Un pretexto imposible para una reforma injusta
El Real Decreto-Ley 5/2013 es un camino buscado por un explorador desorientado, para llegar a un destino incierto. Como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en el documento de fecha 1 de febrero entregado al Gobierno de España, nuestro sistema de pensiones ha pasado a ser, tras 15 meses de gobierno del PP, una amenaza cierta para el futuro de nuestras cuentas, cuando a finales de 2011 figuraba en la lista de las oportunidades. Así, el miedo guía las decisiones del Gobierno con escasa fortuna.
La liquidación del Presupuesto de 2012 arrojó un panorama desolador de casi un punto del PIB (en términos de contabilidad nacional), apelación continua a un Fondo de Reserva que ha comenzado a ser menguante, después de un continuo crecimiento incluso durante los cuatro años más duros de la crisis, y desaparición del Fondo de Prevención, reservados previsoramente en la etapa del PSOE.
La sostenibilidad no es posible si las bases de cotización se reducen brutalmente
Para hacer frente a su desbarajuste, el Gobierno de derecha ha acometido una reforma de las pensiones, que se configura como un Rubicón que separa las pensiones generadas con la legislación precedente, con seguridad jurídica y manteniendo el carácter contributivo, y las nuevas, disminuidas en un porcentaje cercano al 30% en la cuantía de las prestaciones durante toda la vida, generadas al amparo de una legislación que va a devolver la pobreza como realidad creciente a los sectores más vulnerables del grupo de edad de mayores de 65 años.
El sistema de pensiones puede acomodarse a los vaivenes del mercado de trabajo, a la reducción del número de cotizantes y a una crisis tan dura como la que estamos viviendo. Pero no se puede diseñar un escenario de sostenibilidad si las bases de cotización, esqueleto de la arquitectura de los ingresos del sistema, se reducen brutalmente. No es posible pagar pensiones de 30.000 euros con cotizaciones calculadas sobre bases de 20.000. Esta reforma, por tanto, no ataca el problema en su magnitud y en sus principales vertientes. Podía haber concentrado una mayor fracción de la cuota en pensiones, reconfigurado las prestaciones y distinguido con mayor precisión entre los niveles contributivos y no contributivos. No ha sido así: en el Ministerio de Empleo se ha caído no solo la denominación, sino el conocimiento profundo de las dinámicas del sistema, entre las cuales está por cierto el hecho de que los despedidos se ven perjudicados por un proceso de cálculo que prima en exceso los últimos años de la vida laboral y minusvalora toda una carrera con altas bases.
Es una ruptura con efectos perversos, mayor desigualdad y menor solvencia
Así, como la ruptura, que no reforma, es tan abrupta, se genera un período transitorio imprescindible para los despedidos con anterioridad. Pero con estos cambios, durante el período transitorio, a ningún despedido le resulta rentable cotizar y, por tanto, todos van a mantener su statu quo derivando la posible actividad hacia la economía sumergida, en un país en el que la irregularidad se extiende justificada o camuflada por los ejemplos más visibles. El impacto de las cotizaciones perdidas puede llegar a ser similar, durante los primeros años, a los ahorros de esta nueva legislación, que desplegará toda su potencia desigual conforme aumente el número de los nuevos despedidos.
La negociación de los ERE, que hasta ahora paliaba sus efectos más adversos con la especial protección de los trabajadores más veteranos, sentirá, cerrado este paraguas, una tensión insoportable hacia el conflicto, tanto entre los trabajadores y las empresas como en el propio colectivo de los trabajadores. En el primer año de Gobierno, el Partido Popular había conseguido transmutar la paz social y la concertación en crispada resignación, pero ahora ha reventado las últimas costuras de los ajustes en el mercado de trabajo.
Disminuir el coste del contrato de relevo, y acentuar su dimensión como puerta de entrada en la ocupación de jóvenes desempleados podía acometerse con una reforma mejor pensada. Ahora se limita el mismo a la vez que, sin conexión ninguna entre una y otra medida legal, se permite la compatibilidad genérica entre trabajo y pensión. ¿Cuál va a ser el coste social de este nuevo atrancamiento de puertas en una realidad laboral con más del 50% de paro juvenil? ¿Va a compensarnos la pérdida de cotizaciones de nuevos empleos el ahorro en prestaciones detraído de los pensionistas que trabajen y comuniquen su actividad? Al final, tal vez no ahorremos nada, pero hayamos convertido España en un país de parados y trabajadores y pensionistas pluriempleados.
En resumen, pues, la Seguridad Social seguirá arrojando déficit en 2013, el mercado de trabajo se cerrará aún más a los jóvenes, la ruptura de la seguridad jurídica destruirá las expectativas de los despedidos más veteranos, que se verán forzados a engrosar las actividades de la economía sumergida huyendo de una legislación tan técnicamente deficiente como socialmente agresiva. El camino del Gobierno pretende acercarnos al rigor. En realidad, sus efectos perversos nos sitúan en una mayor desigualdad y menor solvencia.
