El salto desde la resistencia social a la alternativa política

Diputado de La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados

Hay mimbres para construir un proyecto social mayoritario y alternativo que pasa por aceptar otra lectura sobre las causas y consecuencias de la crisis. Asistimos a un ataque a la democracia y a la autonomía de la política frente a la economía.

ILUSTRACIÓN: IDANA RODRÍGUEZ

Un balance meteosat de la crisis y de las políticas impuestas nos presenta datos que, no por muy conocidos, dejan de ser impactantes.

Brutal destrucción de empleo —3 millones desde el inicio de la crisis y 1,5 millones de empleos equivalentes a tiempo completo desde la Reforma Laboral de PP-CIU—. Reducción importante de los salarios. Aumento y cronificación del desempleo de larga duración. Reducción de las prestaciones de desempleo y de la tasa de cobertura. Caída de los niveles de protección social y merma en la calidad de los servicios públicos. Todo ello se resume en un aumento simultáneo de la pobreza, incluso de la severa, y de la desigualdad social.

Pero esta imagen es solo la punta del iceberg porque si aproximamos el foco veremos que la huella es mucho más profunda: una “recuperación” sin empleo, la irrupción de la condición de “trabajador pobre”, la precarización como modelo de relaciones laborales, el deterioro estructural de la negociación colectiva, cambios en la naturaleza, contenidos y cobertura de la protección social, aumento de las privatizaciones de los servicios públicos.

Si además de acercar el foco, profundizamos en el análisis, comprobaremos el impacto que, en términos de poder político, están originando la crisis y las políticas adoptadas, aprovechando la crisis como coartada. Asistimos a un ataque en toda regla a la democracia y a la autonomía de la política, en su sentido amplio, respecto a la economía.

Que no sea evidente no es casual. Existe una clara voluntad de evitar una lectura alternativa a la hegemónica sobre las causas profundas y las consecuencias de la crisis. Sin esa lectura alternativa resulta muy difícil construir un proyecto social mayoritario que vaya más allá de respuestas tácticas y concretas.

Las crisis tienen sin duda detonantes financieros —que no es lo mismo que causas—, lo cual explica su rápida difusión a través de una economía financiera muy globalizada. Pero las causas últimas debemos buscarlas en los grandes desequilibrios que una globalización sin gobierno político ha provocado en la redistribución del poder político. A favor de una economía y unos mercados de capitales globales y en detrimento de las instituciones sociales y políticas propias de la sociedad industrialista y de los Estados nacionales que la han acompañado.

Este desequilibrio de poder político está en el origen del aumento de la desigualdad social y el deterioro democrático. Aunque, como sucede con las epidemias, ha tenido un impacto diverso en función de las fortalezas o las debilidades de las estructuras económicas y políticas de cada país. 

En algunos, como España, la intensidad de la crisis esta vinculada a los elevados niveles de endeudamiento externo, que han agravado las consecuencias económicas y han reducido los márgenes de respuesta, debido a la pérdida de autonomía de la política frente a los mercados de capitales. 

En nuestro país su impacto ha sido aún mayor como consecuencia de un modelo productivo, desequilibrado en su composición y tamaño empresarial, con enormes déficits estructurales en el terreno de la formación y la innovación y profundas perversiones endémicas, como la primacía del capitalismo concesional y parasitario del poder político.

PÉRDIDA DE SOBERANÍA CIUDADANA

Lo que resulta más trascendente de esta crisis no son los factores económicos, sino los políticos. La incapacidad de la sociedad y la política para gobernar la economía supone en la práctica una pérdida de soberanía de los ciudadanos y la percepción de inutilidad de la política por parte de la ciudadanía.

Se expresa en forma de impotencia política de los Estados nacionales y también en los límites que estos mismos Estados se han autoimpuesto para que la Unión Europea no actúe como agente político. Los mismos Estados que se resisten a ceder soberanía nacional a la Unión Europea en materia económica, laboral o de seguridad social, no han tenido ningún escrúpulo en ceder esa soberanía en favor de instancias no democráticas como la troika.

Esta incapacidad de la política es en parte voluntaria y querida por unos poderes económicos a los que ya les parece bien un modelo de globalización sin gobierno político.

Para quienes piensan que la desigualdad social no solo no es un problema, sino que es parte consustancial del sistema capitalista y que la desigualdad es imprescindible para favorecer el crecimiento económico, el retroceso o desaparición de la política, lejos de ser un problema, es una gran oportunidad para adoptar reformas que profundicen en su modelo social.

Estas concepciones son las que explican que las bajadas de salarios no se aborden como un ajuste circunstancial para salir de la crisis, sino como un factor estructural de un modelo de relaciones laborales con elevados niveles de precariedad laboral, desregulación de las relaciones de trabajo a favor de las empresas y debilitamiento de la negociación colectiva, que son los verdaderos objetivos de la Reforma laboral de PP y CiU.

Lo mismo sucede con la sanidad, la enseñanza o los servicios sociales. No se trata solo de reducir el gasto social para reequilibrar las cuentas públicas, sino de consolidar una sociedad en la que la salud y la educación dejen de ser derechos sociales para ser considerados mercancías que se adquieren por las reglas del mercado y en las que el Estado desarrolla solo funciones asistenciales que dualizan aún más la sociedad.

La crisis bebe del desequilibrio en el poder político causado por la globalización

En España, el elevado endeudamiento ha dificultado una respuesta a la crisis

A los poderes económicos ya les va bien una globalización sin gobierno político

Es en materia de seguridad social donde el debate de las alternativas deviene de manera más clara una batalla por el poder político. El impulso de sistemas privados de pensiones como alternativa a los sistemas públicos no es solo una cuestión de negocio, es también una cuestión de poder político. Cuanta más parte de la economía global se determine y gobierne privadamente según las reglas de las mercancías y no de los derechos, más poder político tienen los mercados y menos la sociedad organizada políticamente.

Este proceso, iniciado hace cuatro décadas con las políticas masivas de privatización y desregulación, tiene en la máxima thatcheriana del “capitalismo popular” su cenit ideológico. Esta política pretendía —y lo ha conseguido— la conversión de los ciudadanos en consumidores, de la sociedad en mercado y un debilitamiento del poder político de la sociedad en beneficio de los mercados, con el objetivo último de una redistribución de la riqueza “menos igualitaria”.

Es cierto que estas políticas han provocado una grave contradicción en el sistema capitalista. La desigualdad genera trabajadores pobres, mientras que necesita consumidores activos. Una contradicción que se ha querido superar por la vía del endeudamiento, que es la que ha saltado por los aires.

Si la desigualdad no es un problema, no hace falta incorporarla al análisis de las causas de la crisis y no debe ser un obstáculo para legitimar políticas que causan aún más desigualdad.

HAY MARGEN PARA LA RESPUESTA

El aumento de la desigualdad tiene, en una economía globalizada con una movilidad del capital casi total, márgenes de respuesta por parte del sistema, que se expresan en la máxima: “Repartíos los derechos y el salario entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan, y de redistribución fiscal de la riqueza, ni hablar”.

Pero lo que en el terreno económico tiene márgenes de respuesta se ha convertido en un problema en el terreno político. La desigualdad erosiona y deslegitima las bases de convivencia. Y la respuesta de los poderes económicos y sus representantes políticos, lejos de favorecer democráticamente la igualdad, ha sido imponer autoritariamente la desigualdad.

En España, la crisis ha acelerado el proceso de deterioro de unas estructuras institucionales que hace tiempo sufrían de fatiga de materiales, en términos de calidad democrática. En parte esto fue por su diseño inicial durante la transición democrática y en buena parte por su apropiación por un entramado de poder institucional bipartidista y con poca capacidad de regeneración .

Durante esta legislatura, en paralelo a la crisis económica, se ha acelerado la crisis democrática. Deterioro irreversible de la división de poderes, ejercicio absolutista —sin contrapesos— del poder político, recentralización política, injerencia de la moral religiosa en el terreno de los derechos, limitación en el ejercicio de las libertades públicas, acoso a sindicatos y movimientos sociales. Cambio unilateral por el PP de las reglas de juego electoral, como ha perpetrado en Castilla-La Mancha y amenaza repetir en las elecciones municipales. Y un factor clave para las nuevas formas de dominación social, la concentración y el control de los medios de comunicación públicos y privados.

La desigualdad genera trabajadores pobres, mientras que necesita consumidores activos

Amplios sectores sociales ven que sin rescatar la democracia no hay sociedad justa

En este panorama ciertamente desolador han emergido procesos cargados de esperanza. Primero en forma de resistencia, tanto de las organizaciones sindicales y sociales como de nuevos movimientos sociales, como la PAH, que han recuperado viejas respuestas, la del apoyo mutuo y acompañamiento a las personas en su sufrimiento, soluciones individuales y propuestas políticas.

También en forma de alternativa social y política. La relación entre desigualdad social y deterioro democrático se ha hecho tan evidente que sectores cada vez más amplios de la población entienden que no es posible una sociedad más justa sin rescatar a la democracia del secuestro a que la tienen sometida los poderes económicos y sus representantes políticos.

A pesar de la superficialidad con la que el poder analiza estos procesos, como parte de su estrategia para deslegitimarlos, parecen existir mimbres para construir una alternativa social. Una lectura con valores propios y alternativos a los hegemónicos durante cuatro décadas. La reinvención de la democracia en términos de más participación directa, con más empoderamiento ciudadano —una necesidad ya advertida por Kelsen hace 100 años—. Formas de organización democrática que reduzcan el desajuste entre una economía que actúa en tiempos digitales y una política que reacciona en tiempos agrarios. La identificación de la concentración de poder económico como el enemigo que se debe combatir. La igualdad como gran objetivo social. La creación de medios de autocomunicación de masas que minimicen el control social de los media.

Otros aspectos parecen menos maduros, como la necesidad de identificar la Unión Europea en cuanto el espacio de recuperación de la autonomía de la política frente a la economía. Este proceso debe ir parejo a la rehabilitación de las democracias nacionales, imprescindible para un tránsito de época que será largo. Aquí el reto pasa por evitar el adanismo, conscientes de que nada se construye sobre la nada, sobre todo si se ignora el papel de la correlación de fuerzas.

Sobre todo existe un riesgo: el de buscar soluciones simplistas a problemas de gran complejidad. No olvidemos que en momentos de desesperanza, el ser humano busca respuestas antropológicamente religiosas que den explicación a lo que la razón no permite entender.

En cualquier caso, bienvenidos los límites, los retos y los riesgos. Porque lo importante es que, a pesar de todo, esto si muove.