Una reforma eléctrica injusta e ineficaz
ANÁLISIS
Al actual Gobierno no se le puede negar la abundante producción de legislación en el ámbito eléctrico. En apenas 20 meses había dictado ya siete reales decretos ley (RDL) y una ley de medidas fiscales, y a mediados de julio le añadió un paquete normativo formado por un nuevo RDL, una ley que se tramitará a la vuelta de vacaciones y al menos ocho reales decretos y varias órdenes de acompañamiento.
El objetivo del despliegue es acabar con el déficit tarifario, que se originó cuando Rodrigo Rato era vicepresidente económico con competencias en energía en el primer Gobierno de José María Aznar, y que ha acumulado una deuda reconocida de más de 26.000 millones de euros.
El RDL comportaba recortes en los pagos por transporte y distribución de unos 500 millones de euros, unos ingresos al sector eléctrico de origen presupuestario de 900 millones, una reducción en los pagos por capacidad de 300 millones y unos ingresos adicionales por una subida del precio de la electricidad que se produjo en agosto de 850 millones. Afectaba además críticamente a los productores de energías renovables ya que les propinaba un recorte de ingresos de unos 900 millones y les cambia el sistema futuro de retribución pasando de la fórmula actual de precio preestablecido al de costes estándar más márgenes razonables de beneficio. La nueva ley asegura que no se volverá a acumular déficit eléctrico y fija límites a los déficit anuales y a la deuda acumulada, y obliga a revisiones automáticas de precios para prevenirlos.
Toda esta reforma suscita tres preguntas clave. ¿Se ha acabado definitivamente con el déficit? ¿Qué subidas de precios nos esperan en el futuro? ¿Es cierto que se han repartido equitativamente las cargas de la crisis entre todos los agentes?
Con respecto a la primera pregunta, el Gobierno ya pretendió acabar con el déficit con la ley de medidas fiscales de finales de 2012. Así se proclamó, y en la memoria económica de la orden de principios de año que regula los peajes que se pagan por las actividades eléctricas no liberalizadas, no se hablaba de déficit alguno en 2013. No fue cierto y la nueva reforma así lo evidencia. En 2013, la memoria económica de la orden de peajes de agosto indica que no habrá déficit, pero el ministro reconoció en las Cortes que el déficit sería en 2013 de entre 2.500 y 3.000 millones. Afirmó además que con la nueva ley el déficit desaparecería en el futuro, y esto enlaza con la segunda pregunta: sólo desaparecerá si hay subidas de precio.
Ya ha habido una subida media en agosto del 3,2%, y en el último trimestre se modificará el precio correspondiente a la llamada “parte del mercado” como resultado de la subasta CESUR. Como no es previsible que se mantengan las excepcionales condiciones de eolicidad e hidraulicidad de principios de año, es muy posible una subida importante.
El déficit tarifario solo desaparecerá con subidas de precio
Los productores de renovables han sido muy golpeados
En años posteriores se mantendrá la tendencia porque no se podrá incurrir en déficit y porque se han adoptado medidas, como la hibernación temporal de centrales en ciclo combinado decisivas en la formación de precios, que comportarán subidas en la “parte del mercado” de los precios eléctricos. Recuérdese que el precio total de la electricidad es el resultado de dos sumandos. La “parte del mercado” refleja el coste de las actividades liberalizadas (producción y comercialización) mientras que los “peajes” pagan los costes de las actividades reguladas (transporte, distribución, incentivos a las energías renovables, anualidades del pago de la deuda y otros).
Falta comentar, por último, si los recortes de las sucesivas reformas han sido equilibrados. La respuesta es rotundamente no. Entre los productores, los que emplean energías renovables han sido mucho más golpeados que el sector eléctrico tradicional que produce con tecnologías convencionales. No solo se les impuso una moratoria de facto en 2012, sino que se les han recortado los ingresos sobre lo ya instalado, cambiando el sistema de pago y devolviéndolos a un sistema de costes estándar, tan denostado por el PP en el pasado, que comporta nuevos recortes. Para el sector eléctrico tradicional solo ha habido unos recortes en las retribuciones de las actividades de distribución y en los pagos por capacidad, proporcionalmente mucho menores.
Del lado de los consumidores, se han incrementado las ayudas al sector industrial gran consumidor, que sigue recibiendo más de 700 millones por un servicio de interrumpibilidad que no se presta. Son los grandes ganadores de la reforma. Mientras, los precios de los pequeños consumidores han tenido grandes subidas: sufren los precios más altos de la UE y habrá más incrementos.
También mantienen intactos sus privilegios los tenedores de deuda eléctrica, a la que no se ha planteado ninguna medida de quita ni de reducción de intereses.
