Inversión pública por los suelos y más
España se encuentra en mínimos en cuanto a inversión pública en infraestructuras, el 2,2% del PIB. La presión para reducir el déficit impedirá que el panorama cambie por lo menos durante el próximo año.
Evolución de la inversión pública
En millones de euros
Cuando llega una orden de austeridad, lo primero que se les suele ocurrir a los políticos, lo menos complicado, es congelar o reducir los salarios de los funcionarios y olvidarse temporalmente de echar gasolina a las infraestructuras.
Así hemos estado más de seis años, desde el superparche de los planes expansivos del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del año 2009 tras los que, hundidos los ingresos fiscales por el pinchazo de la burbuja, el déficit público alcanzara el 11,1% del producto interior bruto (PIB). Con Bruselas y Francfort a punto de disparar y el giro copernicano de mayo de 2010, la receta ha seguido igual, aunque acompañada de episodios más difíciles, como subidas de grandes y pequeños impuestos (con sus posteriores alivios fiscales), amnistías fiscales, reformas laborales y recortes sociales.
La cuestión es que, si en los últimos seis años el ajuste español ha ascendido aproximadamente a 60.000 millones de euros, el mayor tijeretazo ha correspondido a la inversión pública (el 48% del total), lo que ha llevado a los constructores de Seopan a poner el grito en el cielo.
Hasta el presidente del BBVA, Francisco González, ha salido a la palestra para reinvindicar no únicamente “reformas”, sino “grandes planes de obra pública y otro tipo de inversiones para crear empleo”.
Bruselas, que el año pasado lanzó el plan Juncker para movilizar hasta 315.000 millones de euros públicos y, sobre todo, privados, lanza algún guiño como el de instar a los gobiernos a elevar sus inversiones hasta el 0,5% del PIB comunitario, lo que equivale a cerca de 50.000 millones de euros. El objetivo sería intentar aumentar la demanda interna, reflotar el nivel de precios y reducir el paro; con los esfuerzos cada vez más agotados de la política de liquidez y tipos cero del Banco Central Europeo (BCE), se trataría de desbaratar un horizonte de crecimiento bajo, junto a una baja inflación.
Claro que era un recado para Alemania, defensora a ultranza del superávit, y que por ahora no ha hecho caso a los llamamientos a que estimule su consumo doméstico. La Comisión Europea ha dejado claro que el mensaje no iba para, entre otros países, España, a la que, pese a haberle perdonado una multa por pasarse del déficit y haber también parado la congelación de los fondos de ayuda europeos, exige un esfuerzo extra de austeridad. Según el Ejecutivo comunitario, el déficit español alcanzará el 3,8% del PIB en lugar del 3,1% pactado para el año próximo.
El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, abocado a negociar —al estar en minoría— unos nuevos presupuestos para 2017, envió en octubre a Bruselas un primer esbozo cuando seguía en funciones, un documento en el que apenas se establecián cambios respecto a 2016. La previsión de déficit es del 3,6%.
Entre 2007 y 2013, la inversión pública cayó el 64%. El capítulo de formación bruta de capital fijo llegó a su máximo en 2009 y 2010, en los que la inversión equivalía al 5,1% y al 4,7% del PIB, respectivamente. Después, la proporción siguió bajando hasta el mínimo de 2013 (2,1%), según datos de la Intervención General de la Administración del Estado. Salvo el repunte que tuvo lugar el año pasado, coincidiendo con un período electoral, que elevó la ratio al 2,5% del PIB (26.545 millones), la previsión vuelve a desinflarse.
En el documento Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, el Gobierno señalaba que “la formación bruta de capital fijo (inversión) perderá dinamismo en 2016 y 2017”, aunque prometía un cambio de tendencia para el año 2018. La cuantía vuelve a bajar a 23.400 millones. Los constructores se apoyan en un estudio comparativo de A. T. Kearney con las cuatro mayores economías de la UE para señalar que en España el volumen inversor es 19.000 millones inferior a la media europea.
Durante este año, coincidiendo con la anormalidad de falta de gobierno, las licitaciones se han hundido. Entre enero y septiembre, la licitación de obra púlbica de la Administración General del Estado reculó el 21,6%. El volumen de licitación afectó sobre todo a Adif y Adif Alta Velocidad. Según los datos de la web de Seopan, las licitaciones cuyas cuantías subieron hasta el cierre del tercer trimestre del año fueron las destinadas a carreteras, aeropuetos y puertos.
