Análisis de Miren Etxezarreta: "Mantenemos a los privados, pero no a los públicos"
Profesora de Economía Aplicada, jubilada. Miembro de Taifa
Las pensiones públicas vuelven a estar en el punto de mira. Los recientes rumores sobre si se volverían a congelar, cómo se actualizarían, o si se eliminaría la extraordinaria de Navidad… han servido para que importantes gurús de la economía y la política resuciten el temor de que no habrá dinero para las pensiones públicas, y la conveniencia o incluso la necesidad de que individualmente se completen con pensiones privadas.
El tema no es nuevo. Se inicia en los últimos ochenta y se generaliza en 1994 con un informe del Banco Mundial que planteaba el problema de la sostenibilidad financiera de las pensiones y la conveniencia de recurrir a pensiones privadas. Desde entonces se ha escrito mucho al respecto. Se han cruzado multitud de argumentos, unos insistiendo en la problemática de las pensiones, con otros mostrando que dichos argumentos son perfectamente rebatibles y sólo se sostienen con una interpretación específica de la vida social y de la economía. El tema de la crisis de las pensiones depende mucho más de las premisas de las que se parte y la posición ideológica del observador que de sólidos cálculos económicos. El debate sirvió, además, para desvelar que la razón principal para plantear dicha crisis reside en que el desarrollo de las pensiones privadas es un magnífico negocio para el sector financiero. Y que estimula la contratación de las mismas el que los importes de las pensiones públicas de jubilación disminuyan.
Las posiciones conservadoras dominantes en la sociedad actual, sin embargo, han llevado a consolidar el problema de las pensiones y a generar una aceptación del mismo entre los profesionales, los dirigentes políticos y sociales e incluso entre gran parte de la opinión pública. Desde mediados los noventa (en España El Pacto de Toledo se establece en 1995) por medidas muy diversas se disminuyendo el importe de las pensiones públicas.
La crisis actual y el deterioro del empleo han facilitado que se replantee el problema. Si el paro continúa aumentando, como es muy probable, y si las pensiones se tienen que financiar con las cotizaciones de menos trabajadores, con empleos precarios, con menores salarios sobre los que se aplica la cotización, con una creciente economía sumergida, el dinero disponible para las pensiones disminuirá. Las afiliaciones a la Seguridad Social (SS) han disminuido en más de dos millones desde 2007, por lo que es evidente que las cotizaciones para las pensiones públicas disminuyen. Por primera vez se ha tenido que recurrir al Fondo de Garantía de Pensiones, constituido con los excedentes de los presupuestos de la SS. de años anteriores, para pagar las pensiones de los últimos meses de 2012, y , si los ancianos insisten en no querer morirse pronto, es posible que este se agote dentro de cierto tiempo.
Los argumentos pasados se refuerzan señalando, además, que el pago de pensiones públicas puede deteriorar el tan sacralizado déficit público; lo que sólo correspondería a los países que pagan las pensiones con recurso al presupuesto y no al nuestro, en que se pagan exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores. Apoyándose en las exigencias de la Unión Europea respecto al déficit y a las pensiones, se relanza la idea de la crisis de las pensiones para justificar ante la opinión pública su disminución.
Visto así, el problema crucial reside en que al financiarse las pensiones solo con las cotizaciones de los trabajadores, si éstas disminuyen pueden plantearse problemas financieros. Pero, se ignora el aspecto crucial de que si las cotizaciones no proporcionan los fondos necesarios, las pensiones se pueden financiar con cargo al erario público, como sucede en otros países de nuestro entorno.
Se argumenta que no hay dinero. Lo cual es solo una verdad muy parcial. Cuando se tiene interés en serio, se logra el dinero. Frente a la crisis bancaria y su enorme magnitud, se están proporcionando ayudas de importes que nunca se hubieran imaginado. Y a pesar de ciertos recortes, otros gastos públicos siguen siendo considerables: fuerzas armadas, la subvención a la iglesia, la corona, además de las limitaciones de nuestro sistema impositivo y el fraude fiscal… Como siempre, el tema reside en la distribución de la riqueza y depende de las prioridades de los que controlan el producto social. Y prefieren dedicar recursos a salvar a los propietarios de las instituciones financieras a las pensiones públicas. Condenan así a la pobreza a muchas personas que tras una larga vida de trabajo no disponen de más recursos que su modesta pensión.
Se recomienda que se completen las pensiones públicas con pensiones privadas. Reforzando así a las entidades financieras que continúan con sus cínicas promesas de un mundo feliz con pensiones privadas. Como si en los últimos 10 años no hubiera sucedido nada en el mundo de las finanzas, y las inversiones que habrían de garantizar las pensiones privadas no se hubieran hundido en los avatares del capitalismo financiero.
Hay que preguntarse, además, quien las podrá suscribir en una situación de creciente penuria de las familias. El remedio es ilógico e incoherente: si hay que cotizar a los bancos y aseguradoras para las pensiones privadas, ¿no sería más eficiente que ese dinero fuese a reforzar las pensiones públicas? El dinero de las pensiones, públicas y privadas, sale del conjunto de la riqueza, del producto social del país, ¿por qué no hay dinero si el ahorro de los pensionistas es mediado por el erario público, y aparentemente no hay ningún problema si ese ahorro es gestionado por los entes financieros?
O la sociedad puede mantener a sus ancianos o no. ¿Por qué sí a unos y no a otros?, Esta disyuntiva muestra con claridad que la crisis de las pensiones surge de una arbitraria e injusta distribución de la riqueza social. ¿Qué es lo que justifica que quienes han podido ahorrar más, con jugosas desgravaciones fiscales, a través de los entes financieros dispongan de recursos en su vejez, mientras que quienes no han podido ahorrar tanto, han puesto su confianza en el erario público y no han disfrutado de desgravaciones fiscales, tendrán muchas posibilidades de caer en la pobreza?
Como afortunadamente los pensionistas constituyen una importante parte de los votantes y cualquier partido tendrá que pensárselo mucho antes de establecer una rebaja significativa de las pensiones, se está intentando convencer a la opinión pública de la inevitabilidad de su disminución y la conveniencia de suscribir pensiones privadas. Pero a éstas sólo llega una pequeña parte de la población y son muy arriesgadas, ineficientes, poco rentables además de injustas. Sólo garantizan sustanciosos beneficios a las instituciones financieras. ¿No sería más eficiente y más justo optar por garantizar, mantener y mejorar las pensiones públicas?
