Una alternativa solidaria al impuesto sobre el carbono

Propuesta: Aplicar a las emisiones de CO2 el principio de las 'averías comunes' del derecho marítimo ayudaría a salvar el Planeta.

Es imponer un impuesto al carbono el mejor modo de luchar contra el cambio climático? El argumento de los economistas es el siguiente: las emisiones de CO2 asociadas a la producción de un bien representan un coste para la colectividad que no está integrado en el precio de mercado porque no lo paga el productor. Habría, pues, que imponer un precio al carbono para que el mercado funcione correctamente.

¿Pero es una solución realmente eficaz, realmente justa? Miremos la situación desde otro punto de vista: varias personas se enfrentan a un mismo riesgo de tempestad devastadora. Esa tempestad es tanto más probable cuanto más elevadas son las emisiones de CO2. Los individuos son reticentes a reducir las emisiones de CO2, pues se deben a unos procesos que crean valor para ellos. Sin embargo, todos reconocen que el esfuerzo de uno de ellos para reducir las emisiones beneficiaría a todos. Es la situación de varios individuos a bordo de un mismo barco (en este caso, la Tierra) cargado con mercancías cuyo valor esperan que aumente a la llegada a puerto. Pero, en caso de tempestad, esas mercancías hacen que el barco pese más (lo mismo que las actividades actuales emiten CO2) y ponen al conjunto de la expedición en peligro. 

Mercancía por la borda

Si seguimos el razonamiento de los economistas, se impondría un impuesto sobre el peso de las mercancías. A partir del momento en que el impuesto supere el valor de su mercancía, un comerciante preferirá tirar una parte por la borda. ¿A no ser… que tengan suficiente dinero para pagar  el impuesto?

El impuesto no es, pues, obligadamente muy eficaz. Y, desgraciadamente, tampoco es justo. El principio contaminador-pagador es, evidentemente, un principio justo, pero no tiene en cuenta el reparto de riquezas. El impuesto puede arruinar a algunos, y su sacrificio de salvar el barco y, por tanto, enriquecer potencialmente a los demás.

Ahora bien, cuando un barco se enfrenta al riesgo de una tempestad, no se recurre a un impuesto. En ese caso, el capitán tiene la potestad de arrojar las mercancías si con ello salva la expedición. Ello se acepta porque, en el derecho marítimo, las mercancías que se arrojan en interés de todos son consideradas averías comunes: cada comerciante debe hacerse cargo de ellas proporcionalmente al valor de sus mercancías salvadas por la decisión del capitán. Es la denominada regla de las averías comunes o gruesas, en vigor desde hace 2.500 años.

Riqueza salvada

Esta regla es más eficaz que el impuesto porque lo que se arroja no depende ni de las preferencias de los individuos ni de sus riquezas respectivas. Si el capitán conoce el peso que hay que liberar puede, también, con ayuda de los comerciantes, esforzarse en minimizar el coste de lo arrojado sacrificando prioritariamente las mercancías de menor valor. 

La regla también es más justa pues no se basa en las emisiones de CO2 imputables a cada uno, sino en las riquezas de cada uno que se han salvado. El sacrificio de una mercancía es, en efecto, más útil para aquellos para los que el valor de las mercancías salvadas es el más elevado. Es, pues, justo que sean estos últimos los que se hagan cargo de la parte más importante del sacrificio.

Este razonamiento debe profundizarse a nivel de un país o del Planeta. Pero es necesario pensar en una alternativa más solidaria al impluesto sobre el carbono como la de las averías comunes, una alternativa eficaz y justa para salvar nuestro barco común.