Feminismo y debate presupuestario

Manifiesto Un centenar de organizaciones exigen mejoras para las profesionales de los cuidados, pensiones equitativas y más fondos para la atención a la dependencia.

Desde hace 14 años, un centenar de organizaciones feministas en torno a la Plataforma Impacto de Género Ya luchan contra dos tópicos: que a las mujeres no les interesa la macroeconomía y que los presupuestos públicos no los puede entender la gente normal. Cada año elaboran un manifiesto reivindicativo durante el debate parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y para hablar de las cuentas de 2022 se reunieron el 2 de noviembre en el Congreso de los Diputados con las diputadas Lidia Guinart, del Grupo Socialista; Rosa María Romero, del Grupo Popular, e Isabel Franco, del Grupo Confederal de Unidas Podemos.

Las activistas feministas enmarcan sus demandas en cómo la pandemia ha mostrado la importancia de las profesiones de cuidado profesional —sanitario, social, educativo y de empleo de hogar— y los cuidados no pagados de la infancia y personas en situación de dependencia en las familias, ambos realizados en más de dos terceras partes por mujeres. Para fortalecer esos servicios pagados y redistribuir los no pagados, la meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —sustituir trabajo no pagado de cuidados por empleo decente— se concreta en España por el informe El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente , de la OIT, en aumentar el empleo en servicios sociales, educativos de 0-3 años y de salud de 3,2 millones de personas en 2021 a 4,2 millones en 2030. Y convertir en “decente” el empleo de hogar pagado. Para 2022 supondría crear 200.000 empleos públicos estables en sanidad, educación, servicios sociales e igualdad-violencia de género, con financiación finalista y evaluable del Estado a comunidades autónomas y entidades locales.

Violencia de género

Para la igualdad de las mujeres en el empleo y en la protección ante el desempleo, piden que el Ministerio de Trabajo y Economía Social publique una estadística anual del registro retributivo de empresas creado por el Decreto 902/2020, equiparar a las empleadas hogar en la protección por desempleo y ratificar el Convenio 189 de la OIT, así como elevar de 1.188 a 20.000 los contratos laborales a víctimas de violencia de género.

En las pensiones, que representan un tercio de los PGE, la brecha de género prácticamente se mantiene, al ser la pensión contributiva media de las mujeres en 2020 de 817 euros al mes, el 66% de la de los hombres (1.238  euros al mes). Piden que la reforma de las pensiones en trámite no espere 41 años a cerrar esa brecha, que se sigue alimentando con salarios y tiempos cotizados “para que las mujeres concilien”, que contrarreste la doble discriminación de las empleadas de hogar y las trabajadoras agrarias y que la Seguridad Social cumpla el art. 20 Ley O 3/2007 de igualdad y desglose los datos por sexo.

Se debatió el descenso en los PGE del objetivo de cobertura del ingreso mínimo vital de 260.206 a 171.740 personas beneficiarias, cómo la ley en trámite está subsanando sus obstáculos normativos y de gestión y la forma en que la Seguridad Social lo relaciona con la reducción de la cobertura de la preexistente protección a la familia, frente a la reivindicación de una prestación universal por hijo a cargo, como en casi todos los estados de la UE, de 100 euros al mes.

Empleo estable

La petición de personal público estable y aplicar el Decreto-ley 14/2021 contra la temporalidad en el Ministerio de Igualdad y los organismos de igualdad autonómicos y locales fue contestada por la diputada del Partido Popular, que, si bien defendió el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se pronunció sobre la reivindicación de esa estructura y que las transferencias del Ministerio de Igualdad a las comunidades autónomas y entidades locales para aplicarlo sean Programas plurianuales (artículo 29 de la Ley Presupuestaria) con objetivos, responsables e indicadores claros. 

Las feministas saludan que el Plan de Choque en la Atención a la Dependencia acordado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se traduzca en un aumento del presupuesto el 23% para eliminar la lista de espera, aumentar la cuantía por persona dependiente y mejorar las condiciones laborales (el 83% de las 603.900 personas empleadas son mujeres), pero piden no “desinstitucionalizar”, sino mejorar la calidad y la gestión de los servicios, para no cargar aún más el cuidado sobre las hijas, esposas y madres, y una  ley marco de servicios sociales con ratios mínimas de cobertura, intensidad de la prestación y de personal.

Piden consolidar los empleos creados en la sanidad durante la pandemia y potenciar la atención primaria

En cambio, el Ministerio de Educación solo destina 193 + 334 millones para crear 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años, pese a que solo el 44% del casi millón y medio de niñas y niños de 0 a 3 años están escolarizados. Oscilan entre el 26% de los nacidos en las familias con menor nivel de ingresos y el 62% en las de más ingresos, y solo 1 de cada 10 de forma gratuita, ya que la disposición adicional 3ª de la LOMLOE le da ocho años para alcanzar la universalización y gratuidad. Posteriormente, el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución a las comunidades autónomas de 200 millones de euros para crear 21.000 plazas en 2022 y 470 en los dos años siguientes con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

En Sanidad piden transferencias finalistas para consolidar los empleos creados en 2020-21 y aumentar las plantillas de atención primaria con 6.000 profesionales de medicina, 6.000 de enfermería y 2.000 de pediatría.

Impacto de género en la agricultura

Otras peticiones son que el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 incluya la condición de familia monoparental para la concesión de ayudas, que los PGE y la ejecución del Plan de Recuperación impulse proyectos descentralizados, ecológicos y con impacto de género positivo en agricultura y ganadería ecológicas de pequeña y mediana escala con fiscalidad verde y contra la despoblación, y no siga subvencionando proyectos y usos con grandes impactos ambientales y sociales. Y en cooperación internacional, valorando que suba un 12%, a 3.500 millones de euros, señalan que ese 0,35% de la RNB es insuficiente para cumplir el compromiso del Gobierno de alcanzar el 0,5% al final de la legislatura, y piden que el calificativo de “feminista” lo concrete en recursos suficientes, transparentes, específicos y previsibles para producir avances reales y medibles en la igualdad y los derechos humanos de las mujeres en los países de destino.