forma de voto de protesta y voto de castigo al poder establecido y a los partidos que lo representan.

 

El Eurobarómetro publicado el pasado agosto revela cómo la política económica promovida por la Comisión Europea y los gobiernos nacionales ha enajenado el antiguo apoyo ciudadano a la UE y ha hundido la credibilidad de las instituciones nacionales en la mayor parte de Europa: el porcentaje de europeos que confían en la UE se limita al 42%, sólo el 30% considera que las cosas van en la dirección correcta y el 52% se queja de que su opinión no cuenta en las decisiones que adopta la UE. La confianza en el Parlamento y el Gobierno nacionales es aún más baja (37% y 36%) y en los partidos políticos cae al 19%. En España, las cifras son mucho peores: la confianza en los partidos se limita al 7%; en el Gobierno y el Parlamento, al 18%, y en la UE, al 40%. Sólo el 27% de los españoles cree que las cosas van en la dirección correcta en la UE y el 66% también estima que su opinión no cuenta.

 

 

 

En un intento de recuperar la confianza ciudadana en este contexto de desencanto y descomposición política, los líderes de la UE proclamaron el denominado Pilar Social Europeo en la cumbre de Gotemburgo en noviembre. Pero el Pilar Social Europeo constituye una mera declaración sobre 20 principios genéricos acerca de igualdad de oportunidades, protección social y condiciones laborales, sin carácter vinculante. En ellos cabe casi cualquier política, dada su redacción repleta de matices, que recortan el alcance real de los derechos enunciados.

 

 

 

La UE ya adoptó en la cumbre de Estrasburgo de diciembre de 1989 la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, sin que eso frenara la promoción posterior de legislaciones para reducir los derechos sindicales y laborales, recortar el seguro de paro y las pensiones y fomentar la precariedad y los bajos salarios.

 

La declaración del nuevo Pilar Social Europeo parece un mero ejercicio de propaganda destinado a tener aún menos efectos prácticos que la citada Carta de Derechos Fundamentales de los Trabajadores o la Carta Social Europea (1961). A pesar de que el Tratado de Funcionamiento de la UE obligaba teóricamente a respetar el contenido de ambas cartas sociales (artículo 151 y antiguo 136), no impidió la legislación antisocial adoptada en las últimas décadas.

 

Las promesas sociales no son las únicas incumplidas por la UE. La Comisión Europea lleva meses asegurando el fin de la política de austeridad, pero sus recomendaciones a los Estados siguen insistiendo en ajustes presupuestarios y en su reforma de la eurozona propone integrar en la legislación europea las medidas del Pacto Fiscal del 2012, lo que exigirá una mayor reducción del déficit público.

 

 

 

El principio de precaución en la protección de la salud de los ciudadanos ha sido abandonado en el Tratado de Libre Comercio con Canadá (CETA), en la laxa regulación sobre las sustancias químicas disruptoras hormonales, en la renovación del herbicidas glifosato, señalado como cancerígeno por la OMS, y en los conflictos de interés de las agencias técnicas y científicas de la UE, que emiten informes favorables sobre transgénicos, sustancias químicas, medicamentos, herbicidas y alimentos basados en los informes y datos secretos del sector, mientras se desprecian los informes científicos independientes críticos. Incluso la promesa de participación política a través de las Iniciativas Ciudadanas Europeas (más de un millón de firmas de siete Estados distintos) ha quedado reducida a gestos simbólicos.