Prevenir la pobreza
Catedrático de la UNED y vicepresidente de Economistas sin fronteras
El paro de larga duración es la primera causa de exclusión social y la prioridad del poder político debe ser propiciar la creación de empleo, y que sea además digno.
Un voluntario conversa con un sin techo, en Madrid. FOTO: UNIÓN EUROPEA 2012 EP
La pobreza más sangrante es la que afecta a los países del Sur, pero me centraré ahora en España. Todos los datos muestran un gravísimo incremento de los niveles de pobreza, no solo relativa, sino también absoluta. Las políticas liberales dominantes en los últimos años, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, están agravando los efectos de las crisis, haciendo recaer el coste en las clases medias y los más desfavorecidos y acumulando rentas y riqueza en pocas manos.
Podemos plantearnos actuar sobre las causas del problema, o bien hacerlo a posteriori para corregir las situaciones de pobreza mediante subsidios, especialmente los no contributivos, o medidas de carácter asistencial por parte del Estado. Los más liberales defienden la solución a través de la beneficencia privada, que es solo un parche que palía los estragos derivados de la pobreza y para una mínima parte de afectados. Es necesaria la acción de las administraciones públicas y la renta básica de ciudadanía se perfila cada vez más como la medida más eficiente.
El ideal de toda política es actuar sobre las causas, intentando que no llegue a producirse la situación indeseada, pues ello suele suponer menos costes sociales y económicos. Son dos las causas más relevantes y recurrentes de situaciones de privación y riesgo de exclusión social: el paro y la baja formación, acompañados o no de problemas graves de salud, de vivienda, o la pertenencia a determinados colectivos afectados por las crisis.
El desempleo, especialmente el de larga duración es, sin duda, la primera gran causa de pobreza y exclusión. Por tanto, el primer conjunto de medidas necesarias para reducir las cifras de pobreza es propiciar un empleo digno para todos los ciudadanos. La prioridad de corregir los déficits públicos en el corto plazo y la imposición de políticas de austeridad han jugado en contra del pleno empleo y tienen buena parte de la responsabilidad en el aumento de las cifras de pobreza en la Unión Europea. Es necesaria una política europea decidida en favor del pleno empleo, que estimule la demanda, pública y privada, especialmente la inversión, con atención especial a la innovación. Es preciso construir un modelo de crecimiento sostenible que genere empleo estable y de calidad.
No solo empleo para todos, sino también digno. Uno de los datos relevantes aparecidos en estos años es que obtener un empleo no es ya garantía suficiente para salir de la pobreza. Y la eventualidad generalizada y la precariedad como norma tampoco favorecen la recuperación del consumo. Las últimas reformas laborales favorecen sobremanera la inestabilidad y el empleo de baja calidad. Es necesario recuperar un acuerdo social que dignifique las relaciones laborales y propicie un marco estable y avanzado en temas como las condiciones de contratación y despido, así como de organización interna empresarial, implicación de todos los agentes y potenciador de la eficiencia y la flexibilidad.
LA FORMACIÓN, CLAVE
La inversión en educación y formación debería ser una prioridad absoluta de cualquier política pues no hay mejor medida para prevenir la pobreza a largo plazo. Hay que ofrecer una posibilidad pública y gratuita de alta escolarización también en la etapa de 0-3 años, con una gestión centrada en la calidad educativa y no en la reducción de costes. No basta con escolarizar: es necesario trabajar por los buenos resultados del proceso de aprendizaje, con apoyos especiales a los colectivos con especiales dificultades. Para conseguirlo, conviene evitar vaivenes constantes en nuestro sistema educativo. Mejorar la formación de los profesores (y dignificar socialmente la profesión) se ha demostrado también un mecanismo esencial para el éxito.
El acceso a la red de asistencia sanitaria pública con carácter universal y gratuito es un factor esencial en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Cualquier excepción a esta regla supone un fuerte retroceso si queremos erradicar la pobreza. En el mismo sentido, la no disponibilidad de una vivienda digna implica un deterioro de las condiciones de vida que dificultan el progreso de la vida familiar e influye de forma importante en situaciones de exclusión social. Los recortes en las políticas sociales son una causa directa del incremento de la pobreza. A la inversa, la lucha contra la pobreza exige una atención prioritaria al gasto público en las áreas descritas, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos.
