La burbuja de las armas españolas

Investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

La ingeniería financiera en defensa puede salir muy cara para el ciudadano

Los Programas Especiales de Armamentos (PEA) se iniciaron en 1996 con el primer Gobierno de José María Aznar, aunque algunos provenían del último Gobierno del PSOE. Eran grandes programas de armamentos para hacer compatibles nuestras fuerzas armadas con nuestros socios de la OTAN. Algunos de estos programas eran proyectos europeos de fabricación conjunta entre varios países, como el avión de combate EF-2000, al avión de transporte A400M, y otros que, aunque se fabricaban íntegramente en España, respondían a programas europeos, como los helicópteros de combate Tigre, NH-90 y los blindados Leopardo, más toda una panoplia de buques de guerra, fragatas F-100, submarinos S-80, un buque de 27.000 Tm de proyección estratégica, más los mísiles, torpedos y demás armas adheridas a esos programas.

Eran programas de larga duración para desarrollarse en un plazo de entre 15 y 25 años, con unos costes iniciales que se evaluaron entonces en unos 20.000 millones de euros. Aunque eran años de bonanza económica, se trataba de una poderosa cifra que, para no incrementar en demasía el presupuesto del Ministerio de Defensa, nunca bien visto por la opinión pública, se buscó un subterfugio: el diseño de un artificio contable consistente en que el Ministerio de Industria avanzaba créditos a las empresas militares en concepto de I+D para desarrollar los PEA, a 20 años vista y a cero interés, que las empresas retornarían cuando Defensa pagara las armas.

Esos créditos, han acumulado desde 1996 una deuda reconocida de 15.260 millones de euros que no se han devuelto, pues Defensa, cuando efectuaba los pagos de las armas, descontaba los créditos avanzados a las empresas, pero, en cambio, no los retornaba al Ministerio de Industria. Entonces, esos créditos más los compromisos de pago de las armas, que la falta de liquidez a partir de la crisis en 2008 acrecentó, hizo que la deuda en diciembre de 2011 fuera de 32.000 millones y que se proyectaba a 2015 en 36.876, según reconoció la ministra Carme Chacón antes de su salida del ministerio.

Resumiendo: una ingeniería financiera que ha acarreado un grave problema de endeudamiento en las cuentas públicas y que se ha convertido en una enorme burbuja que es un quebradero de cabeza para el Gobierno, del que no se sabe cómo salir sin acrecentar el déficit público.

Así, el actual secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, presentó el pasado 23 de mayo ante la Comisión de Defensa del  Congreso las cuentas de los PEA. Según Argüelles, para hacer frente a los compromisos de pago de los grandes proyectos de armas necesita entre 800 y 1.000 millones anuales. Por ello, el Consejo de Ministros del  26 de julio concedió un crédito extraordinario de 877,33 millones (en 2012 fueron 1.782 millones). Esto ha representado un incremento del 15% del presupuesto de Defensa (lo cual no ha ocurrido con ningún otro ministerio). Argüelles añadió una nueva operación de ingeniería financiera. Por un lado, redujo el número de componentes de que están compuestas esas complejas armas para así abaratar su coste final, aunque ello rebaje la eficiencia de las mismas. Por otro lado, puso a la venta algunas de estas armas. Así, se pretende exportar 14 cazas EF-2000 para ingresar 2.966 millones; 14 aviones A400M por 800 millones más, y 73 blindados Pizarro, que no se cuantifican.  

Lo que no dijo el secretario de Defensa es que el avión A400M de transporte militar ha sido un aparato con muchos sobrecostes debido a los retrasos en su fabricación y que su coste actual, según estima Defensa, es de 215,5 millones por unidad. Entonces, 14 unidades es bastante más que 800 millones: son nada menos que 3.017 millones. Algo similar puede ocurrir con los EF-2000 y los blindados Pizarro, que se acaben exportando a un precio inferior a su coste.

Todas esas armas tienen muchos costes añadidos durante su producción, pues en su diseño inicial no fueron complementados con todos los equipos necesarios para hacerlos eficaces. En su comparecencia, Argüelles reconoció que los 23 helicópteros NH-90 han tenido un sobrecoste, pues solo se programó el helicóptero de vuelo sin equipos y las armas adicionales, y esto supondrá un coste suplementario de 190 millones. Lo mismo ocurre con el submarino S-80, las cuatro unidades previstas tienen un importe de 2.135 millones. Pero ahora resulta que el primer prototipo tiene un sobrepeso de 75 toneladas que le impide retornar a la superficie, es decir, se hunde, pero no flota. Introducir las correcciones para subsanar la tremenda anomalía costará 800 millones más.

Los argumentos del Gobierno para continuar adelante con esos contratos son, cuando menos, peregrinos: la modernización de las fuerzas armadas para su participación en misiones internacionales. Más bien falso. Ni los aviones EF-2000 ni los blindados Leopardo o Pizarro (solo dos helicópteros Tigre están en Afganistán) ni la mayoría de los barcos de guerra han viajado nunca a Afganistán, Líbano, Libia o Kosovo. Por tanto, unos PEA, que no tendrán, desde el punto de vista estratégico de la defensa nacional, una aplicación práctica, pues fueron diseñados para escenarios inexistentes más propios de la etapa de la Guerra Fría, como los blindados solo aptos para repeler una posible invasión exterior por tierra y con una movilidad limitada en una península surcada de cadenas montañosas.

A pesar de las medidas propuestas por el secretario de Estado, lo cierto es que el Ministerio de Defensa está paralizado y al borde de la suspensión de pagos. Para muestra, en el mes de julio pasado Defensa tuvo que  vender una de las joyas del ministerio por 172 millones:  el 16,5% de su participación en la compañía de satélites Hispasat a Abertis, controlada por CaixaBank, que se ha convertido en accionista mayoritario. Es decir, que los sistemas de comunicación militar vía satélite ahora están en manos privadas. Pero a pesar de esas ventas y las posibles en el futuro, no se resuelve el problema de fondo, pues la deuda persiste y, o se paga o se atrasa la producción de los programas. Pero esto último es añadir intereses financieros de demora y agrandar la deuda. Entonces, para salvarse del colapso financiero, al Gobierno solo le queda una solución: reducir el número de unidades contratadas, aunque eso tenga también costes añadidos, pues se trata de contratos blindados y algunos de ellos afectan a otros países. Pero a pesar de esos sobrecostes, seguro que representaría una reducción de la deuda y del déficit público. 

Sobre este punto, deuda y déficit, se debe añadir que el total del coste final de los PEA, sean 29.600 millones o 40.000 (es difícil predecir el coste final real), a medida que se abonan a las empresas los compromisos se convierten en déficit público. Es decir, que en los próximos años tenemos entre el 3% o 4% de déficit sobre el PIB asegurado. 

Ahí es nada, la hipoteca de futuro que tienen que asumir los españoles por unas políticas de defensa inadecuadas.