Los dueños de la corrupción

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  • Enero 2015

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    Profesor titular de Ciencia Política, Universidad de Santiago

    Ni el fraude fiscal ni las prácticas corruptas son cosa de todos como a veces se nos insinúa desde el poder. Sus costes económicos son insoportables

    ILUSTRACIÓN: PEDRO STRUKELJ

    Ya estamos como en los noventa. Entonces, el PSOE padeció un monstruoso problema de corrupción protagonizado por frikies de reality show como Luis Roldán. Todo acabó resultando culpa nuestra gracias a argumentos tan serios como que en España siempre han abundado los pícaros, la sociedad siempre se ha mostrado dispuesta a votar a los corruptos y todos dejamos el coche en doble fila alguna vez. No sé si les suena.

    Hace poco, María Dolores de Cospedal ha afirmado que el Partido Popular (PP) no era más corrupto que la sociedad española porque la corrupción es un patrimonio de todos. Por alguna misteriosa razón, los líos del Partido Popular siempre acaban resultando problemas de todos. Si les sale un tesorero con 40 millones de euros en Suiza, la cuestión acaba siendo que todos guardamos dinero en Suiza. Si les aparece un senador que viaja a cargo del Senado para atender a su novia, el problema acaba resultando que todos mentimos en las dietas de empresa.

    También como en los noventa tiran la piedra y esconden la mano. Primero nos llaman corruptos y luego comparece el presidente Mariano Rajoy para lamentar que los españoles se declaren convencidos de vivir en un país mucho más corrupto de lo que en realidad es, olvidándose de reconocer que nadie ha hecho más por convencernos de ello que el propio PP. Si los políticos nos cuentan que la corrupción supone un problema sistémico, esperar que los ciudadanos creamos otra cosa solo puede responder a un acto de fe.

     

    POLÍTICA FISCAL, LUCHA EFECTIVA

    Cuando un país tiene la cuarta parte de su economía sumergida, la corrupción se convierte en una necesidad del sistema. Sin tanto dinero negro, la corrupción se vuelve mucho más complicada y bastante menos rentable. Cuando se habla de la economía sumergida y el fraude fiscal siempre se incide en sus costes económicos. Suelen olvidarse los costes institucionales que genera un río de dinero buscando respiraderos donde emerger. La lucha efectiva contra la corrupción empieza en la política fiscal y la eficacia tributaria. Una regla sencilla, pero que a casi nadie le gusta practicar y ningún gobierno se ha atrevido a aplicar en España.

    General no equivale a colectivo, igual que un problema generalizado no es lo mismo que un problema de todos. El fraude fiscal en España no es cosa de todos. Ni siquiera de los chapuzas que ofrecen pagar con factura o sin factura trabajos de 100 euros. El fraude pertenece sobre todo a las grandes empresas y los grandes patrimonios hasta en un 80% porque sólo ellos poseen la capacidad, la logística y la liquidez indispensables para montar los complejos entramados que requiere semejante gran evasión fiscal.

    La corrupción tampoco es cosa de todos. Es patrimonio de quienes hacen negocio con ella, no de los ciudadanos. Sus verdaderos dueños se hallan en los partidos que obtienen financiación ilegal para competir dopados en las elecciones y las empresas que gracias a sus redes corruptas se aseguran ganar contratos públicos a precios fuera de mercado o facturar impunemente productos y servicios de ínfima calidad.

    Al hablar de la corrupción suele insistirse sobre sus daños institucionales o morales. Convenientemente, acostumbran a olvidarse los insoportables costes económicos que genera. Incluso se desliza con frecuencia la idea de que, gracias a tanta corruptela, esto de la democracia sale mucho más barato porque lo que se paga en dinero negro nos lo ahorramos los ciudadanos en impuestos.

    Pero la realidad echa las cuentas justo al revés. La corrupción genera inflación política y dispara los costes económicos de la democracia. Las campañas electorales y la competencia política se encarecen por culpa de tantas facturas infladas y sobrecostes inventados para aflorar la financiación ilegal. Las obras y servicios públicos multiplican sus precios, rebajan su calidad y castigan a los usuarios y clientes para poder mantener a tanto comisionista. Las empresas adjudicatarias dedican parte de sus beneficios a financiar el entramado que les permite ganar los concursos públicos, en vez de apostarlo todo a la calidad o la innovación.

    La corrupción convierte a la política en una actividad de alto riesgo para los mejores y un modo de vida para los mediocres. La transparencia no sólo representa una exigencia democrática o un imperativo ético. La transparencia ofrece una opción mejor porque es mejor negocio. Sale mucho más barata porque nos beneficiamos todos. La corrupción la pagamos todos, pero sólo se aprovechan unos cuantos.

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