El fraude bancario afecta a la salud
La tensión que causan las estafas financieras merma la fortaleza de las víctimas. Dos estudios descubren que los estafados pierden calidad de vida
Cartel en un despacho laboralista que informa sobre cómo reclamar ante una estafa bancaria. FOTO: EVA SANLEANDRO
La ciencia podría ser útil a las personas que han sufrido fraudes bancarios para buscar compensación de los bancos por el deterioro de su salud física y mental. Hay precedentes en las sentencias favorables a las personas con cáncer de pulmón que han recibido compensación por parte de las compañías tabacaleras. Los argumentos basados en la evidencia científica también se han utilizado en juicios para lograr compensación en cánceres relacionados con radiaciones y en enfermedades ocurridas en el medio laboral por exposiciones a productos tóxicos.
En estos procesos, los jueces han considerado como prueba que la probabilidad de que la enfermedad (por ejemplo, cáncer de pulmón) sea causada por la exposición (por ejemplo, al tabaco) sea mayor que el 50%. El cálculo de esta probabilidad requiere disponer de datos recogidos en estudios epidemiológicos y combinados en meta-análisis, es decir, técnicas estadísticas que permiten expresar en un solo resultado los de múltiples estudios. Este número cuantifica cuántas veces más probable es la enfermedad en el grupo expuesto al producto tóxico, ya sea tabaco, o radiación, o exposición laboral, que en un grupo control no expuesto a este producto.
En el caso de los fraudes bancarios, originados por productos financieros tóxicos, no disponemos por el momento de los datos epidemiológicos que permitirían establecer las probabilidades que necesitan los jueces para llegar a una sentencia. Pese a los millones de personas que han sufrido fraudes bancarios, sólo conocemos dos estudios sobre la salud de estas personas. Uno fue realizado en 1990, cuando el Departamento de Comercio de Oregón solicitó ayuda para evaluar las consecuencias psicológicas de fraudes bancarios a personas que contribuían a un plan de pensiones en la sección de psiquiatría de la Oregon Health Science University. Además, el Departamento de Comercio del Gobierno de Oregón facilitó a los investigadores una lista parcial disponible de las personas afectadas por este fraude a los investigadores y ofreció tratamiento psiquiátrico gratis a las personas que figuraban en ella. Los resultados demostraron que las 72 personas afectadas por fraudes y participantes en el estudio tenían peor salud física y mental que las 66 personas del grupo de control. Los autores concluyeron que estas pérdidas podían originar depresiones mayores y crisis de ansiedad generalizadas.
El segundo estudio ha sido llevado a cabo por la Fundación Finanzas y Salud (www.finsalud.com) en una población española afectada por fraudes bancarios y publicado en marzo de 2017 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28259392). Se incluyeron 118 personas con fraude por compra de preferentes y 70 que habían contratado una hipoteca multidivisa (en francos suizos o yenes). Se encontró que estas personas tenían una salud física y mental mucho peor que lo que se podría esperar para su edad. El 85% de los afectados por preferentes declaraban tener una salud regular o mala, cuando esperaríamos que este porcentaje fuera del 32%. En el grupo afectado por los fraudes de las hipotecas multidivisas, veinte años más joven que el de las preferentes, dos de cada tres personas declaraban tener mala salud. El dolor crónico era muy frecuente y se refería en múltiples localizaciones del cuerpo.
TRASTORNOS MENTALES
Más del 80% de los entrevistados tenían síntomas de enfermedad mental suficientemente graves para requerir atención profesional y sólo una pequeña parte había recibido apoyo o tratamiento. Los trastornos del sueño, mala calidad y pocas horas de éste, eran también muy frecuentes.
Entre los que habían comprado preferentes, se pudieron distinguir dos grupos según que hubieran o no recibido compensación económica por la pérdida de los ahorros. Se observó que las personas que habían recibido compensación económica tenían indicadores de salud mejores que las que no la habían recibido y esto se verificó para todos los indicadores. Sin embargo, incluso habiendo sido compensadas, continuaban teniendo peores indicadores de salud que la población española de edad comparable.
Por último, se preguntó por el tiempo transcurrido desde el momento en que supieron que habían sido víctimas de un fraude hasta recibir la compensación económica, o hasta el momento del estudio, en el caso de que no se hubiera producido ésta. Los tiempos fueron considerados una medida de la duración del estrés o, como las personas afectadas describieron, el tiempo de lucha para recuperar el dinero. Este tiempo fue de cuatro años y medio para los que no habían recibido compensación económica y de dos años y medio para quienes ya la habían recibido por la pérdida de los ahorros en el momento de la entrevista. Probablemente, estos tiempos podrían ser considerados en futuros estudios para establecer la dosis de exposición, medida que permitiría calcular los efectos de dosis de respuesta a la gravedad del fraude.
Todos los grupos refieren mala calidad de vida, mucho peor de lo que se podría esperar en poblaciones de edad similar. Además de las pérdidas económicas, se produce un proceso de desintegración social por la pérdida de confianza en las estructuras supervisoras del Estado, las instituciones financieras, los empleados del banco con los que se tenía relaciones de confianza, y con relativa frecuencia se producen conflictos familiares que terminan en rupturas y divorcios. En ocasiones, y con mayor frecuencia en el grupo de multidivisas, el deterioro de salud mental y los dolores crónicos llevan a bajas laborales y a una mayor pérdida de ingresos.
Por tanto, hay serios indicios de que los fraudes bancarios empeoran la salud de los afectados. Pero estos dos estudios son insuficientes para estimar las probabilidades necesarias para fijar el riesgo atribuible legalmente, estimación imprescindible para que el juez pueda dictar sentencias firmes.
LARGO CAMINO
La Fundación Finsalud se propone utilizar la ciencia para examinar los efectos de los fraudes bancarios en la salud. El camino es largo. En primer lugar, se deberá establecer la frecuencia de los fraudes bancarios en la población. Hasta el momento, se cuenta con una única estimación en España. Según una encuesta de la Unión Democrática de Pensionistas realizada en 2015, el 8,6% de los mayores han sido engañados o han experimentado un intento de engaño por un banco en el último año. Podemos suponer que este porcentaje sería mayor si preguntáramos por lo ocurrido en los últimos diez años. Para obtener esta prevalencia de fraudes bancarios, será necesario integrar preguntas en las encuestas de salud que se realizan periódicamente en la población. Finsalud ha asesorado a Salud Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, para integrar preguntas sobre fraude en la encuesta de salud que tendrá lugar en el otoño de 2017 a 8.000 madrileños.
El 8,6% de las personas mayores han sido víctimas en el último año
La encuesta de salud de Madrid tendrá preguntas sobre la estafa
Además, se han establecido contactos para extender estos estudios a otros países . Ello permitirá replicar el estudio de Finsalud en Portugal, Italia y Polonia. Finsalud ya dispone de la traducción al inglés de los documentos del estudio y de los contactos con las asociaciones de usuarios financieros afectados por estos fraudes. Tras la reunión de Finsalud mantenida con el grupo de consumo de la Comisión Europea de Asuntos Sociales y Económicos en Bruselas, este grupo apoyará la inclusión de preguntas sobre fraude bancario en la encuesta de salud europea que realizará Eurostat en 2018-2019.
En Oregón fue el Departamento de Comercio el que requirió la investigación a un equipo universitario. En España tenemos el precedente de la investigación especial para estudiar los efectos tóxicos de la venta ilegal de aceite de colza. Según el primer informe de la comisión de seguimiento sobre Comercialización de los Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada de las Cortes, más de tres millones de personas compraron preferentes en España entre 1998 y 2012, y la mayor parte de estas personas perdieron total o parcialmente sus ahorros entre 2008 y 2012. Las preferentes son sólo uno de los tipos de fraude bancario que han tenido lugar en España en la última década. Dado el carácter masivo de estos fraudes, el Parlamento español debería solicitar a equipos de investigadores del Sistema Nacional de Salud que se lleve a cabo una investigación longitudinal de la salud de las personas afectadas y que se preste la asistencia sanitaria requerida a todos los afectados.
* Investigadora de Finsalud
Profesora honoraria de la Escuela Nacional de Sanidad
Profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal
