Acuerdo o ‘Grexit’
Grecia es responsable de sus errores, pero no de un euro mal diseñado. Los países más exigentes con ella serían los más perjudicados si saliera de la moneda única
ILUSTRACIÓN: ELISA BIETE JOSA
Tras el acuerdo provisional del pasado 20 de febrero, Grecia y la Unión Europea tienen cuatro meses para negociar un nuevo plan de ayuda o aceptar la salida de Grecia del euro, el Grexit, con todo lo que ello implica, para bien y para mal, según lo interpreten unos y otros. Pero los importantes reembolsos que Grecia debe efectuar en julio hacen imposibles nuevas prórrogas provisionales.
Ese acuerdo ha sido, en general, presentado como una total derrota del nuevo Gobierno griego, que habría tenido que desdecirse de su fantasioso programa electoral y plegarse a las exigencias de sus acreedores, sin obtener nada a cambio.
Además, se ha producido un encontronazo con los gobiernos español y portugués, al acusar Alexis Tsipras a Mariano Rajoy de haber dificultado las negociaciones y buscar la caída de su Gobierno.
Esas acusaciones están fuera de lugar en las relaciones entre los gobiernos europeos. Pero es objetivamente cierto que Alemania, España, Portugal y Finlandia han sido los países que más exigentes se han mostrado con Grecia, y ha sido así por comprensibles razones de política interior. En España, para no dar alas a Podemos; en Finlandia, para no dar razones a la extrema derecha antieuropeísta; en Portugal, para no parecer que otros han conseguido un mejor trato; y en Alemania, para atender a una opinión pública fuertemente contraria a las ayudas a los perezosos mediterráneos.
Sin ese acuerdo de febrero pasado se habría provocado una salida desordenada de Grecia del euro que hubiese planteado serios problemas precisamente a esos países que más parecen haberse opuesto al acuerdo.
En Grecia la gran mayoría no quiere salir del euro, quizá porque los griegos son conscientes de los costes que tendría. Puede que los costes de quedarse sean todavía mayores y que, al final, no les quede más remedio que salir, como Giscard d’Estaing les recomendaba públicamente. Pero Tsipras no fue elegido para salir del euro, sino para conseguir unas condiciones que les permitan quedarse sin que la exagerada austeridad no sea una medicina mortal para su economía y su sociedad.
PRESIÓN DEL ALA IZQUIERDA
El ala izquierda de Syriza también ha presentado el acuerdo como una humillante derrota de Tsipras. En toda Europa, especialmente en España, muchos comentaristas emparentados con los partidos socialdemócratas han minusvalorado el resultado del acuerdo para Atenas, con juicios despectivos hacia el nuevo Gobierno griego. De lo que se trata no es sólo de un problema entre deudores y acreedores, sino también del crédito político de Syriza entre sus electores griegos, y de los partidos llamados populistas, o de izquierda radical, entre los electores europeos.
Cierto que si se compara el programa electoral de Syriza con las reformas que el Gobierno griego propuso al Eurogrupo para llegar a un acuerdo, la diferencia es enorme. Desde esta perspectiva, el resultado no puede sino interpretarse como una derrota para el Ejecutivo griego. Éste partía de una posición débil, no ha tenido ni un solo apoyo entre los demás miembros de la eurozona y los propios griegos le han quitado todo margen de maniobra con sus retiradas de fondos.
Pero el acuerdo no es una rendición sin condiciones. Ya no se fija un objetivo del 3% este año y del 4,5 % para el próximo para el superávit primario (antes del pago de intereses) como exigía el ministro alemán Wolfgang Schauble. Sólo se habla, con calculada ambigüedad, de un superávit “apropiado” que tenga en cuenta las “circunstancias económicas” de la economía griega. Y las medidas de ayuda a los griegos más pobres, a las familias sin calefacción, la distribución de cupones de alimentos y ayudas al alquiler, también se han salvado, aunque tengan que tener un impacto presupuestario neutro.
La lucha contra el fraude fiscal es el mayor compromiso de Atenas
La UE llama a la policía para apagar el fuego, y no a los bomberos
Eso debe ser un incentivo para la lucha contra el fraude fiscal, que es la parte más importante de los compromisos que Tsipras asume. Pretende conseguir en el corto plazo 7.500 millones de euros, y construir un sistema fiscal legitimado y respetado, que es la madre de todas las reformas estructurales que Grecia necesita.
El nuevo Gobierno griego se compromete a no cuestionar las privatizaciones ya efectuadas o en curso. El incremento del salario mínimo se retrasa sin fecha, pero se restablecen las negociaciones colectivas, que se habían suprimido progresivamente durante la crisis. Sobre la reforma de las pensiones hay mucha ambigüedad; con razón se quejaban de ello la señora Lagarde y el señor Draghi. Y no hay rastro en el documento firmado de las nuevas medidas de austeridad que se habían exigido a Samaras a finales de 2014, lo que fue una buena manera de ayudarle a perder las elecciones. Al menos de esa vuelta de tuerca adicional ya no se habla.
Políticamente, tampoco es despreciable para la opinión pública griega, que su Gobierno vuelva a ser un sujeto activo para el futuro de su país y haya dejado de parecer la victima pasiva de una troika todopoderosa. El apoyo a Tsipras ha aumentado hasta el 75%, el doble casi del porcentaje del voto que obtuvo en las elecciones.
Los que critican las políticas de excesiva austeridad deberían entender que la negociación con el nuevo Ejecutivo de Grecia es un momento para impulsar su cambio. Y los que critican la posición del Gobierno griego no deberían escudarse en lo mucho que ya se ha ayudado a Grecia desde 2010.
Con frecuencia oímos decir que se trata de la mayor ayuda internacional, en forma de préstamos, que haya recibido un país y que gracias a ello se ha evitado la bancarrota de Grecia. Cierto que desde el inicio de la crisis en 2010, Grecia ha recibido prestamos internacionales por valor de 227.000 millones, el equivalente de su PIB del año 2010. De ellos, 197.000 millones le han sido prestados por los demás países europeos, bien en forma de prestamos bilaterales o a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. El FMI ha aportado 30.000 millones netos de los reembolsos ya efectuados. Además, ya ha tenido lugar una quita a la deuda griega por un importe estimado de 100.000 millones de euros. Un impago (default) parcial no reconocido como tal, que ha afectado a los acreedores privados.
DEL ACCIONISTA AL CONTRIBUYENTE
Pero en realidad esa ayuda sólo ha servido para cambiar la titularidad de los acreedores de Grecia. Antes eran los bancos privados y ahora son los gobiernos. Los bancos, fundamentalmente franceses y alemanes se han desprendido del stock de deuda griega que tenían (imprudentemente) en sus balances y ésta ha pasado a manos de los gobiernos europeos, los nuevos acreedores de Grecia. Si algo va mal, antes hubieran sido los accionistas de esos bancos privados los que habrían sufrido pérdidas. Ahora serían los contribuyentes de los otros países europeos.
Más que salvar a Grecia, hemos salvado a sus bancos acreedores
A pagar intereses y deuda han ido 194.000 de 227.000 millones
Europa ha cerrado los ojos sobre sus responsabilidades
Muy poca de esa ayuda, apenas el 5%, ha ido a financiar las necesidades de los griegos. De los 227.000 millones de ayuda, 50.000 se han ido a pagar intereses y 144.000 a reembolsar la deuda que llegaba a vencimiento. Grecia ha cogido con una mano la ayuda, en forma de créditos de la troika y la ha usado para amortizar los créditos que le habían concedido (imprudentemente) los bancos, que se han ido de rositas. Grecia sigue debiendo lo mismo, pero a acreedores diferentes. De manera que, más que salvar a Grecia, hemos salvado a sus bancos acreedores. La ayuda de los gobiernos europeos ha salvado a Grecia de la quiebra, evitando un duro golpe para la banca europea. Pero Grecia no ha mejorado su posición deudora, y ahora el riesgo ya no es de los accionistas de los bancos acreedores, sino de los contribuyentes.
Esta historia viene de lejos. El euro trajo, tanto en Grecia como en España, un período de capitales abundantes y bajos tipos de interés. Con Juegos Olímpicos y cuentas trucadas durante una década. Europa cierra los ojos y no se entera de nada. Alguna responsabilidad debe de tener alguien en esa falta de vigilancia. Hasta que en 2009 llega la crisis económica y salta la liebre de los 350.000 millones de deuda acumulada por un país insolvente al que se le diagnostica un problema de liquidez. Ante el incendio, en vez de llamar a los bomberos, los vecinos europeos llamaron a la policía para castigar al que imprudentemente lo había provocado. Mientras, el fuego se extendió y la crisis fiscal de un pequeño país se acabó convirtiendo en una crisis existencial de proyecto europeo.
Los griegos son responsables de sus propios errores, que son muchos. Pero no de los defectos del diseño institucional del euro. Ni de los equivocados diagnósticos de la crisis. Europa no les puede proponer como único futuro una penitencia sin fin.
