Cómo elevar la moral fiscal de los españoles
Reduplicar la lucha contra la corrupción y fortalecer los canales de participación democrática aumentarían la confianza de los contribuyentes en el sistema tributario.
La economía sumergida no está formada por individuos que actúan de forma aislada y oculta; los defraudadores suelen estar interconectados entre sí, coordinados y actuando como un colectivo. No dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social, no cobrar el IVA a un cliente, no emitir una factura a un proveedor, mover la sede fiscal de la empresa a un paraíso fiscal: son todos ejemplos de conductas que se producen con la presencia, complicidad o colaboración de otras personas. Un ejemplo de esta dimensión social de la economía sumergida es la justificación emocional o moral del impago de los impuestos.
La moral fiscal es el grado en que un contribuyente considera justo cumplir con sus obligaciones fiscales. Es una dimensión relativamente estable a lo largo del tiempo, aunque puede cambiar en función del contexto. La ausencia de moral fiscal motiva la economía sumergida, deslegitima las instituciones fiscales y justifica la elusión o evasión de los impuestos. Se podría decir que la ausencia de moral fiscal constituye el pegamento social necesario para que los grupos y las redes que operan en la economía informal, sumergida o criminal puedan mantenerse cohesionadas. Es un comportamiento que se cimenta en la falta de reconocimiento de la legitimidad del Estado, las instituciones fiscales y sus normas.
Con frecuencia se atribuyen que España tenga unos niveles elevados de economía sumergida a la existencia de una supuesta cultura de la picaresca entre los contribuyentes. La realidad es que el nivel de moral fiscal de los españoles no es bajo ni difiere mucho del resto de países de la Unión Europea, sobre todo si se compara con los países del este o del sur. Según las encuestas del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tres de cada cuatro ciudadanos reconocen que el pago de los impuestos es una cuestión de necesidad, justicia y honradez. A esto se suma que, aproximadamente, uno de cada cuatro españoles estaría de acuerdo con subir los impuestos si esto se reflejara en una mejora en los servicios públicos, y solo un porcentaje muy residual preferiría que se redujeran los impuestos aunque esto implicara un empeoramiento de los servicios públicos.
FINANCIAR EL ESTADO DE BIENESTAR
En efecto, la moral fiscal de los españoles ha cambiado bastante desde el periodo de la dictadura hasta hoy. La emergencia de un sistema tributario moderno y la caída del velo de la ilusión financiera durante la década de 1980 contribuyeron a crear una sociedad más informada y crítica acerca de los impuestos, pero también más favorable al Estado de bienestar y a su financiación a través del sistema tributario, con la condición, sin embargo, de que este sea equitativo. Pese a una ligera caída durante los años de la burbuja inmobiliaria y financiera (1999-2007), la moral fiscal en España ha aumentado en los últimos años (2011-2018), junto con una mayor percepción de la corrupción y la falta de equidad en el sistema redistributivo.
Los factores que inciden en la moral fiscal en España son parecidos a los del resto de países europeos y de todo el mundo, y tienen que ver tanto con factores individuales como contextuales. En general, para incrementar la moral fiscal se necesita reforzar el vínculo que existe entre el Estado y el contribuyente. Desde el lado de las instituciones, se trata de mejorar la calidad de la gobernanza, por ejemplo, mediante la lucha contra la corrupción o aumentando los canales de participación democrática. Desde el lado del contribuyente, la educación es un aspecto crucial, sobre todo, si se aborda desde etapas tempranas.
Si la moral fiscal de los españoles no es baja y ha aumentado a lo largo del tiempo, ¿de dónde proceden entonces las grandes diferencias en los niveles de economía sumergida que hay entre España y países europeos como Austria, Suecia y Suiza? La respuesta se encuentra en la estructura del sistema productivo en términos de composición sectorial (estacionalidad), tasa de paro, niveles de desigualdad económica y presencia de crimen organizado. La economía sumergida en España estaría localizada en entornos específicos (sectores, territorios, organizaciones, etc.), donde los individuos están densamente interconectados entre sí.
La utilidad del concepto de moral fiscal no está en su capacidad de incrementar directamente el cumplimiento fiscal, sino en ser una especie de palanca social que las instituciones pueden activar para luchar contra las balsas interconectadas de economía sumergida. Se trata de emplear la moral fiscal como herramienta para activar la participación ciudadana e identificar, denunciar y desincentivar la conducta fraudulenta e insolidaria de aquellos que operan en condiciones irregulares. Una técnica que podría ser efectiva a corto plazo sería solicitar la colaboración ciudadana en la prevención y detección del fraude, proporcionando a los ciudadanos incentivos y mecanismos apropiados, mediante regulación o experimentos sociales localizados. Las causas y los efectos de la economía sumergida son de naturaleza social, así que la sociedad podría ayudar a acabar con ella.
