La importancia de los impuestos

Equilibrio: Cuando un político pida el voto prometiendo una rebaja fiscal, conviene preguntarle qué gastos sociales piensa recortar.

La Ley General Tributaria define los impuestos como “los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente”.

El impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar a alguna Administración (Rey, Gobierno del Estado, comunidad autónoma, Ayuntamiento, etc.) sin que exista una contraprestación directa; esto es, sin que se le entregue o asegure un beneficio directo por su pago.

Todos los Estados tienen impuestos, y el nivel de impuestos en relación al producto interior bruto (PIB) define la clase de Estado de que se trata. Caricaturizando un poco, podríamos afirmar que los Estados dominados por ideologías liberales tienden a bajos niveles de impuesto,  pues solo pretenden financiar al Rey y a una Administración pequeña, limitada a la Hacienda pública, la defensa o la guerra, la justicia, la policía y la Administración territorial. Se confía en que sean los propios ciudadanos los que, a través del mercado, cubran sus necesidades en materias como sanidad, educación, pensiones, cultura, universidades, dependencia, etc.

La competencia desleal entre comunidades autónomas socava la confianza de la ciudananía

En contraposición, están los Estados denominados sociales, que a lo largo del siglo XX,  muy especialmente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, asumen que el propio Estado, además de las funciones propias del Estado liberal ya mencionadas,  debe asegurar unos mínimos niveles de bienestar para su población, que lógicamente deberán financiarse vía impuestos, que ya no son bajos sino que representan un porcentaje elevado del PIB. De ahí nace el denominado estado del bienestar, en el que todos los ciudadanos están obligados a contribuir en proporción a su renta y riqueza en un sistema progresivo de impuestos, para asegurar entre todos el acceso del conjunto de los ciudadanos a la educación, la sanidad, las pensiones, la dependencia, la universidad y la cultura. 

Equilibrar el presupuesto

La progresividad de los impuestos consiste en que, especialmente los impuestos directos, deben gravar en mayor medida las rentas elevadas y la riqueza acumulada. Eso permite poder financiar los servicios que, de forma prácticamente universal,recibe el conjunto de los ciudadanos con independencia del nivel de impuestos que hayan pagado. 

Para que todo ello sea sostenible a largo plazo, los presupuestos de las Administraciones públicas deben tender al equilibrio, es decir, a igualar los ingresos (fundamentalmente vía impuestos) con los gastos. Cuando los ingresos superan los gastos se llama superávit fiscal y cuando los gastos superan los ingresos se denomina déficit fiscal. En este caso, el Estado se ve obligado a endeudarse en los mercados internacionales para financiarlo.

La Constitución Española de 1978 afirma en su artículo 1:

"España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Más adelante, en el artículo 31.1, dice:

"Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

Todo el sistema tributario, su equidad y su eficacia y eficiencia tienen tres grandes enemigos:

El primero es el conjunto de prácticas de evasión fiscal (paraísos fiscales) y de elusión fiscal (ingeniería fiscal) que fundamentalmente los grandes contribuyentes (empresas y personas) articulan para evitar o minimizar sus aportaciones a las arcas públicas. 

Quiebra de la confianza

En segundo lugar, los sucesos relacionados con la corrupción, que desvían los recursos recaudados a través de los impuestos de los fines establecidos en los presupuestos de cada año al enriquecimiento personal o a la financiación de los partidos políticos u otras entidades relacionadas. En este sentido, la corrupción es muy negativa, pues quiebra la confianza de los ciudadanos en el sistema.

La guerra en Ucrania y la crisis energética paralela ponen en peligro nuestro débil estado del bienestar

Y, en tercer lugar, tampoco favorece la confianza de los ciudadanos que diferentes comunidades autónomas usen los impuestos para crear una competencia desleal entre ellas, lo que se conoce como dumping fiscal, tema muy tratado en los programas matinales de todas las televisiones sin la seriedad y el rigor que merece. El impuesto sobre el patrimonio y los de sucesiones y donaciones son los más afectados en este apartado.

Desde la crisis iniciada en 2008 con las hipotecas subprime, Lehman Brothers y  la burbuja inmobiliaria, sucedida por la crisis de la pandemia de la covid-19, desembocando en la actual Guerra de Ucrania, las finanzas públicas del conjunto de las Administraciones españolas han sufrido lo indecible, y los ciudadanos han soportado los recortes en los servicios públicos aplicados con criterios fundamentalistas por los austericidas como el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Cuando parecía que esta vez la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation, iban a dar un tratamiento diferente a las consecuencias de la covid-19 incrementando el gasto público, la guerra de Ucrania y la paralela crisis energética europea vuelven a poner en peligro nuestro débil estado del bienestar. 

Es importante tener las ideas claras, y cuando algún político se acerque pidiendo el voto y prometiendo que bajará los impuestos (generalmente a los ricos), conviene preguntarle que es lo que tiene previsto recortar del gasto social o del estado del bienestar para equilibrar la balanza, no sea que el recorte de impuestos de algunos lo acabemos pagando todos.