Un caso único en el mundo
Los ciudadanos pagan junto a su consumo eléctrico una deuda con las compañías, que se dispara cada año. A finales de 2012 superó los 29.000 millones de euros, casi un 3% del PIB.
En una economía globalizada parece no haber lugar para la excepción. Salvo si se trata de electricidad y de España. “Las decisiones de los distintos Gobiernos en la materia regulatoria han tenido como consecuencia que España sea el único país del mundo en el que los clientes mantienen una deuda con el sector eléctrico, que se acumula de forma crónica año a año”. La frase es de un informe de la consultora PwC en 2011 titulado “Diez temas candentes del sector eléctrico español para 2012”. Desde entonces, el problema ha engordado. A finales de 2012, a falta de datos definitivos de la CNE, la deuda eléctrica superó los 29.000 millones, casi un 3% del PIB. La carga pesa como una losa sobre el recibo de la luz de los usuarios (10% va destinado a pagar intereses y principal), obligados a devolver la deuda en 15 años. Pesa también sobre las cuentas públicas. Es el Estado el que avala los programas de colocación de la deuda, en forma de bonos, del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico.
Pero ¿por qué se origina, desde cuándo y cómo se ha intentado atajar sin éxito? El déficit surge de la diferencia entre los ingresos del sistema por las tarifas que pagan los usuarios y los costes reconocidos a las empresas por generar, transportar y distribuir la electricidad. La clave del asunto está en el término “reconocidos” referido a los costes. El término es reciente. Figura en el Informe sobre el Sector Energético Español de la CNE del 7 de marzo de 2012. Es clave porque cuestiona la definición de déficit que prefieren las compañías (diferencia entre ingresos por tarifas y costes de las empresas, a secas) y da pie a plantear si todos los costes reconocidos merecen serlo.
El gran problema del déficit comenzó a finales de los 90, con el PP en el Gobierno, la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico y con el responsable económico de la época, Rodrigo Rato, empeñado en aumentar la competitividad de las empresas, congelando e incluso bajando la tarifa eléctrica en un momento de petróleo y gas barato y aumento continuado de la demanda. Al tiempo que se contenían las tarifas y se pagaban los Costes de Transición a la Competencia (CTC) a las eléctricas (una compensación billonaria en pesetas por abrir el sistema a la competencia), se autorizaba a las grandes empresas eléctricas a anotar en sus balances, como ingresos a percibir, la diferencia, si la hubiera, entre ingresos y costes reconocidos. Y la bola empezó a rodar, favorecida por un sistema de casación de oferta y demanda en el que el precio de la electricidad lo marca la tecnología más cara. La bola es ya en un problema que influye sobre el escenario macroeconómico del país y la prima de riesgo.
Ni los Gobiernos socialistas ni el nuevo Gobierno del Partido Popular han logrado frenar el problema. Lo han intentado, pero no han tenido éxito. En 2010, el Ejecutivo socialista aprobó nuevos límites anuales para el déficit, que debería ser cero durante el año 2013. Desde 2011, el nuevo Ejecutivo ha aprobado más medidas para contener las primas a las renovables (acusadas por las empresas tradicionales de generar el problema) y ha intentado aumentar los ingresos con más impuestos a la generación eléctrica. Pero no ha entrado en el análisis de los costes reconocidos, ni ha sido capaz de atajar el déficit, triplicado en 2012 respecto a la previsión. Finalmente, el Gobierno se ha visto obligado a suprimir la exigencia de eliminar el déficit este año.
RADIOGRAFÍA DE UNA FACTURA ELÉCTRICA
1. TÉRMINO FIJO DE POTENCIA (5,5kW): Cantidad fija a pagar al margen del consumo y en función de la potencia contratada. Garantiza que se puede utilizar toda la potencia contratada cuando el cliente la necesite. El importe resulta de multiplicar la potencia contratada por un coeficiente que actualiza el Gobierno. Esta metodología está en proceso de revisión.
2. ENERGÍA: Resultado de multiplicar los kW consumidos por su precio unitario. Para los clientes acogidos a tarifa, el precio del kW responde al resultado de una subasta que se celebra cada tres meses. Adicionalmente, el término de energía también cubre pagos por mantener las centrales y las pérdidas del transporte de electricidad (10%).
3. IMPUESTO ELÉCTRICO (4,864%): Impuesto temporal convertido en permanente. Grava tanto la potencia como el consumo. Nació en 1997 como algo provisional para financiar la reconversión de la minería (sustituyó al recargo para el carbón) y la moratoria nuclear. Financia, entre otras cosas, a las Comunidades Autónomas.
4. ALQUILER: Cantidad que cobran las compañías por ceder y mantener los equipos de medida. En 2018 todos los contadores deben ser electrónicos. La patronal eléctrica Unesa tuvo que hacer frente a acusaciones por presuntas compras masivas de aparatos por las compañías a precios concertados.
5. IVA: 21%. 18% hasta septiembre de 2012.
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
