Por una segunda oportunidad real

El fracaso se debería entender como una forma de aprender, de mejorar, de adquirir experiencia para poder tener éxito en el futuro. La ley española no apoya  la visión del fracaso empresarial que sí tienen las leyes de Estados Unidos

ILUSTRACIÓN: PEDRO STRUKELJ

“Fracasar es la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia”, dijo Henry Ford. Y no es de extrañar si se tiene en cuenta que las dos primeras empresas automovilísticas que fundó acabaron en bancarrota. Pero esta adversidad no le impidió crear la Ford Motor Company y pasar a la historia por ser el primero en aplicar la línea de montaje de fabricación para automóviles asequibles en el mundo. Ford, además de convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo en su época, logró revolucionar el concepto de producción industrial en Estados Unidos y en Europa.

Se podrían llenar páginas y páginas con ejemplos de empresarios y emprendedores de éxito que comenzaron sus andaduras con grandes fracasos: Walt Disney fue despedido de un periódico porque consideraban que no tenía creatividad; la primera empresa de Bill Gates (Traf-O-Data) se derrumbó; Michael Jordan fue apartado de su equipo escolar de baloncesto por falta de habilidad… 

Éstos son sólo algunos ejemplos de personas célebres que han pasado a la historia por sus importantes logros, pero la lista de pequeños y grandes empresarios que han fracasado y han vuelto a intentar de nuevo su proyecto es interminable. Incluso Edison, antes de patentar la bombilla, realizó más de 9.000 experimentos. “No he fracasado, simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionan”, aseguró. 

Es así cómo se debería entender el fracaso, como una manera de aprender, de mejorar, de adquirir la experiencia necesaria para poder tener éxito en el futuro. Por desgracia, en España, las leyes actuales no respaldan esta visión del fracaso que sí tienen otros países, como por ejemplo Estados Unidos. 

UNA LEY INSUFICIENTE

El 30 de julio de 2015 entró en vigor en España la ley 25/2015 de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Hasta ese momento, sólo las empresas contaban con un vehículo legal para pedir la exoneración de sus deudas.  Con la nueva legislación, los ciudadanos particulares y profesionales por cuenta propia, que hasta ahora debían afrontar sus deudas con su patrimonio presente y futuro, también pueden acogerse a esta nueva ley.
Una iniciativa positiva, pero que, sin embargo, se queda muy corta teniendo en cuenta las necesidades y los problemas reales a los que debe hacer frente un empresario al que le han ido mal las cosas y lo ha perdido todo. 

Uno de los puntos más controvertidos de esta ley es que deja aspectos clave en manos de la interpretación judicial, lo cual origina que la resolución de los expedientes dependa siempre del juez encargado de la instrucción. En consecuencia, un caso similar puede tener desenlaces distintos en función de la interpretación que realice el juez designado. 

Muchos emprendedores de éxito comenzaron con sonoros fracasos

La normativa española se queda corta ante algunos problemas

Dos casos similares pueden tener resoluciones distintas

En el aspecto técnico, uno de los fallos más importantes es que el emprendedor quedará exonerado de las deudas privadas pero seguirá teniendo que hacer frente a las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Este punto es el más controvertido de esta nueva ley, ya que son precisamente las deudas públicas las que más afectan a los autónomos cuando se ven empujados a cesar en su actividad. El IVA de facturas que el empresario no sabe si cobrará, la dificultad de acceso al crédito y la inflexibilidad a la hora de pagar las obligaciones fiscales son factores que dificultan aún más que las empresas que atraviesan momentos difíciles puedan remontar en un contexto como el actual. 

La popularmente conocida como la “Ley de Segunda Oportunidad”, a pesar de que puede ser un ligero balón de oxígeno para pequeños empresarios que no han triunfado en su aventura emprendedora, es totalmente ineficaz. 

Para ser eficiente, la ley debería prever dos realidades totalmente diferentes: la de las personas físicas y la de las jurídicas. Además, tendría que regular los ficheros de solvencia positivos y los programas de alerta temprana, con una filosofía equilibrada que incluya también tratamientos preventivos y paliativos. 

UN CAMBIO DE CHIP

Para diseñar una regulación eficaz es imprescindible estudiar y analizar el camino que han seguido economías más avanzadas y con experiencia de muchos años aplicando leyes de segunda oportunidad. El modelo norteamericano, por ejemplo, data de 1898 y es uno de los que funcionan mejor porque cuenta con un procedimiento específico de exoneración directa tras la liquidación total del patrimonio del deudor. Además, existe otro procedimiento diferenciado en caso de que el deudor tenga capacidad para afrontar un plan de pagos. Esta ley norteamericana es posiblemente  una de las claves que explican el éxito económico de Estados Unidos, un país en el que los empresarios que fracasan una vez pueden aventurarse en otro proyecto que les permita recuperarse y generar una nueva actividad económica. 

En España, para desarrollar esta perspectiva, se necesita urgentemente un cambio de chip y apostar por una cultura que no estigmatice el fracaso empresarial, sino que, por el contrario, lo considere una experiencia útil para alcanzar el éxito en futuros proyectos. 

En este país se nos ha animado siempre a consumir para impulsar la economía, pero sin tener en cuenta una solución eficaz para los casos de insolvencia. Buena muestra de ello son los préstamos irresponsables que se concedieron sin las cautelas adecuadas y que han contribuido, en parte, a generar la situación de crisis actual. 

EL CAMINO QUE SEGUIR

Los empresarios españoles que lo arriesgan todo para emprender su negocio y fracasan se enfrentan a una doble dificultad: por un lado, liquidar las deudas pendientes tras el cierre del negocio y, por otro, la imposibilidad de crear un nuevo proyecto económico por la falta de recursos. En muchos casos, las nulas opciones de recuperación obligan a estos emprendedores a subsistir a base de prestaciones económicas o de la economía sumergida y, en el peor de los casos,  les condena a la exclusión social. Es obvio que cuando un deudor se recupera, deja de suponer un gasto público para todos y vuelve a tener la oportunidad de integrarse o bien en el proceso productivo o bien emprender un nuevo negocio que genere puestos de trabajo. 

Para una regulación eficaz hay que mirar las  economías avanzadas

España debe apostar por no estigmatizar el fracaso empresarial

Una buena ley de segunda oportunidad produciría unos beneficios económicos evidentes, incentivando el crédito responsable y la recuperación de los deudores para la economía productiva. 

La única vía para impulsar y estimular las iniciativas empresariales pasa por despenalizar el fracaso e intentar estar a la altura de los países líderes en la gestión de la segunda oportunidad. Sólo así, y con el soporte de una legislación que apoye a los empresarios a quienes les han ido mal las cosas pero que tienen talento para poner en marcha nuevos negocios, se logrará que el fracaso se empiece a considerar una experiencia enriquecedora y valiosa para que pequeños y grandes emprendedores, independientemente del sector en el que trabajen, tengan éxito en futuras aventuras. Esta idea la resumió muy bien el jugador de baloncesto Michael Jordan cuando le preguntaron por las claves de su éxito: “He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. En 26 ocasiones se me ha confiado para tomar el tiro que ganaba del juego, y fallé. He fallado una y otra y otra vez en mi vida. Y por eso tengo éxito”.