Pandemia, empleo y nuevas desigualdades

Daños: Son necesarias transformaciones estructurales que hagan más resistentes los territorios donde el crecimiento económico no trajo consigo un verdadero desarrollo.

Resulta un tópico repetido que el virus no distingue entre clases sociales o grupos profesionales, pero es indudable que las consecuencias de la enfermedad que provoca sí lo hacen y el empleo es, sin duda, un excelente banco de pruebas para confirmar que, como señala Mariano Fernández Enguita, una pandemia imprevisible ha traído la brecha previsible. De este modo, en un país como España, que se sitúa entre los afectados de forma más grave por los contagios, a la crisis sanitaria se han añadido una profunda crisis económica y otra social que afectan a todos sus territorios, con un impacto negativo evidente en los mercados regionales y locales de trabajo, pero con una intensidad muy desigual y nada aleatoria, que puede relacionarse con su mayor o menor vulnerabilidad. 

Se considera vulnerable aquel territorio —desde una región a una comarca, una ciudad o un barrio— con alta probabilidad de verse afectado de forma negativa por algún evento o amenaza de naturaleza diversa, desde una catástrofe natural a una crisis económica, un conflicto bélico o una epidemia. Todos los territorios han sido vulnerables a los efectos de la pandemia, pero con una intensidad mayor en unos casos que en otros, que puede explicarse por tipos de razones.

Seis indicadores

En primer lugar, una mayor exposición al riesgo, que en la actual crisis se relaciona con una excesiva especialización en actividades muy afectadas por restricciones a la movilidad —como el turismo, el transporte, los servicios al consumo y los eventos culturales y deportivos— o bien con una demanda de sus productos demasiado concentrada en unos pocos compradores —como ocurre con los proveedores de componentes para las grandes firmas del automóvil y la aeronáutica—, lo que conlleva una elevada dependencia externa. En segundo lugar, una elevada fragilidad o sensibilidad, que puede vincularse a una estructura laboral con muchos empleos precarios, escasa cualificación, o elevada presencia de ocupaciones poco adaptadas al teletrabajo, junto con una estructura empresarial caracterizada por el excesivo peso relativo de pymes y microempresas con escasos recursos financieros para resistir, elevado endeudamiento, escasa competitividad, etc. 

Si el virus afecta con más intensidad a aquellas personas con un sistema inmunitario más debilitado, la crisis económica y los impactos más negativos en el empleo también se concentran en aquellos territorios que muestran mayores debilidades estructurales. Eso se comprueba al comparar la evolución provincial de diversos indicadores relativos a sus mercados de trabajo entre junio de 2019 y de 2020, evitando así la distorsión derivada de la estacionalidad del empleo. La evolución de las tasas de actividad mide la importancia de la población desanimada que abandonó el mercado laboral, algo que suele afectar más a la mujer y ahora se vio reforzado por el confinamiento y cierre de centros escolares. La afiliación identifica la población con empleo formal, ya sea como empresario, asalariado o autónomo, tanto si mantiene su actividad como si la cesó de forma temporal. El paro registrado en las oficinas de empleo es el modo de ajuste más habitual a las crisis y con mayores costes sociales, sobre todo si es de larga duración o sin derecho a prestaciones sociales. Los trabajadores acogidos a un ERTE suponen una respuesta política para mitigar temporalmente el aumento del desempleo mediante subsidio público, lo que impide comparar con cifras anteriores a 2020, analizando aquí su proporción respecto a la afiliación cuando alcanzó su máximo volumen. Los contratos firmados pueden aproximar el nivel de reactivación económica a partir de ese mes y, por último, la tasa de temporalidad en esa contratación es una medida de la calidad del empleo y su estabilidad o deterioro por efecto de la pandemia.

Para poder comparar los datos de las 50 provincias y dos ciudades autónomas en esos seis indicadores se acudió a un sistema de normalización o estandarización, que identifica el grado de desviación positiva o negativa de los valores respecto al promedio en cada caso. El índice sintético de vulnerabilidad sociolaboral frente a la pandemia es el promedio de esos seis valores, que serán positivos cuando la vulnerabilidad ha sido más elevada que la del conjunto de España —tanto mayor cuanto más elevado es el índice— y negativos en caso contrario. La tipología de provincias refleja diferencias muy significativas en el impacto padecido durante esos primeros meses de la crisis, explicables, sobre todo, por el modelo de crecimiento aplicado en cada territorio y su desigual capacidad de respuesta ante un shock externo como el provocado por la covid-19.

Castigo a la hiperespecialización

La peor evolución, asociada a una mayor vulnerabilidad, corresponde a las tres provincias insulares, seguidas por otras cuatro del litoral mediterráneo peninsular, lo que confirma la estrecha relación con una hiperespecialización en actividades que forman parte del clúster turístico (hostelería, restauración, transporte, agencias de viajes, locales de ocio, comercio minorista, inmobiliario, etc.), que ha sustituido y ha hecho desaparecer progresivamente la presencia de otras actividades (agrarias, pesqueras, industriales…) que hasta hace tres décadas permitían una mayor diversificación de su base económica y laboral. La única excepción a este perfil es la provincia vasca de Araba, muy afectada por las dificultades actuales de dos sectores industriales muy ligados a cadenas de valor globales como son el aeronáutico y del automóvil.

Los impactos más negativos de la covid-19 se concentran en aquellas zonas con mayores debilidades estructurales

En esta crisis, otras provincias mediterráneas meridionales como Murcia, Almería y Granada, que en la anterior se vieron tanto o más afectadas que las anteriores por el hundimiento del sector inmobiliario asociado a su funcionalidad turística (urbanizaciones de segundas residencias), se encuentran ahora entre las de baja o muy baja vulnerabilidad porque la persistencia de una agricultura intensiva y una industria agroalimentaria consideradas dentro de las actividades esenciales moderó el impacto laboral de la pandemia. Algo similar ha ocurrido en numerosas provincias interiores —gallegas, castellanas, extremeñas o aragonesas— que presentan también una baja o muy baja vulnerabilidad, pues a la mayor presencia relativa de esos sectores añaden cierta diversificación de su economía y una vinculación casi exclusiva de sus productos y servicios con el mercado interno.

El impacto en las zonas urbanas

ùPor su parte, las provincias donde se localizan las mayores áreas urbanas del país han tenido un comportamiento heterogéneo. Las que cuentan con una mayor presencia de industrias integradas en cadenas de valor globales, junto con ciudades turísticas de primer nivel (Bizkaia, Gipuzkoa, Málaga y Sevilla) se sitúan entre las de alta vulnerabilidad, junto con Barcelona, que a lo anterior añade el efecto Mediterráneo asociado a sus espacios turísticos litorales. En otros casos, en cambio, ese impacto negativo es menor, lo que las sitúa como provincias de vulnerabilidad media (Valencia, Zaragoza) e, incluso, de baja vulnerabilidad relativa en el caso de Madrid. En esta última, la destacada presencia de actividades financieras, servicios a las empresas y empleos vinculados con las administraciones públicas, menos afectados en términos laborales, junto con una estructura ocupacional con mayor presencia de profesionales cualificados que han podido utilizar el teletrabajo como alternativa, amortiguó la primera onda de choque provocada por la pandemia que, no obstante, sí afecta ahora de forma intensa a otra parte significativa de sus residentes con un perfil sociolaboral muy distinto y localizados, sobre todo, en distritos y municipios metropolitanos del sur y del este.

La reconstrucción debe apostar por una mejora de las relaciones laborales y un mayor equilibrio territorial

Se confirma así que los territorios más afectados por los contagios no coinciden con los más golpeados por la crisis sociolaboral, lo que muestra la influencia prioritaria de la base productiva preexistente en cada territorio y las decisiones tomadas en el pasado reciente, por lo que puede hablarse de una vulnerabilidad construida. En bastantes casos, se dio prioridad al crecimiento a corto plazo, basado en explotar de forma intensiva los recursos disponibles —desde el suelo a las condiciones ambientales, o la mano de obra barata y precaria— a costa de hacerlos más frágiles frente a posibles cambios en el entorno económico. Esa estrategia, que ya se demostró insostenible en la crisis de 2008 y vuelve a hacerlo ahora, contó con un marco legal y unas políticas que favorecieron los intereses de determinados actores privados y la progresiva mercantilización del territorio. Eso debiera suponer un motivo de reflexión y búsqueda de alternativas, si se pretende que la necesaria reconstrucción apueste por la resiliencia y no solo por la reincidencia en modelos fracasados, que sea capaz de recuperar el dinamismo y, al tiempo, impulsar una verdadera transformación de la base productiva, una mejora de las condiciones laborales y un mayor equilibrio territorial. 

Sin duda, estamos en un momento que exige priorizar la atención en resolver la crisis sanitaria y atender los efectos más graves provocados por la pandemia entre los más débiles. Pero no solo lo urgente es importante, e incluir una perspectiva geográfica nos recuerda que, sin duda, son necesarias transformaciones estructurales que puedan hacer más resistentes ante nuevas crisis a determinados grupos sociales y empresas, pero también a territorios donde se demuestra que el crecimiento económico no trajo consigo un verdadero desarrollo.