Una nueva herramienta para la política social

Cuando a inicios del pasado verano, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declaraba, refiriéndose a la muerte por ola de calor de un trabajador de la limpieza: “Hay que recordar que no es un trabajador municipal, es un trabajador de empresas contratadas por el Ayuntamiento", se reflejaban una vez más los riesgos de las externalizaciones: el traslado de la responsabilidad de los servicios públicos a las empresas privadas. 

Este lamentable hecho no representaba una novedad, ya que en sucesivas huelgas de servicios externalizados hemos visto cómo la privatización de servicios públicos genera efectos perversos escondidos bajo el lema de la mayor eficiencia de los servicios y recursos públicos, basado en una supuesta mejor capacidad del sector privado para innovar y desarrollar instrumentos de gestión —aunque, como sostiene la economista Mariana Mazzucato, se ha demostrado que es precisamente el sector público el que tiene esa capacidad de inversión y de generar innovación—.

 

Particularmente en el caso de los gobiernos locales, y aún más a partir de las políticas de austeridad impuestas tras la crisis de 2008, la restricción del gasto y de las posibilidades de contratar personal, en el marco de la Ley Montoro, ha forzado aún más a los ayuntamientos a recurrir a las externalizaciones para la gestión de servicios públicos. Además, teniendo en cuenta que las adjudicaciones se han hecho principalmente en función del criterio del precio —es decir, qué empresa lo hace más barato—, la supuesta eficiencia económica esconde consecuencias entre las que podríamos encontrar: las diferencias salariales entre personas trabajadoras de los ayuntamientos y las empresas externalizadas; la desresponsabilización de los cargos públicos; la pérdida del control de los datos e información sensible (servicios de atención ciudadana, seguridad, etc.), y entre otros, la pérdida de control sobre cómo se ejecuta el gasto público. 

Frente a los efectos perversos de las externalizaciones, en los últimos años han surgido dos alternativas: la municipalización, es decir, la recuperación de la gestión directa por parte del sector público (con importantes limitaciones legales y administrativas) o la contratación pública socialmente responsable, en la cual nos centraremos en las próximas líneas. 

 

En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, ya desde 2003 se incorporaban cláusulas ambientales y de reserva de contratos a entidades de inserción laboral y social que pretendían ser los pasos iniciales para abordar la gestión indirecta de una manera más responsable. Pero en los últimos años se ha avanzado significativamente en este sentido. El actual gobierno municipal ha impulsado novedosos instrumentos y cláusulas que se han convertido en referencia no solo para otros ayuntamientos de Cataluña, sino también en el Estado y en el resto de Europa. 

 

Para el año 2020, el 92% de las licitaciones municipales incluían cláusulas sociales, ambientales y de innovación, entre las que se pueden destacar: la valoración de la oferta económica en un máximo del 35% de la valoración total del contrato (para que el criterio económico no sea el principal); el desglosamiento de los costos directos e indirectos y los salariales (cláusulas obligatorias); la contratación laboral indefinida y el mantenimiento de las condiciones laborales durante la ejecución del contrato; la promoción de contratos reservados a empresas de inserción y centros especiales de trabajo de iniciativa social; la subcontratación con entidades de la economía social; los criterios de compra ética y de normas sociolaborales (por ejemplo, en la adquisición de productos electrónicos en los que la cadena de producción respete los derechos humanos de las personas trabajadoras); la contratación de personas en paro con dificultades de inserción laboral o en situación de exclusión social; la contratación de personas con discapacidad y la incorporación de criterios de accesibilidad universal; la comunicación inclusiva; las instrucciones técnicas que incorporan criterios ambientales en la compra de productos, y la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI, entre otros. 

 

Cabe resaltar el impulso que han tenido las cláusulas de igualdad de género, que se han multiplicado por 15 en los contratos municipales, ya que en 2021 se incorporaron 658 cláusulas en las licitaciones respecto de las 44 cláusulas de 2017, entre las que podemos resaltar: el plan o medidas de igualdad, la conciliación corresponsable del tiempo laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras; el fomento de la contratación femenina; la recogida de datos desagregados por sexo; la formación en género; las medidas contra el acoso sexual; la paridad en los perfiles profesionales y lugares de trabajo o grupos profesionales y el fomento de la contratación a jornada completa en los sectores feminizados, entre otros.

La contratación pública responsable también trae consigo importantes retos, como la necesidad de más formación y pedagogía sobre las cláusulas, tanto para el personal de la Administración pública encargado de incorporarlas como para las empresas proveedoras, especialmente las pymes, las del Tercer Sector Social y la economía social, que cuentan con menos experiencia y posibilidades de competir; la necesidad evaluar  la aplicación de las cláusulas por parte de las empresas, y la adecuación de los cálculos de presupuesto y valor del contrato a los incrementos de precio que pueda suponer cumplir las cláusulas. Por último, es necesario destacar que el peso del precio sigue siendo un factor muy determinante en la adjudicación de licitaciones, lo que penaliza a las empresas y entidades con menor capacidad económica. 

La contratación pública responsable no soluciona todos los efectos negativos de la externalización, pero sí complementa políticas desarrolladas en otros ámbitos. De esta manera, la contratación pública pasa de ser el complejo entramado de trámites burocráticos a ser también un instrumento de política social, ambiental y de innovación. Promueve, además, una relación con las empresas y entidades proveedoras basada en una mayor responsabilidad tanto del sector público como del privado.