Una muerte en la conciencia

Rosa, una anciana de ochenta y un años, falleció el 14 de noviembre en Reus víctima de la pobreza; perdón,  de la pobreza no, de la crueldad del capitalismo depredador, inmoral por naturaleza e insensible por definición.

Gas Natural-Fenosa cortó la luz a Rosa por impago y ésta se alumbraba con velas. Una de ellas prendió la ropa de su cama y la mujer murió asfixiada.

Esta muerte se hubiese podido evitar con sólo seguir la ley de la Generalitat catalana sobre Pobreza Energética, que obliga a las suministradoras a informar a los servicios sociales cuando van a cortar el agua, la luz o el gas a un usuario. Si Gas Natural hubiese seguido el camino legal habría advertido que Rosa era una persona vulnerable dentro de una familia desestructurada y que tenía derecho a seguir con su electricidad como mínimo hasta que no acabara el invierno. 

Pero Gas Natural, empresa con enormes beneficios —930 millones de euros en los nueve primeros meses del año— no entiende de sentimientos y echa la  culpa al Ayuntamiento de Reus. Dice que en la lista de personas vulnerables que les dio el Consistorio no figuraba el nombre de la fallecida, y se queda tan ancha.

Hasta hace dos años, en la nómina de su Consejo de Administración figuraba el ex presidente socialista Felipe González (una situación parecida se daba con el ex presidente José María Aznar, a sueldo de Endesa). González dejó la eléctrica porque, son sus palabras, se “aburría”. Cruel sarcasmo. Viniendo de donde viene, habría sido coherente que, para combatir su bien remunerado aburrimiento en Gas Natural hubiese dedicado su tiempo a mirar por los más pobres.

Luego se extrañan que Podemos, por boca de su líder, Pablo Iglesias, haya utilizado el caso de Rosa para hacer meridiana pedagogía de las puertas giratorias, esas que comunican directamente el Consejo de Ministros con los consejos de administración de las grandes empresas, y haya pedido la comparecencia en el Congreso de Isidre Fainé, presidente de la eléctrica, para que explique qué medidas se han adoptado para garantizar que la empresa que dirige cumple con los derechos humanos. 

Pedro Jiménez Sabater (Barcelona)