Impuesto digital y lucha contra la desigualdad

Toca modernizar el sistema tributario como herramienta enfocada a los grandes retos sociales y para remediar las injusticias.

ILUSTRACIÓN: ELISA BIETE JOSA

España, Europa y el mundo en global se enfrentan a un desafío que no hemos sabido afrontar: la desigualdad; un problema con varias dimensiones, pero todas ellas con la injusticia como denominador común. Y hay quienes responden siempre con más mercado, apostando toda la prosperidad al mecanismo de la oferta y la demanda, olvidando que ya José Luis Sampedro, en El reloj, el gato y Madagascar, se hizo eco de la afirmación de Samuelson “la oferta y la demanda puede dar lugar a que los ricos tengan leche para sus gatos, mientras los pobres no pueden comprarla para sus hijos”. Desde entonces, las imperfecciones del mercado se han acuciado. Y mucho.

Miren el caso de España: no somos capaces de rebajar las desigualdades ni lo haremos hasta que no actuemos sobre los ingresos públicos, que son más bajos que en los países de nuestro entorno (34,5% del PIB frente al 41,2% de Europa en 2017, según Eurostat). Se trata de ver qué modelo de sociedad queremos y determinar los ingresos necesarios, no al contrario.

ÁREAS QUE EXPLORAR

Pero es que, además, el sistema tributario no ha avanzado con la sociedad y hay determinadas áreas que explorar para resolver desigualdades, para ajustar ingresos e incardinar la fiscalidad con la sociedad. Es el caso de la brecha de género, el cambio climático y la economía digital, de la que hablaremos después. 

Si hablamos de la brecha de género, es evidente que debe abordarse de una forma transversal y no solo por justicia social, sino por crecimiento económico. La OCDE estima que la discriminación de género hace perder 6 billones de dólares, el 7,5% del PIB mundial.

MUJERES AFECTADAS

Otro ejemplo: el Instituto de Estudios Fiscales celebró recientemente el Seminario Fiscalidad y Género, en el que se evidenció la desigualdad resultado de algunos aspectos de impuestos a priori objetivos. Sin embargo, la aplicación práctica se ha revelado perjudicial para el miembro de la pareja que menos ingresa, además de no incentivar la incorporación al mercado laboral de quien no está. No se nos escapa que ambas cuestiones afectan en mayor medida a las mujeres. Esto es solo un ejemplo de una realidad más amplia que debemos analizar porque la política tributaria es una herramienta para avanzar hacia una sociedad más justa. Así nos lo demanda la sociedad, un 8M más, y no podemos ignorarla, sea cual sea nuestro ámbito de responsabilidad. Es hora de ponerse las gafas de género en todas las materias de nuestra competencia.

En la economía digital desaparece la conexión física con el país 

La regulación actual da ventajas a los negocios  ‘on-line’

Hablaba también del ámbito medioambiental y como soy optimista, los avisos como el de Christiania Figueres (“el calentamiento global puede acabar con todo”), lejos de llevarme al pesimismo, me interpelan a actuar con más energía. Es hora de una fiscalidad verde que nos permita garantizar el futuro que vamos a dejar a las nuevas generaciones, encaminada a cambiar dinámicas, no a recaudar, pero que es urgente.

La globalización, la robotización, la digitalización, la inteligencia artificial, el big data, el blockchain… son oportunidades que han creado nuevos modelos de negocios y obligan a adaptar áreas de conocimiento actual, hasta tal punto que las estadísticas y metodologías empleadas para el cálculo del PIB deberían revisarse para que incorporen estas nuevas formas de crear riqueza, ausentes en la metodología actual.
Así que toca ponerse manos a la obra, toca reinventar el sistema tributario, modernizándolo, extrayendo todo su potencial como herramienta enfocada a los grandes retos que afrontamos como sociedad, porque nadie puede negar a los impuestos su capacidad para remediar injusticias siempre que estén bien diseñados. 

NEGOCIOS DIGITALES

Y aquí se enmarcan los impuestos sobre los negocios digitales. Su oportunidad es incuestionable: la OCDE y la UE hace años que trabajan en una propuesta global porque con la economía digital desaparece la presencia física en un país, que era el precepto utilizado para obligar a tributar a todas las compañías que participan activamente en la vida económica (informe de la acción de BEPS de la OCDE octubre 2015). La propuesta no se materializa, lo vimos hace unas semanas, por la discrepancia de intereses nacionales, que solo se explican por el miedo a quebrar el statu quo. Y la solución propuesta por algunos Estados miembros, dejar fuera del hecho imponible la denominada economía de datos que es la verdadera línea de negocio, no es una opción válida.

Hay que regular un impuesto para los negocios digitales

Si la economía analógica tributa, la digital también

Y mientras, las empresas siguen disfrutando de una doble ventaja. Por un lado, la tributación actual, basada en la presencia física o modelo off -line de negocio, genera un trato fiscal discriminatorio respecto a los negocios que se desenvuelven en el mundo on-line. Y, por otro, se incumple el principio universal de justicia por el que todas las personas han de contribuir al sostenimiento del Estado, y con progresividad según las ganancias y/o la riqueza.

Los negocios que operan en la Economía de los Datos no pueden permanecer ajenos al pago de impuestos y a día de hoy lo están la mayoría, o no tributan en la medida que deberían hacerlo. Y no podemos olvidar que esta generación de valor, la de los datos, es imposible sin la concurrencia de los usuarios, de cuyo valor añadido se están apropiando las empresas. 

La propuesta de la Directiva de la Comisión Europea (marzo de 2018) diseñó un impuesto indirecto que gravaría tres áreas: los servicios de publicidad en red, los servicios de intermediación en red y los servicios de transmisión con contraprestación de datos recopilados acerca de usuarios. En su diseño es importante acotar bien las características del impuesto para no perjudicar al comercio electrónico minorista y no establecer barreras a las pymes que se desenvuelvan en este ámbito, y sí afectar de manera efectiva a las empresas con verdadera capacidad para monetizar estas operaciones.

Europa ha vuelto a demorar esta regulación. Y, por ello, cada vez es más evidente que España debe dar sus pasos en consonancia con la propuesta europea. Hemos de regular lo antes posible un impuesto que introduzca la tributación de los modelos de negocios digitales, un negocio de 80.000 millones de euros en 2020 (estimación de la UE), porque hay un trato favorable frente a otros sectores. “Si la economía analógica tributa, la economía digital tiene que tributar”, dijo hace poco el presidente de Telefónica.

Y mientras se regula en España, es necesario también avanzar en la armonización del ámbito europeo para evitar situaciones de competencia fiscal, pero para ello es imprescindible introducir otro sistema de votación ponderado que no requiera la unanimidad de los Estados miembros, que se ha revelado como un lastre que dificulta el avance en esta materia.

Decía Antoine de Saint-Exupéry que “no se trata solo de prever el futuro, sino de hacerlo posible” y eso pasa por redibujar el modelo tributario para que realmente paguen todos y todas. Y aquí el impuesto sobre servicios fundamentales se antoja fundamental. Solo así podremos construir una sociedad más justa e igualitaria en la que se dé respuesta a todos y a todas.