Transición ecológica // El comercio europeo y el 'Green Deal'
La UE afronta el problema de cómo revisar las políticas públicas para lograr un continente sin emisiones de CO2.
Cementera en Rusia. Foto: Nordroden
Con su propuesta de Green Deal la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, pretende hacer de Europa el primer continente sin emisiones y desarrollar un plan de inversión masiva para la transición ecológica. Semejante desafío solo podrá afrontarse si se revisa el conjunto de políticas públicas, lo que implica reconsiderar las reglas por las que se rige el comercio internacional. ¿Qué interés tendría lograr la descarbonización del territorio europeo si ello provoca el desplazamiento de las industrias emisoras de carbono y consumidoras de recursos naturales hacia terceros países? ¿Y cómo convencer a los productores europeos de la necesidad de aumentar los estándares medioambientales si los productos importados no tienen el mismo nivel de exigencia?
El anuncio de la nueva Comisión sobre el Green Deal parece aún lejos de garantizar la adaptación de las normas comerciales a sus objetivos. Sobre todo, porque el comisario de Comercio, Phil Hogan, quiere proseguir con la política de la Comisión saliente: ratificar los acuerdos con Vietnam, Mercosur y México; concluir el acuerdo de protección de las inversiones con China; continuar las negociaciones bilaterales con Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda; abrir negociaciones con Reino Unido, y expansión de los dispositivos para proteger las inversiones.
Ajustes en frontera
Un compromiso nuevo que incluye el Green Deal es fijar un instrumento de ajuste en frontera de las emisiones de carbono: ya sea un impuesto a la importación basado en el contenido de carbono o la obligación de compra de cuotas de CO2 por el importador. Pero se trata de un mecanismo con dificultades técnicas y jurídicas. Por ello, solo se aplicaría en una primera etapa a bienes muy emisores.
Otra propuesta es hacer del Acuerdo de París sobre el Clima un elemento esencial de futuros acuerdos. El fallo en 2017 del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acuerdo UE-Singapur precisaba ya que Europa puede suspender un acuerdo si no se respeta el capítulo del desarrollo sostenible o de violación de derechos humanos. Pero esa opción jamás se ha tenido en cuenta debido a la vaguedad de los términos de los acuerdos sobre temas sociales y medioambientales. Y, sobre todo, porque la suspensión de todo un acuerdo parece una sanción demasiado disuasiva.
La suspensión de todo un acuerdo parece una sanción demasiado fuerte
La Comisión propone inscribir solo el Acuerdo de París en los acuerdos globales, lo que no se aplicaría a las negociaciones en curso con Estados Unidos sobre bienes industriales y sobre evaluación de la conformidad. Por ello, el Institut Veblen y la Fondation Nicolas-Hulot han propuesto fijar cláusulas especiales en todos los acuerdos y sanciones escalonadas según la gravedad de las violaciones.
El 18 de diciembre, las tensiones entre el establecimiento del Green Deal y los otros objetivos de la Unión centraron las discusiones del Parlamento europeo sobre el acuerdo de comercio UE-Mercosur. El comisario Hogan y algunos eurodiputados intentaron presentar el acuerdo, que lleva negociándose 20 años, bajo una luz compatible con el Green Deal. Frente a ellos, otros eurodiputados hicieron ver hasta qué punto ese acuerdo de “carne a cambio de coches” era desacertado por sus impactos negativos, especialmente respecto a la presión sobre los recursos naturales y la deforestación. Eso por no hablar de que su ratificación por los Estados de la Unión sería inoportuna en el contexto actual de violación de los derechos humanos y del medio ambiente en Brasil. Sobre todo, tras la COP35 en Madrid, durante cuya celebración el Gobierno Bolsonaro contribuyó enormemente a entorpecer las discusiones.
