Balance: paro crónico y empleo precario
La legislatura acaba con caídas del paro y la ocupación y con un paro muy elevado (aunque menor). El desempleo de larga duración se enquista, los contratos pierden calidad.
Dos circunstancias han determinado el balance de la legislatura en materia de empleo. La primera, la aplicación de una política económica restrictiva, plagada de recortes presupuestarios, que agravó la destrucción de empleo durante los años de recesión. La segunda, la aprobación unilateral de la reforma laboral de 2012, la más agresiva y extensa desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980, que ha desequilibrado de manera radical la relación de fuerzas en favor de las empresas, facilitando y abaratando el despido, impulsando figuras contractuales con menos garantías para los trabajadores, aumentando las posibilidades de modificación unilateral de las condiciones de trabajo (incluidas las salariales) y debilitando la fuerza sindical en la negociación colectiva.
El período (1) arroja un saldo con caídas de la ocupación (104.000 personas) y del desempleo (436.500); y con una tasa de paro muy elevada (21,2%), pero que se redujo ligeramente (1,4 puntos). Esto se explica por el desplome del número de activos (540.800), concentrado en los jóvenes de entre 16 y 34 años (1,3 millones menos), bien porque la falta de oportunidades les ha hecho salir del país, bien porque su desánimo les ha empujado fuera del mercado laboral (inactividad).
Destaca negativamente la cronificación del desempleo. El paro de larga duración (el de más de un año) ha crecido en 300.000 personas, y ya son el 60% del total (2.942.000); y el de más de dos años ha aumentado en 728.000 personas (2.159.000, el 44,5%). Sin embargo, el Gobierno ha reducido el gasto en políticas activas de empleo en un 35% (2.500 millones de euros) y ha recortado las prestaciones por desempleo, cuya tasa de cobertura ha descendido 15 puntos, de modo que sólo la mitad de los parados reciben algún tipo de ayuda económica.
También está siendo muy dañina la extensión de la precariedad laboral. Los asalariados con contrato indefinido se han reducido en 354.000, mientras que los temporales han crecido en 153.000, lo cual eleva la tasa de temporalidad hasta el 26,1%, la más alta desde finales de 2008. Además, el empleo a tiempo completo se ha reducido en 402.000 personas y el de jornada parcial ha crecido en casi 300.000, aceptado mayoritariamente como opción involuntaria (el 60% es así) y convertido en nicho de abusos y fraude. Y los contratos indefinidos son cada vez más inestables, al facilitarse el despido e introducirse figuras aberrantes como el mal llamado contrato para emprendedores, teóricamente indefinido, pero con un período de prueba de un año con despido libre y gratuito.
Hay 402.000 empleos menos a tiempo completo
Esta situación ha inducido deliberadamente una profunda devaluación salarial. De 2011 a 2014 los salarios medios cayeron un 3,6% (Ministerio de Hacienda), lo que supone una pérdida de poder de compra de 7 puntos porcentuales. Además, la pérdida salarial se ha concentrado y ha sido mucho más intensa para el 30% de trabajadores con menores ingresos. Como consecuencia de todo ello, la desigualdad y la pobreza han aumentado de manera alarmante. España es hoy el segundo país de la UE con mayor proporción de trabajadores en riesgo de pobreza (12,5%), y el que posee una distribución de ingresos más desigual.
En suma, el PIB crece, pero la crisis de empleo continúa y se han agravado sus rasgos más nocivos y estructurales. Esta es la envenenada herencia que recibirá el próximo Gobierno, que debería acometer un plan de choque contra el paro crónico e impulsar un modelo de crecimiento más eficiente y equilibrado, con empleos más estables y productivos, y ensanchar nuestro Estado de bienestar. Es difícil, pero es posible.
(1). Datos comparados de la EPA del tercer trimestre de 2015 sobre el IV trimestre de 2011.
