¿Una burbuja medioambiental?

Responsable de Internacional en Ecologistas en Acción

Durante mucho tiempo, la Unión Europea ha sido vista como una región líder en sostenibilidad. Pero cada vez resulta más evidente que algunos de los supuestos hitos tienen truco: la realidad es mucho más compleja.

ILUSTRACIÓN: DARÍO ADANTI

En las últimas dos o tres décadas, la UE se ha dotado, fronteras adentro, de un cuerpo normativo ambiental ciertamente avanzado en algunos aspectos. Dispone de la red de espacios protegidos más grande del mundo: la red Natura 2000, constituida por 26.000 áreas protegidas que representan el 18% del territorio europeo. Cuenta con una avanzada normativa en materia de regulación de sustancias químicas: el Reglamento REACH, que responsabiliza a la industria de evaluar y gestionar los riesgos de las sustancias que pretende introducir en el mercado.

Otro ejemplo es la Directiva Marco de Aguas, que persigue la consecución de un buen estado del agua con vistas a proteger los ecosistemas. También merece la pena destacar la Evaluación de Impacto Ambiental, un mecanismo para predecir los efectos que determinados proyectos tendrían en el medio ambiente a fin de evaluar la pertinencia (o no) de su ejecución.

Más allá de estos y otros avances sectoriales en materias como los residuos o las emisiones industriales, la UE ha hecho bandera de principios transversales muy importantes en el derecho ambiental, como el principio de “quien contamina paga”.

Con relación a la política climática, y con su pionero Sistema de Comercio de Emisiones de 2005, a la UE se la ha visto hasta ahora como una pieza avanzada en relación con otros grandes emisores de CO2.

Actor global

Toda esta proyección internacional no resiste un análisis más profundo. Si miramos el comportamiento de la UE como actor global en la economía mundial, la foto cambia. Esto se ha agravado en los últimos años, durante los cuales la UE, al albur de la crisis, ha acometido una desregulación ambiental importante en sus propias leyes y políticas.

La UE es un importador neto de materiales y energía. El 85% de las importaciones vienen de países del sur. La mochila ecológica de las importaciones, es decir, los recursos (agua, tierra, energía...) que vienen “incorporados” en el producto importado, demuestra que la UE es un auténtico devorador de recursos en el mundo. Sus ciudadanos consumen mucho más de lo que “les corresponde” en un hipotético reparto equitativo de recursos planetarios. La forma de acceder a ellos es a través de tratados comerciales y de inversiones con países del sur, que a menudo se ven abocados a adoptar unas políticas de desprotección social y ambiental que no serían aceptables, hoy por hoy, en el territorio de la UE. Podemos decir, por tanto, que el régimen comercial europeo es esencialmente antiambiental.

En relación con el clima también hay truco. La UE ha prometido reducir sus emisiones en un 20% para 2020, pero refiriéndose a los niveles de 2005 —lo cual significa reducir solo el 14% respecto a 1990, el año de referencia de Kioto— y debate actualmente reducirlas solo un 40% para 2030. Estos objetivos son claramente insuficientes. Además, los mecanismos para lograr estas reducciones son perversos e ineficaces, como los fallidos mercados de carbono o los mecanismos de desarrollo limpio: dan apariencia de que se mejora, pero no atajan el problema en la raíz y, por tanto, no inciden en un cambio real.

La explicación es estructural. Como cualquier potencia inmersa en el sistema capitalista, la UE tiene un objetivo claro por encima del resto: lograr el crecimiento económico, que pasa inexorablemente por un consumo creciente de materiales y energía y por la consiguiente producción de residuos.
Pero es que además la UE lleva años operando negativamente también en su propia burbuja ambiental. La aplicación real de su normativa deja mucho que desear; la UE está diluyendo de forma creciente sus requisitos ambientales o renunciando a acometer reformas pendientes.

Actualmente se negocian tratados de libre comercio donde la principal “damnificada” es la propia UE. Son los tratados UE-Canadá y UE-EE UU, que centrados en las llamadas barreras “no arancelarias”, realizarán una homogeneización legislativa ambiental y social “a la baja”. Podemos entonces estar ante el fin de algunos de esos hitos ambientales que señalábamos al comienzo.