Francia cumple 25 años de renta mínima

El 1 de diciembre de 1988, la Asamblea francesa votó, y prácticamente por unanimidad, la creación de una renta mínima de inserción (RMI), una ayuda a los más pobres que luego pasó a llamarse renta de solidaridad activa (RSA). Sin embargo, se trataba de un consenso engañoso.

Un hombre sin hogar pide ayuda en los Campos Elíseos de París.
FOTO: KONSTANTIN32/DREAMSTIME

Ideada por el Gobierno de Michel Rocard, la ley por la que se creaba en Francia una renta mínima de inserción (RMI) abordaba una cuestión que estaba lejos de provocar la unanimidad, y que en realidad nunca lo ha hecho, como se ha demostrado con el paso del tiempo: ¿hay que dar dinero a los pobres sin contrapartidas, sobre todo, si están capacitados para trabajar?

Antes, en los años sesenta, el nivel de paro en Francia era del 1%. No se pensaba siquiera en medir la pobreza, pues parecía evidente que la oleada de ingresos engendrada por el fuerte crecimiento durante los denominados glorisosos años treinta (entre 1945 y 1973) terminaría por solucionar el problema. Pero a partir de 1974, el paro masivo hizo de nuevo su aparición. En algunos lugares (Besançon, Nantes, Rennes, Nimes, Belfort e Ille-et-Villaine) se concedieron ayudas locales para sus residentes más desfavorecidos, aunque con una duración limitada.

En 1986, el Estado propuso a los diferentes departamentos territoriales generalizar esas experiencias a través de los denominados “complementos locales de recursos”. El Estado se haría cargo del 40% del coste de la ayuda, a cambio de que trabajaran o se formaran. La incidencia de ese workfare a la francesa (ayuda social condicionada a una obligación de actividad) fue marginal: a finales de 1987 no llegaban a 13.000 las personas que la recibían.

Ese año, el informe de Joseph Wresinski, fundador de movimiento ATD (Ayuda a Todo Desamparo, transformado después en Actuar para Todos con Dignidad), adoptado por el Consejo Económico y Social, defendía el derecho a una renta mínima garantizada, acompañado de un proyecto de inserción. La ley del RMI surgió directamente de él (1).

Hubo largas discusiones. En primer lugar, sobre su alcance: se excluyó de la ayuda a los extranjeros cuyo permiso de residencia tuviera una antigüedad inferior a tres años y a los jóvenes de 18 a 24 años (2) —a no ser que tuvieran cargas familiares— por temor a que constituyera un estímulo al abandono precoz del hogar familiar y de la trayectoria formativa. Pero esta exclusión acentuó enormemente la pobreza y la precariedad de la que esa franja de edad era víctima. Su índice de pobreza era el doble que el del resto de la población. Para intentar paliar esos daños, ha habido que multiplicar a posteriori programas específicos para los jóvenes de 18 a 24 años.

En segundo lugar, sobre su montante: era necesario que el RMI no fuera un obstáculo para volver a trabajar. Se concibió, pues, como una renta diferencial”; es decir, que completaba los otros ingresos (sociales y por actividad) de la familia (3), de modo que el total alcanzara un umbral mínimo fijado inicialmente, para una persona sola, en el 50% del salario mínimo interprofesional. Para calcularlo en función de las personas a cargo de cada familia, el RMI se aumentaba en un 50% por cada una de ellas (30% en el caso de los niños). Ese cálculo ha supuesto siempre que el nivel de vida de las familias afectadas haya sido sensiblemente menor que el de un soltero que gana el salario mínimo interprofesional.

Pero el carácter diferencial del RMI planteó enseguida un problema: si una persona que cobraba el subsidio encontraba un trabajo a tiempo parcial de 300 euros al mes, le restaban esa cantidad de su renta social. ¿Para qué buscar un empleo? De ahí las crecientes acusaciones de ser una “trampa a favor de la inactividad”. Aunque exagerado, ese temor no era imaginario. Hubo, pues, que completar el dispositivo, primero con una prima denominada “de incentivo” y después, cuando en 2009 el RMI se transformó en Renta de Solidaridad Activa (RSA), posibilitando un cúmulo parcial pero permanente entre la renta social y la renta por trabajo cuando esta es inferior al umbral de pobreza.

El caso es cómo evitar que la renta mínima acabe siendo una ‘trampa de inactividad’

Muchos ven la renta mínima como un derecho sin condiciones ni contrapartidas

La I final de RMI (Inserción) provocó agitados debates. Unos consideraban que el RMI debía incitar a quienes lo cobraban a empezar de nuevo; para ello se imponía la obligación de búsqueda de empleo, de formación o de actividad útil, con sanciones en caso de no hacerlo.

Otros veían el RMI como un derecho al que todos podían recurrir en caso de necesidad, por lo que no se podía condicionar a tal o cual comportamiento o contrapartida.

Jean-Michel Belorgey (entonces presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, el Congreso de los diputados francés) propuso una formulación de compromiso que dejaba la puerta abierta a las dos interpretaciones: un contrato de inserción, que se pasaba a cada beneficiario del RMI tres meses después de su concesión. Esta no estaba condicionada, pues, a que se firmara el contrato, pero preveía la posibilidad de suspender el subsidio en caso de negativa a firmarlo. En la práctica, la aplicación de esta cláusula ha sido excepcional pese a que apenas una de cada dos personas que reciben el RMI ha firmado el contrato en cuestión.

En 2003, la ley de descentralización confió la gestión del RMI y su financiación a los departamentos territoriales. El Estado se limitaba a partir de entonces a fijar su montante. En 2008, se experimentó la propuesta de Martin Hirsch de sustituir el RMI por una renta de solidaridad activa (RSA), que se generalizó el año siguiente, y en los territorios de ultramar en 2013. El nuevo dispositivo es idéntico al RMI para los hogares sin actividad remunerada —el llamado RSA-base (4) —, pero se prolonga con un complemento social en el caso de las rentas bajas de actividad —el RSA actividad—, que disminuye a medida que estas aumentan, hasta desaparecer cuando se alcanza el umbral de pobreza. De esta manera, volver a trabajar siempre sale a cuenta.

LA RENTA SOLIDARIA DECEPCIONA

Sin embargo, los resultados en este plano son más bien decepcionantes: cada año, solo vuelve a trabajar del 12% al 15% anual de quienes cobran el RSA, como en el RMI. La crisis tiene mucho que ver, pero no es la única razón. Pese a ella, entre 1989 y 2011 se han creado muchos puestos de trabajo asalariado (4,2 millones), pero el 98% de ellos son empleos considerados cualificados (cuadros, profesiones intelectuales, profesiones intermedias, empleados u obreros cualificados). La gente que se acoge al RMI (y ahora del RSA) no tiene acceso a esos puestos de trabajo por falta de formación o experiencia, o por ser sospechosa de no poder trabajar debido a tratarse de parados de larga duración.

Solo vuelve a trabajar entre el 12% y el 15% de quienes cobran estas ayudas

El número de perceptores no ha cesado de crecer y ha desbordado la previsión

El número de personas que cobran el RMI, y luego el RSA, no ha cesado de aumentar. Inicialmente, se esperaba que fueran, como mucho, 500.000 (5). Ya en 1996 se sobrepasó el millón. A finales de 2012, el RSA contaba con 1,7 millones solo para el RSA-base, que cubría a 3,5 millones de personas, y 500.000 para el RSA de actividad. Este dispositivo ha hecho salir a la luz a las “poblaciones pobres invisibles” —personas aisladas o familias monoparentales en un 80%—, que se marginalizan a espaldas de todos. También nos ha permitido medir la amplitud de los fallos de un Estado que se denominaba “de bienestar”. Y darnos cuenta de la vacuidad de las tesis del efecto goteo (trickle-down) según las cuales enriquecer a los ricos permite reducir el número de pobres.

(1). Lo mismo que la ley de 1998 contra las exclusiones, instauró el seguro médico universal.
(2). Solo se les tiene en cuenta para el RMI familiar si no están independizados.
(3). En el caso de una persona sola, la familia solo comprende a esa persona. Cuando comprende a más de una persona, a la hora de calcular el RMI se tienen en cuenta los ingresos de todos los miembros del hogar.
(4). El RSA-base absorbió a los que cobraban el mínimo social propio de los territorios de ultramar, así como al antiguo subsidio por padre solo (API en sus siglas en francés), lo cual ha hecho aumentar a sus beneficiarios en 350.000 personas respecto al RMI.
(5). La denominación exacta es “beneficiario”, pero hablar de beneficio en el caso de esta ayuda social de último recurso nos ha parecido un poco de mal gusto.