Justicia fiscal para América Latina y el Caribe

  • Por (Latindadd/InspirAction* )
    Septiembre 2015

    Los países latinoamericanos pierden cada año miles de millones de dólares por impuestos no pagados. Las multinacionales y las grandes fortunas mueven su dinero sin contribuir al desarrollo de las sociedades donde ejercen su actividad

    ILUSTRACIÓN: PEDRO STRUKELJ

    Los flujos financieros ilícitos erosionan las bases tributarias de los Estados, frenan y retrasan el bienestar de los pueblos e incrementan las desigualdades al recortar los recursos financieros que los gobiernos podrían invertir en salud, educación, vivienda y saneamiento de calidad, entre otros derechos económicos, sociales y culturales. También restan fuerza a las políticas encaminadas a la diversificación productiva y a abandonar el modelo primario exportador que hace a las economías de la región tan vulnerables a los cambios económicos mundiales.

    Lo más grave es que estas prácticas de robo deterioran la democracia y la institucionalidad y dañan la moral tributaria de la población.

    Sólo en 2012, los flujos ilícitos que salieron de América Latina sumaron más de 150.000 millones de dólares ,según el think tank norteamericano Global Financial Integrity (GFI). Este monto representa casi el 3% del producto interior bruto de toda la región, superando de lejos la Inversión Extranjera Directa (IED), y es 15 veces superior a lo que sus países reciben como  ayuda oficial al desarrollo.

    Cinco países latinoamericanos se encuentran  entre las primeras 20 naciones del mundo que más dinero perdieron debido a estos flujos en el período 2003-2012. Así, México ocupa el tercer puesto del mundo, después de China y Rusia, con 514.000 millones de dólares que no entraron  en sus arcas fiscales; Brasil es el séptimo, con flujos del orden del 1,5% de su PIB; Costa Rica se ubica en el puesto decimocuarto, con 94.000 millones; Panamá ,en el decimoctavo, con 48.400 millones; y Chile ocupa el vigésimo, con 45.6 00 millones de dólares de saqueo.

    De todo este monto, y según el mismo GFI, el 80% proviene de facturaciones falsas y otros mecanismos de evasión tributaria de  individuos ricos y grandes empresas.

     

    ACCIONES CONJUNTAS

    Esta realidad motivó la creación de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, que agrupa a organizaciones sociales, ONG y redes de sociedad civil que buscan llevar a cabo acciones para acabar con este flagelo. Entre el 25 y el 28 de agosto de 2015 la Red celebró su III Asamblea General en la ciudad de Guatemala, en el marco de los diez años de creación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Además de la asamblea, donde se creó el grupo de trabajo sobre flujos ilícitos, decenas de activistas de toda la región participaron en un taller de intercambio de experiencias para enriquecer la campaña Que las trasnacionales paguen lo justo, que centrará en los próximos años las actividades de movilización y diálogo político por  la justicia fiscal.

    Asimismo, tuvo lugar el Encuentro Internacional Tendencias en la construcción de una política fiscal para el desarrollo ,que sumó a expertos, autoridades y funcionarios en esta semana de reflexión. Uno de los puntos centrales en estas jornadas tuvo que ver con la necesidad de establecer el principio fuente como la regla, frente al principio domicilio, a la hora de cobrar impuestos a las corporaciones, de tal manera que paguen lo justo y, además, en el lugar donde generan la riqueza.

    Actualmente, existe toda una arquitectura legal internacional que permite la planificación tributaria de las empresas y las fortunas para eludir el pago de impuestos. De igual modo, cunden los mecanismos de fraude como la manipulación de precios, la triangulación, la falsa facturación y la simulación de actos, entre otros, para evitar cumplir con las obligaciones tributarias.

     

    QUE LA ONU TOME LAS RIENDAS

    Por ello, la propuesta a nivel global se centra en la creación de un Cuerpo Intergubernamental de Tributación en el seno de Naciones Unidas para reemplazar a la OCDE (que sólo reúne a una treintena de países ricos) en la difícil tarea de poner las reglas del sistema tributario internacional.

    A escala regional, el reto es llegar una cooperación financiera que ponga fin a la competencia de los países por atraer inversión extranjera sacrificando recursos del Tesoro público. Esa política de incentivos, que no tienen sustento empírico a la hora de generar mayor inversión, debe dar paso al intercambio automático de información entre los países, e incluso a una tasación común, especialmente de las industrias extractivas.

    En el ámbito local, además de las reformas tributarias progresivas que faciliten que pague  más quien más renta genera, se trata de sacar a la luz y sancionar las prácticas de evasión, elusión y fraude fiscal de las transnacionales y grandes empresas.

    Sin duda, los factores que facilitan los flujos financieros ilícitos también tienen que ver con la corrupción, que ha logrado penetrar no sólo en los sistemas políticos, sino también en los sistemas  judiciales. Ello ocasiona impunidad y permite que la economía sumergida avance. Cabe destacar que los agujeros conocidos como paraísos fiscales alojan el dinero de las empresas y de los ricos que evaden sus obligaciones tributarias y sirven para esconder y limpiar todo el dinero proveniente de la corrupción y criminalidad.

    Los flujos ilícitos equivalen al 3% del PIB de la zona

    México, Brasil y Costa Rica son las naciones que pierden más dinero

    La sociedad civil comienza a organizarse contra los evasores

    Según cifras de la organización Tax Justice Network (TJN), el stock de dinero en estos territorios de secreto bancario y bajas tasas impositivas puede llegar en la actualidad a 32 billones de dólares. Con todo ese dinero, además de acabar con el hambre en el mundo, se podrían financiar de sobra las acciones para enfrentar el cambio climático.

    Frenar la salida de estos flujos ilícitos requiere que los gobiernos sean eficaces a la hora de alcanzar un consenso global que promueva iniciativas como la difusión, país por país, de los flujos de las multinacionales, que deben ser públicos. En esa línea, es clave también realizar un registro público de los beneficiarios efectivos para ubicar quién es el dueño del dinero. Ese registro se complementaría muy bien con un intercambio automático de información que incluya obviamente a los paraísos fiscales.

    Desde la sociedad civil se requiere seguir trabajando para influir en la regulación, persecución y sanción de los flujos financieros ilícitos y sus beneficiarios, poniendo fin a los pactos de impunidad en torno a estructuras y mecanismos de opacidad financiera. La hora de la justicia fiscal se impone.

    (*) Jessica Portocarrero es analista de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), contraparte de InspirAction en la región.

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