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Sudamérica retrocede en política migratoria

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Febrero 2018 / 55

Marcha atrás: Países como Argentina o Brasil, avanzados en política de inmigración, comienzan a recortar derechos a la sombra de las presiones que vienen del Norte.

Frontera La Kyaka-Villazón entre  Argentina y Bolivia. FOTO:123rf

El presidente de EE UU, Donald Trump, y la brutalidad de su política xenófoba hacia las personas migrantes,simbolizada en la construcción de un gran muro para separar Estados Unidos de quienes habitan al sur del Río Grande, ha invisibilizado el fenómeno de la migración Sur-Sur en América Latina. Esta región ha apostado por el paradigma del derecho a migrar antes que por la militarización de sus fronteras. Y, sorprendentemente para la mirada del Norte, esta política no ha traído aparejado el tan temido efecto llamada.

En el subcontiente residen 9,5 millones de inmigrantes, la mayoría de los cuales se han movido entre países de la misma región. Sudamérica es el destino elegido por el 60%, con Argentina (2,2 millones) y Venezuela (1,4 millones) encabezando la lista de países de destino.

La integración regional a través del Mercosur y la Unasur ha facilitado esta tendencia, ya que, si bien no existe libre circulación a lo Schengen, se han firmado acuerdos de residencia que facilitan la movilidad entre los países que conforman el bloque.

Además, durante la primer década del siglo XXI, varios gobiernos sudamericanos progresistas han emprendido reformas de sus leyes migratorias para promover la protección de las personas migrantes, entendiendo la política migratoria como una herramienta de inclusión social. En 2003, Argentina sancionó la Ley Migratoria 25.871, que reconoce el derecho a migrar y el acceso a la salud y educación públicas, independientemente de la situación migratoria de la persona. Bajo este mismo enfoque, Uruguay y Ecuador sancionaron sus nuevas leyes migratorias en 2008 y Bolivia lo hizo en 2013.

La décima Conferencia Sudamericana de Migraciones, celebrada en 2010 en Bolivia, representó un hito en la definición común de parte de todos los países de la región en torno a la cuestión migratoria. En la misma se afirmó que “la libre circulación y residencia es un derecho humano básico, y ha sido un principio tradicionalmente asumido por los países de la región a través de sus políticas de apertura y promoción de las migraciones”. 

Tras esta conferencia, los países de la región firmaron el Plan de Acción hacia una ciudadanía sudamericana que tiene como horizonte el año 2021. Sin embargo, estos progresos se ven ahora ensombrecidos por los gobiernos de corte neoliberal que han llegado al poder en la región y que están realineando sus políticas migratorias a petición de las potencias del Norte.

 

RECORTE DE DERECHOS

En este sentido, Brasil, cuyo Congreso aprobó su nueva ley migratoria a inicios de 2017, vio recortados drásticamente los derechos reconocidos en la nueva normativa por un decreto del presidente Michel Temer que vetó 22 de sus artículos. También por vía del decreto presidencial, la Argentina de Mauricio Macri modificó en enero de 2017 su ley modélica, con el fin de acelerar las deportaciones de los migrantes que hayan cometido un delito, sin importar que se trate de una falta menor (como, por ejemplo, resistencia a la autoridad) y sin otorgarles la posibilidad de acceder a la justicia o apelar a la unidad familiar para no ser expulsados del país en un término de setenta y dos horas. 

La sociedad civil argentina denunció esta situación ante la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos (CIDH), frente a una cerrada defensa del Gobierno argentino cuya excusa es combatir “el narcotráfico y el crimen transnacional” recortando derechos de la población migrante. 

Es preocupante esta “criminalización de la población migrante”, un fenómeno que está ocurriendo en todo el continente bajo el libreto de la guerra contra el narcotráfico y que convierte en chivo expiatorio a la población más vulnerable. Esta tendencia viene acompañada de un discurso político que vuelve a hablar de las migraciones como una “amenaza a la seguridad nacional”, lo cual aleja las perspectivas de construcción de una patria grande.

El año 2018 se presenta como clave en la definición de la denominada “gobernanza de las migraciones” a escala global, ya que en diciembre la Asamblea General de Naciones Unidas aprobará el Pacto Mundial sobre Migración en Marruecos. Trump ya anunció que Estados Unidos no formará parte de este pacto, que para algunas regiones del mundo puede representar un avance en el sentido de abrir nuevos canales alternativos para una migración “ordenada y segura”. Pero el libreto de este acuerdo global está escrito por los países del Norte, preocupados por su mal percibida “crisis migratoria”, que imponen un enfoque utilitarista de las migraciones en lugar de entenderlas como un derecho humano. 

En este sentido, el Pacto Mundial sobre Migraciones buscará promover la migración circular asegurando que los trabajadores migratorios regresen a su país de origen una vez ya no sean útiles a su economía, sin posibilidad de aspirar a la residencia permanente ni a la reunificación familiar. Además, el pacto buscará asegurar el “retorno voluntario” (una forma políticamente correcta de hablar de deportación) de quienes ingresen irregularmente o queden en situación irregular una vez expirada su residencia. 

Para Sudamérica, el Pacto Mundial posiblemente represente un retroceso en materia de derechos humanos de las personas migrantes, ya que implicaría un recorte en estándares regionales relativos a derechos laborales, unidad familiar, acceso a servicios públicos independientemente de la situación migratoria y la libre circulación.

La declaración de la Cumbre de los Pueblos, organizada por el Gobierno de Bolivia el año pasado, se levanta como una voz disidente a la globalización de las políticas migratorias. Allí, representantes de movimientos sociales, países del Sur global y pueblos originarios proclamaron que “la movilidad humana es un derecho arraigado en la igualdad esencial del ser humano” y proponen superar la perspectiva hegemónica de política migratoria que plantea una gestión de las migraciones de manera “regular, ordenada y segura”, por una visión humanista que permita “acoger, proteger, promover e integrar” a las personas migrantes. 

 

AGENTES DEL CAMBIO

La feminización de las migraciones: ¿nos queremos más vulnerables o más autónomas?

Como Red de Mujeres en la Migración (WIMN) hemos advertido que el Pacto Mundial sobre Migraciones busca perpetuar una imagen “dependiente” de las mujeres migrantes, que tradicionalmente han sido consideradas “acompañantes” del hombre trabajador migrante.De esta forma, se ignora el fenómeno de la feminización de las migraciones, el cual saca a la luz el aumento significativo de la participación de las mujeres en los distintos procesos migratorios en el mundo. Este fenómeno es consecuencia de la feminización de la pobreza,que afecta de manera particularizada a millones de mujeres del sur global. Estos mecanismos profundizan las relaciones patriarcales/capitalistas del mapa geográfico global, ya que en los países de destino los procesos de inserción laboral y social están fuertemente condicionados por normativas xenófobas y racistas. Por su parte, el sudor y esfuerzo de millones de trabajadoras que sostienen a sus comunidades de origen  a travésde las remesas es aprovechado por sus países de origen, profundizando la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

El pasado diciembre, en la cumbre de Puerto Vallarta (México), que cerró la primera fase de construcción del Pacto Mundial sobre Migraciones, WIMN advirtió que las mujeres en la migración vulnerabilizadas por las políticas migratorias que las ponen en situaciones de precariedad laboral e irregularidad. Focalizándose en la protección, el Pacto limita la agencia de las mujeres, su autonomía y sus derechos específicos, como la salud sexual y reproductiva. Las mujeres no deben ser consideradas como población vulnerable. No somos víctimas sino agentes de cambio. 

 

* Dedico este artículo a Juan Artola, fallecido el pasado 7 de enero, quien dedicó su vida a promover los derechos de las personas migrantes, especialmente en América Latina. Maestro y guía a quien nunca olvidaré.