Saqueo moderno en el pozo y la mina y el poz

Bogotá / Buenos Aires

‘Extractivismo’: Las multinacionales mineras y petroleras avanzan sobre Colombia en detrimento de las poblaciones indígenas y campesinas: es el sello de un modelo depredador que se ha consolidado en toda América Latina.

Al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le gusta presumir de la “locomotora mineroenergética” con la que pretende tirar de la economía colombiana. En la primera década del siglo XXI, la actividad minera se incrementó en el país el 1.089%; sólo en 2010, se entregaron 1.144 títulos mineros; no se escapan páramos, parques naturales y reservas indígenas, pese a los impactos ambientales que origina la megaminería a cielo abierto. Tras la fiebre minera que comenzó con el ex presidente Álvaro Uribe y continuó con Santos, los proyectos mineros controlados por corporaciones transnacionales acaparan ya 5,8 millones de hectáreas en Colombia, una cifra superior a la dedicada a usos agrícolas.

Mientras tanto, entre cinco y seis millones de campesinos desplazados de sus tierras siguen en la miseria, en el país del mundo con más desplazados internos, que es también uno de los países más desiguales en el reparto de tierra: en el índice Gini de tenencia de tierra, alcanza el 0,89 (donde 1 es la mayor desigualdad).

No es casualidad: el politólogo Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional y especialista en el conflicto armado que desangra Colombia desde hace más de medio siglo, sostiene que la violencia de los paramilitares, que se desplegó en todo su furor en tiempos de Uribe (2002-2010), tuvo como propósito que los campesinos dejaran sus tierras libres para el avance del latifundio y los proyectos mineros y petroleros. “En Colombia, la violencia se asumió como parte del modelo de desarrollo económico”, concluye el profesor Medina.

La megaminería es un ejemplo paradigmático del llamado “modelo extractivista”, una economía basada en la extracción a gran escala de materias primas o commodities para la exportación. El agronegocio es la otra pata fundamental del modelo: en Colombia, los monocultivos de café, palma aceitera y caña de azúcar, en manos de élites locales y multinacionales extranjeras, concentran más del 70% del área cultivada y producen importantes acaparamientos de tierra y agua, según ha documentado Mario Alejandro Pérez, profesor de la Universidad del Valle. Los latifundios dedicados a la exportación absorben las pequeñas y medianas fincas destinadas a la producción de patata, yuca, maíz y otros alimentos cotidianos; mientras, aumenta la importación de esos alimentos básicos, sobre todo tras la firma del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos en 2011.

La minería en Colombia ha crecido el 1086%

El modelo lo siguen liberales y progresistas

Las explotaciones petroleras y mineras, las grandes represas y los monocultivos acaban con las formas de vida tradicionales de comunidades rurales e indígenas que viven de la agricultura familiar, la pesca, la minería artesanal; su desplazamiento forzoso no sólo los deja sin su sustento, sino que los despoja de los lazos solidarios comunitarios y de su identidad como pueblos. Esas comunidades “son brutalmente incorporadas a la lógica extractivista”, señala el historiador Renán Vega Cantor.

Ejemplo de ello son las regiones del Arauca y los Llanos Orientales, las más ricas en petróleo y con una importante población indígena. Cuando, desde los años ochenta, comenzaron a llegar petroleras, entre ellas Oxy y Repsol; ríos y lagunas se contaminaron al tiempo que llegaban el Ejército y los grupos militares para defender los intereses de las multinacionales y reprimir la resistencia de las comunidades, según citan los informes de algunas organizaciones, entre ellas el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). A día de hoy, unos 80.000 soldados colombianos cuidan la infraestructura petrolera. El Estado defiende a las empresas de los pueblos despojados.

ABUNDANCIA MALDITA

Colombia es, quizá, un caso extremo por la violencia que acompaña el proceso, pero no es ni mucho menos una excepción. El extractivismo avanza en toda América Latina; cada país se especializa en dos o tres sectores: Chile, en la pesca a gran escala, la minería y la industria forestal; Argentina, en la soja, la minería y el gas. La socióloga argentina Maristela Svampa lo llama “el Consenso de las Commodities”: no importa que dirijan el país gobiernos neoliberales o progresistas, todos convergen en el extractivismo como único modelo posible. Como si la exportación masiva de materias primas fuera el camino del desarrollo de América Latina; como si la historia no hubiera demostrado durante cinco siglos la falacia de esa hipótesis.

“El extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes naturales, y replica la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos”, señala Vega Cantor. Se refiere a lo que el economista ecuatoriano Alberto Acosta denomina “la maldición de la abundancia”: los países latino-americanos no son pobres a pesar de ser ricos, sino que son pobres precisamente porque disponen de los recursos que el Norte ambiciona para engrasar la máquina del capitalismo. Sin embargo, es un desafío político de primer orden: los gobiernos progresistas financian sus planes sociales de redistribución de la renta gracias a las divisas que obtienen de la exportación de commodities. Un círculo vicioso perverso porque lo que se da con una mano, se quita con la otra: el Gobierno argentino otorga subsidios sociales con las divisas de la soja mientras que , para extender ese monocultivo, sigue expulsando de sus tierras a campesinos que se suman así a la lista de subsidiados.

Para colmo, a menudo las multinacionales no dejan ni las migajas: esas empresas disfrutan de unos marcos normativos idílicos en regalías e impuestos y, además, reciben subvenciones. En Colombia, Argentina o Brasil, las mineras obtienen tarifas para el agua y la electricidad mucho más bajas que las que pagan los hogares; es habitual, además, que no declaren todo lo que extraen y utilicen ingeniería contable para evadir impuestos. Por eso escribe Vega Cantor que el modelo extractivista supone la vuelta de las “economías de enclave” a la región; una suerte de “neocolonización económica” en tiempos en que el capitalismo de la globalización, hoy como hace quinientos años, no deja otro lugar a América Latina que el de proveer materias primas a las economías centrales.

CONFLICTOS AMBIENTALES

Los pueblos no asisten al despojo con las manos cruzadas. En la última década, los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, pero también la población urbana, se han organizado para resistir al avance de las industrias extractivas. Aquí, de nuevo, Colombia es la máxima expresión de una realidad continental: es el segundo país del mundo con más conflictos ambientales, sólo por detrás de la India, según el Atlas de la Justicia Ambiental del proyecto investigación Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT). En suelo colombiano se producen 98 de los 400 conflictos ambientales de América Latina, según EJOLT; Brasil concentra 58 conflictos y Ecuador, 48.

Las comunidades en pie frente a las multinacionales parecerían una suerte de modernos David contra el Goliat del poder corporativo, pero hay motivos para la esperanza: según EJOLT, el 17% de los conflictos ambientales finaliza con la victoria de las organizaciones sociales.

Al mismo tiempo, se enfrentan a una violencia creciente, que se manifiesta en todas sus formas posibles: criminalización, represión por la vía legal, intentos de cooptación, pero también amenazas e incluso, muertes.

Una vez más, Colombia es el país más azotado. Así se desprende de los datos de la organización Somos Defensores: sólo en los seis primeros meses de 2013 murieron 37 líderes ambientales y hubo 153 agresores en el país; las más de las veces, a manos de grupos paramilitares. La inmensa mayoría de todos estos crímenes ha quedado impune. 

CANADÁ

La responsabilidad del “Estado residencia”

En los 200 conflictos mineros mapeados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), detrás del 80% de los casos hay una corporación minera con sede en Canadá. Por eso, las organizaciones sociales presentaron el informe El impacto de la minería canadiense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Será la primera vez que esta Comisión aborde la espinosa cuestión del “Estado residencia”; es decir, qué responsabilidad le cabe al Estado canadiense por las violaciones de derechos cometidas por empresas a las que otorga ayudas económicas y apoyo diplomático. Lo mismo cabría decir de multinacionales españolas que, como Gas Natural Fenosa, Enel-Endesa y Repsol, han sido denunciadas por el impacto de sus actividades en países como Colombia, Guatemala y Chile.