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Análisis de José María Zufiaur: "Reforma tras reforma"

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Marzo 2013 / 1
Foto artículo: Análisis de José María Zufiaur: "Reforma tras reforma"

Miembro del Consejo Económico y Social (CES) Europeo en representación de UGT

La Seguridad Social es una de las grandes conquistas de la época contemporánea, cuya influencia ha transformado el mundo. La protección social provee a las personas de instrumentos para la gestión de riesgos, favorece la estabilidad macroeconómica de los ingresos y la demanda, reduce la pobreza y las desigualdades y contribuye al crecimiento. También moviliza ingentes recursos y, por ello,  las pensiones y la sanidad son objeto de permanente asedio por parte del capital privado.
 

El Gobierno ha propuesto modificar la reforma de pensiones, pactada en 2011, en lo que hace a las jubilaciones anticipadas y parciales. También comprimir el periodo transitorio para establecer la jubilación a los 67 años y para elevar  el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años. Y eliminar, o modificar, el sistema de revalorización de las pensiones que actualmente se debería realizar, por ley, en función del IPC. Además de incumplir el programa electoral y reiteradas promesas del Gobierno, todas estas medidas supondrían un recorte muy profundo de las pensiones, penalizando especialmente a los más débiles.

También ha enunciado otras posibles medidas, como calcular la pensión sobre toda la vida laboral o ampliar el número de años de ocupación para acceder al 100% de la pensión lo que, a su vez, acrecentaría de manera brutal el recorte para muchos pensionistas.

Penalizar las jubilaciones anticipadas, en su inmensa mayoría involuntarias, impediría, en unos casos, reestructuraciones pactadas y, en la mayoría, implicaría un recorte suplementario de la pensión del empleado. A su vez, las jubilaciones parciales vinculadas a un contrato de relevo, no sólo deberían mantenerse sino que tendrían que utilizarse más que las anticipadas. 

Iaioflautas
Manifestación de yayoflautas en Barcelona

Todo ello, no conviene olvidarlo, en un país que no tiene un elevado gasto en pensiones: gasta en todo tipo de pensiones un 10,75% del PIB, frente a un 13% en la UE. En pensiones de jubilación España gasta un 7,25% del PIB y la UE un 10,4%. Además, en euros por habitante en nuestro país se gasta un 56% respecto a la UE-27.

Por otra parte, la vinculación automática de la edad de jubilación con la esperanza de vida, o “cláusula de sostenibilidad”, ha sido rechazada, entre otros, por la Confederación Europea de Sindicatos, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo. Y en el país que fue pionero en su implantación, Suecia, el nuevo Presidente del Partido Socialdemócrata ha declarado que quiere eliminarla por su carácter unidimensional y su exposición a la coyuntura.

Sin dejar de hacer hincapié en la dependencia demográfica se ha pasado a insistir en el ahorro para reducir el déficit público y en el enorme aumento del paro para defender otra “reforma” de las pensiones. Pero si dentro de una década seguimos teniendo un 25% de desempleo el problema no serán sólo las pensiones sino la quiebra de nuestra economía y de nuestra democracia.

En realidad, todas las reformas que se vienen planteando desde hace varios años siempre tienen tres características. Primera,  nunca se habla del empleo y de la calidad del mismo, del aumento de la productividad, del incremento de la riqueza producida y de su reparto, de natalidad, sólo de los posibles gastos y nunca de los posibles ingresos. Segunda, tras cada reforma las pensiones salen más depauperadas (¿qué porcentaje de nuestras pensiones estarán, por ejemplo, en 2025, por debajo del umbral de pobreza europeo?). Tercera, se favorecen, mediante el achicamiento del sector público y la incentivación fiscal, los fondos privados de pensiones. En suma, “asegurar las pensiones” quiere, en la práctica, decir pauperizarlas y acrecentar los inseguros fondos privados que, como se ha visto durante la crisis, son los más volátiles y los que sufren más pérdidas. Pero representan una gran oportunidad de negocio. 

El Gobierno ha establecido un plazo de tres meses para negociar sus propuestas. El tiempo es, desde luego, escaso para un tema de esta envergadura. Pero, probablemente, aún más escasa sea su voluntad y la de Bruselas para hacer posible un acuerdo. Aunque este sea muy necesario.