Otro atentado al Estado de bienestar
Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Alicante
La desaparición de la ayuda del Fondo de Garantía Salarial a empresas con menos de 25 trabajadores golpea la solidaridad entre grandes y pequeñas compañías.
En diciembre del año 2013, el Grupo Popular del Senado introdujo una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 a través de la que acordó eliminar el pago obligatorio del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de ocho días de indemnización en los despidos objetivos procedentes en las empresas de menos de 25 trabajadores. Desaparecían 34 años de una política que flexibilizaba el mercado de trabajo para las pequeñas empresas y que a su vez, contribuía con la redistribución de la renta nacional.
DISCRIMINACIÓN POSITIVA
En 1980 y con la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores (ET), se había determinado que el Fogasa abonaría de forma obligatoria el 40% de la indemnización por despido en pequeñas empresas. Este precepto era único en toda Europa, y con él se pretendía apoyar a las empresas más vulnerables en un contexto de crisis económica. Todos los años desde que se implantó, miles de empresas de menos de 25 trabajadores se beneficiaron de una discriminación positiva en materia de despidos, lo cual ha contribuido a su supervivencia y al mantenimiento del empleo restante.
La reducción en el coste del despido abrió la vía de la flexibilización del mercado de trabajo para las pequeñas empresas que, precisamente, suelen tener mayores problemas de financiación y acceso a otras ayudas públicas. Pero además, no supuso gasto alguno a los Presupuestos Generales del Estado, ya que el Fogasa se financia, solo y exclusivamente, con las aportaciones que realizan los empresarios por sus trabajadores y que, desde 2005, el Ministerio de Empleo las tiene fijadas en el 0,2% de los salarios que sirven de base para la cotización por contingencias de accidente de trabajo, enfermedad laboral y desempleo. Por tanto, el dinero para cofinanciar el despido en pequeñas empresas procedía de quienes financiaban el Fogasa y no lo utilizaban, como son las grandes empresas y la propia Administración pública, que también está obligada a cotizar por sus trabajadores.
Desde este punto de vista, se puede decir que la intervención obligatoria del Fogasa ha sido uno de los pocos instrumentos económicos y laborales que han abundado en la solidaridad interempresarial.
El Fogasa solo gastó 315 millones por este concepto, pese al aumento de peticiones
La acción del Fogasa ha ayudado a flexibilizar el mercado laboral y redistribuir la renta
La llegada de la actual crisis elevó el número de pequeñas empresas que tenían que despedir a algún/a trabajador/a y que acudían al Fogasa. En 2013, la cifra alcanzó un récord. No obstante, y a pesar de las 55.613 actuaciones, las prestaciones que el Fogasa abonó por este precepto nunca han superado los 315 millones de euros. Esta cuantía dista mucho de lo gastado, por ejemplo, en la compra de armamento en 2013, que superaba los 877 millones de euros.
A tenor de los datos, podemos afirmar que la intervención obligatoria del Fogasa ha sido una técnica barata y eficiente para flexibilizar el mercado de trabajo y redistribuir renta. Sin embargo, ayudar a las pequeñas unidades productivas como principales entes generadores de empleo y trasvasar recursos desde las grandes empresas hacia las pequeñas, desde unas actividades económicas más rentables hacia otras menos florecientes, no está en las prioridades del actual Gobierno de España, que prefiere los gastos suntuosos y más superfluos frente a los productivos,
