Represión // Sospechosos en la Rusia de Putin

La ilegalización de la ONG Memorial, emblema del activismo pro derechos humanos, muestra la aceleración de un autoritarismo que conecta con el periodo soviético.

Una muy peligrosa noticia estalló nada más comenzar el nuevo año, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, ilegalizó la ONG Memorial, nacida durante la glásnost, la política  impulsada por Mijaíl Gorbachov que llevó la apertura y la transparencia a la Unión Soviética a finales de la década de 1980. La ONG ha trabajado durante todos estos años con el objetivo de no permitir que se entierre en el olvido la memoria de un pueblo sacudido por el totalitarismo y el absolutismo desde tiempos inmemoriales.

Reescribir la historia es una de las políticas más evidentes del presidente ruso, quien, como Stalin durante las décadas anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, borró literalmente del mapa y de la historia a todo aquel que se opusiese a sus políticas, opiniones, creencias o a quien sospechara que le podía contrariar en cualquier ámbito, contra todo aquel que traicionara su absoluta voluntad. Sus políticas del terror hicieron estragos y los crímenes que orquestó vieron la luz por la gran labor de rescate y preservación que Memorial ha realizado durante 40 años.

Negra historia

Memorial ha recuperado parte de aquella memoria borrada por el dictador soviético durante décadas, esa negra historia que es necesario conocer con la esperanza de que no se repita, y ahora Putin la condena con el objetivo de silenciar las pruebas de desmanes del pasado y del presente, que confirman el trágico vaticinio del escritor universal Vasili Grossman: que Rusia en sus mil años de historia no vea jamás la libertad. La ilegalización de Memorial muestra que la esencia soviética continúa en parte presente en la política del país más inmenso del planeta.

Putin y el actual Gobierno ruso, en su intento por controlar todos los mecanismos institucionales y a la sociedad, se ha propuesto aplicar una política basada en el hostigamiento, el miedo y la sospecha hacia el vecino sucumbiendo a una mentalidad polarizada de guerra fría: o estás conmigo (en todo), o estás contra mí (también en todo). Por eso, hace ya una década dio luz verde a una polémica ley que estigmatizó primero a las ONG, asociaciones y fundaciones que tuvieran apoyo económico desde el exterior del país, para ampliarla después a censurar, silenciar y represaliar a opositores, periodistas y medios de comunicación que no fueran afines al régimen. 

La receta fue primero denegar ayudas económicas a las asociaciones y fundaciones rusas independientes, lo que las condenó a la financiación extranjera para sobrevivir. Luego fueron obligadas a registrarse como agentes extranjeros. A partir de ahí, la secuencia lógica es la vulnerabilidad: sin fondos ni recursos económicos, la muerte del activismo y la lucha por la libertad y la verdad están aseguradas.

La nomenclatura de la ley de agentes extranjeros conlleva una connotación muy peyorativa en el idioma eslavo, ya que durante el estalinismo y la guerra fría los espías eran agentes extranjeros que debían ser combatidos por el KGB, la escuela donde se formó Putin. Además, supone registrar obligatoriamente entidades jurídicas e individuos en una especie de lista negra.

Entrar en esa lista es absolutamente arbitrario y cualquiera, sea extranjero o no en Rusia, puede formar parte en algún momento de ella. Si hace una década hubiera blogueado estas líneas mientras estudiaba en la Universidad Federal de Siberia (Krasnoyarsk), podrían haberme expulsado o condenado, señalándome y obligándome a cumplir la ley de agentes extranjeros, lo que habría supuesto o cárcel o multa por sospechar de mis actividades subversivas contra el régimen putinista.

La ley permite al presidente deshacerse de la disidencia

Parte de la sociedad venera a Putin tanto como a Stalin

La conflictiva ley promulgada en el año 2012 permite al presidente ruso deshacerse de cualquier disidencia perseverante. Las denuncias y las críticas de la Unión Europea y activistas pro derechos humanos y defensores de las libertades no han modificado ni un ápice la determinación de Putin. Más bien todo lo contrario: durante una década ha ido perfeccionando su estrategia del miedo y ahora cualquiera es sospechoso de traicionar la esencia de su imperio ruso.

El nacionalismo de Putin y su empeño por crear un imaginario de grandeza del pueblo ruso con una historia impecable en la que no existe ninguna bajeza moral ha calado en la mentalidad de parte de la sociedad rusa, que apoya al presidente y venera a Stalin a partes iguales. Hoy Putin manifiesta abiertamente que la caída de la Unión Soviética es una tragedia y alardea de que Stalin realizó las grandes infraestructuras de Rusia. 

Enemigos

Además, la dependencia energética de parte de los países occidentales con Rusia, ha reforzado al presidente ruso, que no solo no debe rendir cuentas sobre sus políticas internas, sino que exhibe fortaleza hacia afuera, con la movilización de sus tropas en las fronteras de Ucrania y Kazajistán para dar apoyo a sus aliados autoritarios. A Ucrania quiere mantenerla fuera de la OTAN; en Kazajistán, apuesta por reprimir cualquier protesta o acción de cambio de régimen, amenaza extensible también a Bielorrusia.

Putin ha situado las democracias occidentales como su enemigo y, en paralelo, ha endurecido la represión contra el activismo ruso en favor de los derechos humanos y todo actor crítico (político, periodístico, etc.), señalados como parte del mismo enemigo. La sospecha hacia lo extranjero es de polémica interpretación, pero la ley de agentes extranjeros impulsada por Rusia Unida, el partido de Putin, finalmente fue ampliada en el año 2020 y puede afectar a las organizaciones sin personalidad jurídica. Esto es: cualquier ciudadano con una actividad política (activistas, periodistas, etc.). La norma fue respaldada por una gran mayoría de la Duma estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, con apoyo entusiasta del Partido Comunista. 

Formar parte de la lista de agentes extranjeros es muy fácil, ya que se puede considerar actividad política la organización de reuniones, difusión de folletos, participación en conferencias o debates (y también en redes sociales). Como “financiación extranjera”, basta con el envío de dinero de un familiar que viva en otro país.