Grecia: ajustes sin fundamento económico

Los sucesivos rescates de Atenas buscan en teoría mejorar la capacidad del país para pagar la deuda, pero su efecto es el contrario porque la cargan sobre el sector público. Buena parte de esta deuda es ilegítima y no debería pagarse

A los cinco años desde que se iniciaron los programas de ajuste económico, Grecia sigue profundamente atrapada en una crisis económica, social, democrática y ecológica. Y hasta hace unos meses ninguna autoridad, griega o internacional, había tratado de sacar a la luz la verdad sobre cómo y por qué Grecia fue sometida al régimen de la troika.

En respuesta a este hecho, la presidenta del Parlamento helénico, Zoe Konstantopoulou, estableció la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública en abril de 2015, con mandato de investigar la generación y el aumento de la deuda pública, la forma y razones por las que fue contratada, y el impacto que las condiciones asociadas a ella han tenido sobre la economía y la población.

La investigación arroja luz sobre el hecho de que la totalidad del programa de ajuste al que Grecia ha sido sometida fue y sigue siendo un programa con orientación política y un sinsentido en términos de teoría económica. La versión oficial que sostiene la necesidad de los programas de ajustes se basa en el argumento de que las políticas impuestas a Grecia mejorarán su capacidad para pagar la deuda. Los hechos presentados en el informe refutan este argumento.

ILUSTRACIÓN: ELISA BIETE JOSA

Estas condiciones, en las que los acreedores aún insisten, no sólo han contribuido a hundir el PIB, sino también a aumentar el endeudamiento público, y han generado, por tanto, una deuda pública/PIB superior, lo que hizo la deuda de Grecia más insostenible, sino que también impusieron cambios dramáticos en la sociedad, y causaron una crisis humanitaria. La realidad es que el primer acuerdo de préstamo, de 2010, tenía el objetivo principal de rescatar a los bancos privados griegos y europeos, permitirles reducir su exposición a los bonos del Gobierno griego y evitar así la responsabilidad del sistema financiero privado. En definitiva, esta misión violenta, ilegal e inmoral está dirigida exclusivamente a desplazar deuda privada al sector público.

INSOSTENIBILIDAD EVIDENTE

La Comisión también ha podido saber que la insostenibilidad de la deuda pública griega era evidente desde el principio para los acreedores internacionales, las autoridades griegas y los medios de comunicación corporativos. Sin embargo, las autoridades griegas, junto con algunos otros gobiernos de la UE, conspiraron contra la reestructuración de la deuda pública en 2010 con el fin de proteger a las instituciones financieras. Los medios de comunicación corporativos escondieron la verdad al público representando una situación en la que el rescate se presentó como beneficioso para Grecia, mientras que promovió un relato que retrataba a la población como culpable de sus propias fechorías. Los hechos contradicen esta versión: el aumento de la deuda desde 1980 hasta 2009 no se debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de los fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria.

ESQUEMAS COMPLICADOS

Los fondos de rescate previstos en los dos programas de 2010 y 2012 se han gestionado externamente a través de esquemas complicados, que han impedido cualquier autonomía fiscal. Los fondos crearon una gran cantidad de nueva deuda con los acreedores bilaterales y con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), mientras generaban costes abusivos que profundizaron más la crisis. Los mecanismos revelan cómo la mayoría de los fondos prestados fueron transferidos directamente a las instituciones financieras. En lugar de beneficiar a Grecia, han acelerado el proceso de privatización, a través del uso de instrumentos financieros. El uso del dinero del rescate está dictado estrictamente por los acreedores, y por eso, es revelador que menos del 10% de estos fondos se han destinado a gasto corriente del Gobierno.

Los ajustes no mejoran la capacidad de pagar la deuda; la empeoran

Toda la misión está dirigida a pasar la deuda privada al sector público

El primer acuerdo, de 2010, fue en realidad un rescate para los bancos

Toda la evidencia muestra que Grecia no tiene capacidad de pagar esta deuda, y que tampoco debe pagarla porque los acuerdos con la troika para el pago de aquélla son una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Grecia, que este país y sus socios están obligados a respetar, proteger y promover en el marco del derecho interno, regional e internacional. Transgresiones de los derechos humanos y de la ley internacional, varias indicaciones de que las partes contratantes actuaron con mala fe, junto con el carácter desmesurado de los acuerdos, hacen que estos acuerdos no sean válidos. Por tanto, llegamos a la conclusión de que Grecia no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa.

Varios argumentos legales permiten a un Estado a repudiar unilateralmente su deuda ilegal, odiosa e ilegítima. En el caso griego, un acto unilateral puede basarse en los siguientes argumentos: la mala fe de los acreedores que empujaron a Grecia para contravenir la legislación nacional y las obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos; preeminencia de los derechos humanos sobre los acuerdos como los firmados por los gobiernos anteriores con los acreedores o la troika; la coacción; las cláusulas abusivas que violan flagrantemente la soberanía griega y que violan la Constitución  y, por último, el derecho reconocido en el derecho internacional a un Estado para que tome contramedidas contra los actos ilegales por parte de sus acreedores, que dañan a propósito su soberanía fiscal, al obligarlo a asumir la deuda odiosa, ilegal e ilegítima, violando la autodeterminación económica y los derechos humanos fundamentales.

Gobierno, acreedores y los medios se conjuraron para ocultar la verdad

La gestión se ha hecho desde fuera y además con costes abusivos

Hay muchos motivos para declarar el impago de la deuda en Grecia

En lo que se refiere a la deuda insostenible, cada Estado tiene el derecho legal de invocar el estado de necesidad en situaciones excepcionales a fin de salvaguardar los intereses esenciales amenazados por un peligro grave e inminente. En tal situación, el Estado puede ser dispensado del cumplimiento de las obligaciones internacionales que aumentan el peligro, como es el caso de los contratos de préstamos pendientes. Por último, los Estados tienen el derecho de declararse insolventes unilateralmente cuando el servicio de su deuda es insostenible, en cuyo caso no se comete ningún acto ilícito y, por tanto, no se arrastrará ninguna carga de responsabilidad.

Los miembros del Comité de la Verdad creemos que el Gobierno griego debería rechazar el tercer rescate, que perpetuará la situación actual, y usar los argumentos presentados en el informe del comité para declarar el impago de la deuda en favor de la la gente de Grecia y de Europa.

Este texto está basado en el resumen ejecutivo del informe preliminar realizado por el Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia. Los documentos realizados por el comité puede encontrarse en la web auditamosgrecia.org.