Vida y muerte de las cajas de ahorros

Las consecuencias políticas, sociales y económicas del fracaso de las entidades todavía están pendientes de un debate clarificador.

ILUSTRACIÓN: PEDRO STRUKELJ

Las cajas de ahorro en España iniciaron su actividad en la tercera década del siglo XIX. La nueva clase, la burguesía, necesitaba herramientas de control social que sustituyeran las instituciones de asistencia que monopolizaba la Iglesia en el Antiguo Régimen. El largo proceso de desamortización dejaba desamparados a amplios sectores populares creando un potencial foco de rechazo a su ascenso y hegemonía. 

Las cajas crecieron ligadas en principio a los montes de piedad y a la lucha contra la usura para acabar consolidándose, en un largo proceso de más de un siglo, como la hucha de las clases populares ante las contingencias de la vida.  A finales del siglo XX eran ya parte esencial del sistema financiero y llegaron a manejar las 2/3 partes del ahorro español. A partir de la última década iniciaron un proceso de concentración, mediante fusiones o absorciones. 

Al iniciarse la actual centuria Galicia contaba con dos grandes cajas que controlaban la práctica totalidad del ahorro de los gallegos: la Caja de Ahorros de Galicia, formada a lo largo de varias décadas mediante la fusión de las pequeñas entidades del norte de la comunidad autónoma alrededor de la Caja de Ahorros de A Coruña, y en el sur de la comunidad, Caixanova, creada en 1999 como resultado de la imposición de la Xunta de Manuel Fraga, que agrupó las entidades de Pontevedra y Ourense alrededor de la Caja Municipal de Vigo. 

La crisis económica iniciada en 2008 supuso la práctica desaparición de las cajas como consecuencia de varios factores. Unos, internos: gestión orientada preferentemente al sector inmobiliario, expansión desordenada, comercialización de hipotecas, créditos y nuevos productos financieros de alto riesgo e inversión en sectores industriales en declive. Y otros, externos: la desregularización impuesta desde los centros del pensamiento neoliberal. 

FUSIÓN RECOMENDADA

La crisis económica supuso para Galicia la pérdida de todas las entidades financieras que obedecían a intereses asentados en la comunidad autónoma. Tras 242 años de existencia, el Banco Pastor acabó integrado en el Banco Santander, y el pequeño Banco Etcheverría, comprado por el venezolano Banesco Banco Universal. 

Fue un proceso largo y complejo para las cajas. Primero, el Gobierno de la Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo impuso la fusión de las dos entidades asegurando disponer de una auditoría de la consultora neerlandesa KPMG que la recomendaba. La auditoría costó un millón de euros y, hoy por hoy, la Xunta se niega a entregarla a la oposición del Parlamento de Galicia. La entidad resultante Novacaixagalicia acabó siendo intervenida por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), que desembolsó 10.118 millones de euros para mantenerla a flote y convertirla en banco. Fue un paso previo para venderla en 2013 a Juan Carlos Escotet, propietario de Banesco Banco Universal, por 1.003 millones de euros, y se cambió la marca comercial para Abanca. La venta supuso para el FROB la pérdida de 8.551 millones de euros, dinero de todos los contribuyentes, mientras que al tercer año Abanca ya había recuperado en beneficios la inversión de su adquisición. 

Al mismo tiempo, el proceso de venta destapó todo tipo de irregularidades en la gestión de las inversiones y depósitos. Los principales gestores, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Domingo González Mera, Óscar Rodríguez Estrada y Ricardo Pradas fueron condenados por administración desleal, apropiación indebida, cobro de prejubilaciones y retiros fraudulentos a diversas penas de prisión y devolución de lo robado, y se enfrentan a nuevos juicios en la Audiencia Nacional. 

JEFE DE FALANGE

Pero la condena de los gestores de cajas de ahorro popular en Galicia tenía un precedente. En la década de 1970 los altos ejecutivos de Caixa Ourense, una de las entidades que acabó formando en 1999 Caixanova, también fueron encausados y el Tribunal Supremo impuso a su director, Ricardo Martín Esperanza, 15 años de cárcel. Fue indultado  por el rey Juan Carlos I en 1982.

Ricardo Martín Esperanza lo había sido todo en la entidad desde que entró en 1947. Además, fue uno de los fundadores y jefe de la Falange provincial, alcalde de Ourense, procurador en las Cortes franquistas y uno de los hombres más poderosos a nivel político de Galicia, pues tenía acceso directo al dictador. En el plano económico había llevado a una pequeña entidad de ahorro montada en 1933 por los republicanos y socialistas que regían la Diputación Provincial a ocupar a finales de la década de 1960 el octavo lugar, de un total de 82 cajas, en la clasificación de depósitos. O el segundo en imposiciones en divisas, solo por detrás de la Caixa de Estalvis i Pensions de Catalunya, la actual Caixabank. Y todo a cuenta de la diáspora hacia Europa que en la década de 1960 propició la emigración de alrededor del 60% de la mano de obra provincial en edad de trabajar. 

Caixa Ourense era la segunda en imposiciones en divisas

La entidad desapareció tras un largo periodo de luchas de poder

Por eso, para los orensanos la historia de la Caja de Ahorros Provincial de Ourense era un pasado para olvidar, un tabú de la tribu que era necesario dar de lado. De ella solo se hablaba en pequeños círculos de amigos que presumían de haber estado en el ajo y que interpretaban su evolución en función de las relaciones familiares o personales con la entidad. Porque si hubo una institución de ahorro popular en Galicia opaca, esa fue Caixa Ourense. 

Caixa Ourense desapareció,  como el resto de las entidades gallegas, tras un largo proceso de concentración, de luchas de poder, de juicios y de condenas, debido a la falta de control de un Estado que estaba por la desregularización del sector. De hecho, tras las múltiples reformas financieras, la verdad es que los gestores operaban a su aire y utilizaron en gran medida las entidades para el enriquecimiento personal o familiar. Las consecuencias políticas, sociales y económicas de este fracaso todavía están pendientes de un clarificador debate, un debate que vaya más allá de cuatro razones demagógicas tan de moda en esta sociedad sometida a los intereses de las fuerzas que se beneficiaron de su privatización. Es un triste final para unas entidades financieras que operaban, en principio, bajo criterios de rentabilidad social.