Un lobby feroz contra la tasa Tobin
Europa: Cuatro años de ásperas discusiones sobre un impuesto a las transacciones financieras ilustran la potencia de los grupos de presión bancarios.
Manifestantes en Londres a favor de la Tasa Robin Hood (o Tobin), en 2012. FOTO: ROBINHOODTAX.ORG
¿Verá la luz en Europa el impuesto sobre las transacciones financieras? Ese mínimo gravamen mediante el que el economista norteamericano James Tobin quería introducir “un grano de arena” en las bisagras bien engrasadas de la especulación financiera ya no es una utopía. La crisis insufló nuevo vigor a esa idea, que pasó de sectores antiglobalización a la agenda del G20 en 2009 y que los jefes de Estado y de gobierno abordaron en 2011. Después de cuatro años, el impuesto sigue debatiéndose en Europa, donde 11 países se esfuerzan hoy para aplicarlo.
¡Pero la banca no lo ve igual! En la City de Londres, en Bruselas, en París o en Berlín, el proyecto de Robin Hood —como lo llaman sus partidarios anglosajones— moviliza al conjunto de las finanzas europeas… en su contra. Tiene un fuerte potencial simbólico y, de entrada, apoyo político de Francia y Alemania. La tasa ilustra la potencia del lobby financiero y su proximidad estrecha con quienes toman las decisiones políticas.
En la Comisión Europea que presidió José Manuel Barroso entre 2009 y 2014, el comisario encargado de asuntos fiscales, el lituano Algirdas Semeta, se muestra al principio muy reticente. El grupo socialista del Parlamento Europeo se moviliza, sobre todo bajo la égida de una eurodiputada griega del Pasok Ánni Podimatá; la Confederación Europea de Sindicatos y numerosas ONG, principalmente Oxfam y Amigos de la Tierra, producen argumentos y peticiones, mientras que una encuesta comunitaria del Eurobarómetro muestra que el impuesta goza de un amplio apoyo por parte de la opinión pública europea.
En 2011, sensibles a la presión de sus respectivas opiniones públicas, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy hacen del impuesto una prioridad política común. Para la canciller democristiana es un elemento del contrato de la coalición de su partido con el socialdemócrata SPD, favorable al gravamen. Para el presidente francés, deseoso de mostrar voluntarismo en relación con el desorden de los mercados, el impuesto es “técnicamente posible, financieramente indispensable, moralmente ineludible”.
El impulso político, que paradójicamente surge de dirigentes conservadores, permite lanzar el proceso legislativo. A final de 2011, la Comisión Europea elabora una primera propuesta, fundada sobre una fiscalidad amplia a los productos financieros, a partir del 0,1% para las acciones y las obligaciones y del 0,01% para los productos derivados*. “Nos entrevistamos con Semeta, y su propuesta de directiva correspondía en mayor o menor grado a nuestras posiciones”, recuerda Elena Crasta, representante del británico Trade Union Congress en Bruselas, “aunque deseábamos un impuesto más elevado, del 0,5%, para las acciones y las obligaciones”, añade.
Primer obstáculo: para legislar en materia fiscal se requiere la unanimidad de los jefes de Estado y de gobierno de los 28 países de la UE. Es evidente que Reino Unido no se alineará con esta posición nunca: los bancos y los fondos de inversión de la City se declaran totalmente opuestos al proyecto, y el Gobierno británico y los eurodiputados británicos así lo han transmitido. Más que abandonar el impuesto ante el veto británico, Francia y Alemania logran reunir a otros nueve países (Austria, Bélgica, España, Estonia, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia) dispuestos a adoptarlo en el marco de una “cooperación reforzada”**, oficializada en enero de 2013.
“Es una noticia histórica”, comenta Alexandre Naulot, de Oxfam. “Antes no había habido más que dos procedimientos de cooperación reforzada en la UE: sobre el divorcio y sobre las patentes”, apunta.
LA CITY, A LA OFENSIVA
El lobby financiero despierta. En Bruselas, la confederación patronal europea Business Europe y los representantes del sector financiero —European Banking Federation, Association for Financial Markets in Europe, International Swaps and Derivatives Association— hacen proliferar los estudios de impacto alarmistas. Aseguran que un impuesto sobre las transacciones financieras no debería aplicarse más que a escala mundial porque de otro modo puede originar una fuga de capitales, una crisis de liquidez, la erosión del ahorro, deslocalizaciones, estancamiento económico y el paro en los países que se arriesguen a introducirlo. “Además de provocar una lentificación del crecimiento y del empleo, el coste del impuesto pesaría sobre millones de ahorradores”, resume Markus Beyrer, director de Business Europe.
Estos argumentos pesan, y más considerando que “el sector financiero dispone de al menos 1.700 representantes en la capital europea”, señala Kenneth Harr, especialista de la ONG Corporate Europe Observatory en Bruselas. “Esos lobistas tienen acceso a los funcionarios clave de la Comisión; les ven todos los días, como muestra el registro oficial de la institución”.
DATOS
0,01%
Es el impuesto sobre productos derivados propuesto por Bruselas
Preocupado por los intereses de la City, el Gobierno británico presenta incluso un recurso contra la cooperación reforzada sobre el impuesto ante el Tribunal de Justicia Europeo. Cuestiona sus posibles “efectos extraterritoriales” porque el impuesto se aplicaría a todos los productos financieros emitidos desde uno de los países participantes, pero también a todas las transacciones financieras realizadas entre una entidad de un país parte de la cooperación reforzada y otra entidad.
El recurso es rechazado. Pero el Gobierno británico no desiste: está decidido a actuar de modo que “los intereses de los países que pertenecen al mercado único sean protegidos”, ha declarado un portavoz del Tesoro.
La Comisión Europea mantiene el rumbo. Prevé que el impuesto aplicado por 11 países podría suponer cada año entre 34.000 y 37.000 millones de euros. Haría desaparecer cerca del 75% de las transacciones actuales sobre derivados. Eso disgusta al lobby financiero. A partir de 2013, este sector cambia de objetivo. Como la cooperación reforzada se organiza entre 11 jefes de Estado y de gobierno afectados, los bancos despliegan todos sus esfuerzos para vaciar el proyecto de su contenido. En Berlín, en Roma o en París.
Especialistas reconocidos en productos derivados, BNP Paribas y Société Générale, aparecen en primera línea. Argumentan que la economía se resentiría de un impuesto que no incluyera a la City, y que afectaría gravemente a todos los inversores. “Están atrapados quienes toman las decisiones”, la mayoría de los cuales sale de la escuela ENA y de la Inspección General de Finanzas, explican Christian Chavagneux y Thierry Philipponnat en su ensayo sobre el lobby financiero La capture. “Los bancos han aceptado entrar en el capital de Eurnext, principal Bolsa de la zona euro, y han obtenido contrapartidas”, afirma Alexandre Naulto, de Oxfam.
Francia lanzó el impuesto en tiempos de Sarkozy, pero con el socialista François Hollande se ha convertido en un factor de bloqueo. “El Gobierno francés ha traicionado una iniciativa que surgía de Francia, convirtiendo los detalles en obstáculo”, explica Sven Giegold, eurodiputado alemán de Los Verdes, coordinador del proyecto del impuesto en el Parlamento Europeo.
Francia impulsó la tasa, pero con Hollande la está bloqueando
La Comisión estima una recaudación de 37.000 millones en 11 países
El diablo está en los detalles. El Ministerio de Finanzas apuesta por un impuesto limitado a las acciones y que exonere a la casi totalidad de los productos derivados, altamente especulativos. Esta nueva versión permitiría recaudar en Francia entre 600 y 800 millones de euros al año frente a los 5.000 o 6.000 previos.
En enero de 2015, bajo presión del ala izquierda del Partido Socialista, Hollande se declara favorable a un impuesto con un tipo débil y un amplio abanico “sobre todos los productos financieros”, incluidos los derivados. ¿Una victoria de la política sobre el lobby bancario? No está tan claro. Las discusiones en Bruselas son opacas. Dejan filtrar opciones poco comprometedoras: un impuesto con un tipo muy reducido o la exoneración del impuesto de determinadas transacciones... La aplicación, además, no deja de aplazarse. Se retrasó a enero de 2016, y la recaudación no empezaría en realidad antes del año 2017.
LÉXICO
Productos derivados: instrumentos financieros cuyo valor varía en función del precio de un activo subyacente (acción, índice, moneda, tipo de interés…). El tipo del impuesto trata sobre la cuantía del subyacente.
Cooperación reforzada: Posibilidad dada al menos a nueve Estados miembros de progresar juntos en un campo aún no cubierto por la legislación de la Unión.
