Retos feministas de la economía

Cambio. No basta con hacer retoques: urge un nuevo pacto social que amplíe la agenda y coloque la vida en el centro.

Salir del bucle de las democracias de baja intensidad requiere asumir la necesidad de ampliar la agenda para el desarrollo efectivo de una economía política feminista. El reto es de gran calado; pasa por acabar con la violencia económica, estructural, hacia las mujeres y las niñas. Algo difícil sin reorientar algunas iniciativas supuestamente emancipadoras desde la consideración de las mujeres como sujetos políticos y económicos, con capacidad de agencia y transformación social.

La pandemia ha impactado sobre un mundo desigual ya afectado por las crisis ecológica, económica y de cuidados provocando uno de los mayores desafíos colectivos: la necesidad de impulsar de forma efectiva transiciones ecosociales justas con la vida.

Entre los grandes desafíos se encuentran aquellos que derivan de la situación de emergencia climática, de la aceleración de los procesos de cambio tecnológico y su efecto sobre las relaciones con los usos del tiempo y el reparto de trabajos, del blindaje neoliberal del comercio y del poder de las multinacionales, de la reesencialización de la maternidad, de los nuevos patrones de consumo que ha traído consigo la vuelta al individualismo económico, de la feminización de las estrategias de superviviencia y de la creciente mundialización del negocio del mercadeo de personas, que mueve ya casi tanto dinero como el tráfico de drogas y armas, y que, en su inmensa mayoría (más del 75%), se realiza con fines de explotación sexual y reproductiva, mayormente de mujeres y niñas.

Urge desmontar los frentes que ponen en peligro la agenda política y económica feminista: 1) la ortodoxia económica y las recetas neoliberales, que cobraron impulso tras la crisis financiera de 2008; 2) la reaparición de grupos abiertamente antiigualitaristas y antifeministas, con planteamientos basados en la diferenciación sexual, el asentamiento de roles de género y la performatividad y el refuerzo de estereotipos sexistas; 3) la construcción de un aparente conflicto entre diversidad e igualdad como escaparate de una misoginia cada vez más institucionalizada, y 4) la tendencia a desactivar lo colectivo en aras a un supuesto discurso ‘liberador’ construido desde experiencias vitales y sentidas a nivel individual.

La efervescencia de políticas fragmentarias, de identidad o reconocimiento cultural recogen parte de la retórica del neoliberalismo económico, sus dialécticas, discursos y prácticas de emancipación, a costa del mantenimiento de sistemas de subordinación y dependencia que se dirige a las mujeres y que representan desafíos para la agenda de la economía feminista: la urgencia de un nuevo pacto social.

Cambiar las bases de la economía

Este pacto debe cambiar las bases con las que ha funcionado la economía hasta ahora, los límites sociales y ambientales que afronta la actividad extractivista, las políticas públicas que la impulsan, el comportamiento social y económico de la ciudadanía, agentes sociales, económicos e instituciones. Es decir, se trata de hacer posible la transición hacia modelos socioeconómicos que incorporen valores y propuestas feministas y ecologistas, reorientando la economía al servicio e interés general de cuidar lo común y el bienestar colectivo de las personas y territorios.

¿Estamos ya en condiciones de ir posibilitando trayectos hacia horizontes emancipadores? Se me ocurren algunos retos sugerentes y mecanismos de reorganización y redistribución en equidad. ¡Será por posibilidades! 

1. Aplicar estándares globales basados en los derechos humanos, que alcancen a todas las personas en el ejercicio de los derechos sociales y económicos. Esto ha de llevar a redefinir y reorientar la asignación de presupuesto, instrumentos y mecanismos para hacer efectivos sistemas de protección social ante las necesidades para una vida digna —salud, alimentación, educación, servicios sociales, vivienda e inclusión— desde criterios de igualdad y universalidad.

 2. Reorganizar social y económicamente la provisión del cuidado como un derecho fundamental de todas las personas, esencial para la sostenibilidad de la vida, a través la responsabilidad asumida colectivamente y compartida en equidad de género. Esto ha de conducir a la desfamiliarización de los cuidados. Es decir, la ubicación de la responsabilidad de la provisión de cuidados, a lo largo del ciclo vital, fuera de los hogares y del papel tradicional de las mujeres dentro de ellos.

Estamos ya en condiciones de ir posibilitando trayectos concretos hacia horizontes emancipadores

3. Articular el diseño y el funcionamiento de sistemas integrales de cuidados, con vocación de servicio público, universal y de calidad que propicien la provisión de cuidados y condiciones facilitadoras para modificar la división sexual del trabajo, reconociendo que los hombres han de abandonar el absentismo que practican respecto a la responsabilidad de cuidados.

4. Ampliar los derechos al establecimiento de garantías vitales, priorizando el refuerzo de los servicios públicos, los acuerdos de colaboración público-comunitario y vías no mercantiles para el acceso a condiciones de bienestar, con ingresos monetarios en suficiencia, individuales, sin condicionalidades, y superando ya las inercias de políticas antipobreza como las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital.  

5. Conducir un cambio en el sistema productivo de manera que toda la actividad económica contribuya a la sostenibilidad de la vida, priorizando la producción de bienes y servicios de utilidad social, la promoción de la economía circular y la corresponsabilidad en las tareas productivas y reproductivas.

6. Desarrollar procesos de transición económica reforzando la igualdad y la democracia participativa en ámbitos como la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la gestión ecológica de los residuos, la gestión colectiva de los bienes comunales básicos para la vida, la limitación del consumo energético y material, la gestión pública y eficiente del agua, la defensa de la biodiversidad y la gestión sostenible del territorio.

7. Propiciar procesos de emancipación basados en la democracia económica y la equidad, garantizando la participación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones y la paridad de mujeres y hombres.

8. Facilitar protección y apoyo a la participación de las mujeres en las redes de producción local, de proximidad, a los circuitos cortos de distribución y comercialización y a la territorialidad de iniciativas basadas en la ética, las soberanías vitales y la corresponsabilidad.

9. Fortalecer la articulación de iniciativas de economía social, solidaria y feminista como redes transformadoras del tejido económico y la sostenibilidad desde la corresponsabilidad integral.

10. Reorientar las políticas fiscales para actuar cual palanca de cambio del modelo de organización social y económica, diluyendo la división sexual del trabajo y favoreciendo la potencialidad emancipadora de las mujeres.