El FMI descubre el paro de larga duración
Tras años de predicar austeridad, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insta ahora como “una prioridad inmediata” a crear empleo para los más de dos millones de parados de larga duración.
El FMI, cuya directora gerente, Christine Lagarde, acaba de ser declarada culpable de negligencia por un caso que se remonta a su período como ministra de Finanzas de Francia y que derivó en malversación de fondos, lleva años aconsejando a los sucesivos gobiernos españoles que moderen los salarios, que flexibilicen el mercado laboral, que abaraten los despidos y, sobre todo, que incrementen los impuestos indirectos (el principal, el que grava el consumo, el IVA).
Estos hits —aderezados según el momento con una reforma de las pensiones y con la vigilancia del gasto en sanidad y educación— se mantienen impertérritos con la economía en recesión o en crecimiento destacado; con un paro que bordee el 27% o el 19%, con la deuda pública ajustada o desbordada por encima del 100% del producto interior bruto...
La última visita que una misión del FMI efectuó a España, en diciembre, volvió a hacer sonar los citados hits, porque el FMI les atribuye, en parte y sumados a otros factores externos, la recuperación de la competitividad y la creación de empleo. Una recuperación económica que el Fondo calificó de “impresionante” (3,2% de crecimiento al cierre de 2016) y un moderado 2,3% este 2017.
Sin embargo, en un matizado viraje en el relato, el FMI se escama ahora de los problemas enquistados que arrastra la economía española, y no tanto por el hecho de que sean un drama social, sino porque acaban amenazando el ritmo de crecimiento. Resulta “crítico” reducir las “vulnerabilidades” y las “debilidades estructurales”. Destaca entre ellas el elevado desempleo estructural, esa masa de personas que llevan más de un año sin trabajar, en general con formación escasa y difíciles de reenganchar al mercado laboral. Otra es la “ampliamente extendida” temporalidad en el nuevo empleo que se genera (un millón de puestos de trabajo en los últimos dos años). Contratos breves que mantienen el mercado laboral en una dualidad peligrosa que “exacerba la volatilidad del empleo” y que “inhibe la inversión de las empresas en capital humano”.
De modo que, a las recetas habituales, el FMI añadirá, a resultas de la visita de diciembre, medidas para “proteger de forma adecuada a grupos vulnerables” (parados de larga duración y jóvenes en paro). Ya en octubre, Lagarde se descolgó con una reflexión por el crecimiento “inclusivo” visto que la recuperación “sólo ha beneficiado a unos cuantos”.
Se da la circunstancia de que el Ministerio de Empleo, cuando estaba en funciones, en abril pasado, planteó en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales un plan de acción de 515 millones de euros hasta 2018, con participación autonómica, dirigido a desempleados de larga duración mayores de treinta años, con tutores que no podrán orientar a la vez a más de 120 parados. Considerado insuficiente por los sindicatos, el Gobierno ha vuelto a airearlo.
Los parados de larga duración (más de un año) superaron los 2,9 millones de personas en 2013, según el Instituto Nacional de Estadística, tras una escalada brutal, ya que en 2007 apenas había 300.000 personas en esta situación. Después, el nivel ha ido descendiendo, con algún altibajo, hasta los 2,03 millones (tercer trimestre de 2016, Encuesta de Población Activa). Pero en su seno, 1,8 millones llevan dos años o más sin trabajar. El grueso del total, 873.000, tienen entre cuarenta y cinco y cincuenta y nueve años, aunque apenas se detectan ofertas de empleo específicas para ellos. Los expertos en cuestiones laborales llevan tiempo alertando de que el paro en España (18,9%) no bajará por debajo del 14% si no se ataca este problema.
Al FMI le inquieta que el paro estructural y el empleo volátil frenen una solución al problema endèmico de falta de productividad, sobre todo entre las pymes. Las reformas efectuadas permitirán incrementar la productividad en el 0,5% anual en cinco años, pero el ritmo “necesitaría elevarse si España quiere sostener un crecimiento real del PIB por encima del 2% a medio plazo”. Ya no vale con seguir ganando competitividad como hasta ahora, por la vía de la devaluación interna. Se requieren políticas activas de empleo y gasto público en I+D, gastado “con eficiencia”.
