Pepe Gotera y Otilio...

Así, de la misma forma en que funcionaban aquella pareja de patosos profesionales, se ha comportado la Administración española, primero la del PSOE y después, con fatal ignorancia, la del PP de Mariano Rajoy, en el caso de la energía termosolar.

El tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial, que dirime sobre las disputas comerciales, acaba de condenar a España a pagar 128 millones de euros a la multinacional inglesa Eiser, que en 2007 invirtió 1.000 millones de euros en proyectos de energía fotovoltaica confiando, como muchas empresas y multitud de familias, en la seriedad de las condiciones que ofrecía el Estado español y en la garantía de sus leyes.

Pero en 2010 el PSOE y en 2014 el PP, por aquello de la crisis y los recortes, decidieron cambiar las reglas a mitad del partido. Y eso, señores, no lo hace un país serio. De resultas del cambio de normas, las empresas fotovoltaicas vieron cómo se les recortaba hasta el 50% la tarifa regulada que les ofrecía la ley de 2007, bajo cuya protección se habían arriesgado a invertir. Total, que estas inversiones se volvieron del todo inviables y arrastraron a empresas y familias a la ruina total, porque muchos particulares, pequeñas corporaciones y ayuntamientos decidieron endeudarse y acogerse a las subvenciones que ofrecía el Estado para fabricar esta energía limpia, que depende sólo del sol. 
Pero el laudo del juzgado del Banco Mundial es sólo el primero. Tras él restan al menos otros 26 presentados por otras tantas empresas, que, como Eiser, se consideran perjudicadas por el inopinado cambio del normas. Por ello, el calvario para la Administración central no ha hecho más que empezar, porque, además también habrá que dar solución a las 62.000 familias españolas que se creyeron las reglas de juego y se endeudaron hasta las cejas.

Total, que se pretendía ahorrar y se acabará gastando mucho más. Pero como disparamos con pólvora del rey, pues eso, que paguen los usuarios de electricidad, como se ha hecho con el fraude del Castor, el depósito marino de gas, cuyo fiasco milmillonario pagarán los consumidores durante los próximos treinta años.

Felipe Ruiz Limón, Leganés