Armar el frente de batalla
Para luchar eficazmente contra el fraude fiscal es preciso un pacto de estado consensuado entre los partidos políticos.
ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR
La justicia fiscal y el equilibrio presupuestario serán prioridades durante esta legislatura, según recogieron PSOE y Unidas Podemos en el preacuerdo para conformar un Gobierno progresista en el que adquirieron, entre otros, el compromiso de aprobar la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal; de reforzar los medios dedicados a esta lucha; de actualizar la lista de paraísos fiscales; de potenciar la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y de prohibir las amnistías fiscales. Asimismo, en el documento prometieron ampliar el listado de deudores a la Hacienda pública, introducir límites más rigurosos para los pagos en efectivo, prohibir el software de doble uso e impulsar la unidad de control de grandes patrimonios.
Y es que el diferencial de la economía sumergida en España sobre la media europea supone que tenemos un volumen superior a los 85.000 millones de euros sumergidos. Y ello tiene su traducción en términos de recaudación. De hecho, si la economía sumergida en España se redujera en 10 puntos porcentuales, hasta el 13% o 14% del PIB, en línea con los países homólogos europeos, y se implantaran otras medidas tributarias y organizativas y de concienciación social, podrían recaudarse, solo por impuestos, 25.000 millones adicionales al año. O lo que es lo mismo, casi cuatro veces más que con una subida de dos puntos en el IVA.
En 2018, la Agencia Tributaria ingresó 15.089 millones de euros de la lucha contra el fraude, mientras incurrió en unos gastos de funcionamiento de 1.419 millones de euros. Es decir, recaudó 10,6 euros por cada 1 invertido en esta batalla. Pero de tenerse en cuenta los 1.074 millones gastados en personal, esa rentabilidad escalaría por encima del 1.400%, una cifra de ensueño para cualquier producto financiero en la actualidad.
INVERSIÓN RENTABLE
En otras palabras, invertir en la lucha contra el fraude resulta suculentamente rentable. Sin embargo, España cuenta con la mitad de recursos que la media de la UE y de la OCDE para perseguir e investigar las infracciones y delitos fiscales. Prueba de ello es que algunos grandes defraudadores campen a sus anchas y puedan salir de rositas tras sus sospechosas triquiñuelas. Es el caso del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, cuyos delitos fiscales han prescrito precisamente por los retrasos a la hora de abrir investigaciones y por otras deficiencias relacionadas con los escasos recursos empleados.
Hay que crear una lista ncgra ambiciosa de paraísos fiscales
Se debería blindar jurídicamente a quienes denuncien fraude
En este sentido, la plantilla de la Agencia Tributaria ocupó en 2019 el último lugar en la UE en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE. Así, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 recogía un aumento de los efectivos de la AEAT de apenas 387 personas, por lo que a final de año alcanzarían los 25.916 empleados.
En concreto, nuestro país sufre una brecha de 25.504 empleados con respecto a la media ponderada de Europa, es decir, cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar directamente contra la economía sumergida y otras 792 personas menos de apoyo. O, lo que es lo mismo, solo un trabajador por cada 2.836 ciudadanos, frente a la media europea, según la cual cada empleado controla a menos de la mitad de ciudadanos. Pues bien, la consecuencia de este desequilibrio de las plantillas es que España registra un nivel de economía sumergida cercano al 25% del PIB, más del doble que los países de nuestro entorno. Es cierto que el último Plan de Control Tributario rompe con el continuismo de los anteriores, al comenzar a destacar la importancia de centrarse en el fraude de las grandes empresas y patrimonios, lo cual debería materializarse desplazando una lupa que lleva tiempo focalizada, sobre todo, en los pequeños contribuyentes, cuando más del 70% de la bolsa de fraude corresponde a grandes empresas y fortunas. Pero también es verdad que la confusa delimitación de responsabilidades y la falta de recursos impiden concretar suficientemente cómo y quiénes cumplirán con las directrices generales, máxime teniendo en cuenta que se continúa sin especificar los medios personales mediante los que se lograrán los objetivos.
De los resultados del estudio Opinión pública y política fiscal, publicado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se desprende que todas las formaciones políticas deberían abordar conjuntamente una reforma fiscal coherente, dado que más del 83% de los ciudadanos piensan que los impuestos no se pagan justamente, es decir, que no pagan más quienes más cobran y tienen.
PLAN REALISTA Y EFICAZ
Los españoles volvieron a señalar la falta de equidad y la insuficiencia recaudatoria que presenta el sistema fiscal. Y a estos problemas sumaron el del fraude, por el que cada año tenemos que pagar, cada uno de nosotros, 2.000 euros. De hecho, más del 90% de los contribuyentes piensa que los niveles son bastante o muy elevados y casi el 60% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para evitarlo.
Pues bien, atajar el fraude solo es viable con la puesta en marcha de un plan realista, eficaz y claro que permita reducir la elevada bolsa de economía sumergida que soporta España, superior a los 250.000 millones de euros, que constituye la causa más importante del diferencial con la media europea respecto a la presión fiscal.
Otro informe, publicado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el título Economías en la sombra alrededor del mundo, incluye a España en el pelotón de cabeza de la economía sumergida en la Unión Europea, duplicando el nivel de Francia y triplicando el de Alemania, y por detrás, junto con Italia, de todos los países más desarrollados de Europa. Este diferencial obedece, especialmente, a dos factores: el control fiscal y el nivel de conciencia fiscal de los ciudadanos.
Más allá de que la actual fragmentación parlamentaria conlleve una gran dificultad para llegar a grandes acuerdos políticos, la lucha contra el fraude debería constituir una excepción. Para combatir y atajar el fraude fiscal se requiere la puesta en marcha de un plan eficaz, de un pacto de Estado confeccionado y consensuado entre los principales grupos políticos, quienes deberían comprometerse a romper con el déficit recaudatorio en un máximo de cinco años, a través de una batería de medidas urgentes que cuente con un marco permanente de revisión, transparencia y rendición de cuentas.
En segundo lugar, sería necesario acabar con la utilización de paraísos fiscales, para lo que convendría establecer una lista negra –objetiva y ambiciosa– que recoja todas las jurisdicciones de baja o nula tributación e incluya la aplicación de sanciones y contramedidas.
MEDIDAS EFECTIVAS
También resultaría fundamental blindar legalmente la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, garantizándoles su indemnidad penal, laboral, económica y social. No obstante, en lugar de poner el foco especialmente en los confidentes, convendría lograr una Administración pública más transparente y eficiente para que los chivatazos no guíen las investigaciones fiscales.
Otra medida efectiva pasaría por la penalización de la contratación pública para quien no cumpla con criterios fiscalmente responsables mediante el uso discrecional de estructuras en paraísos fiscales, así como por la internacionalización de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
En esta línea, este pacto de Estado debería insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de los instrumentos que posibilitan la elusión y la defraudación fiscal, incluida la participación en sociedades offshore o extraterritoriales.
Y, finalmente, habría que reforzar los medios y recursos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección y control del gran fraude, confluyendo en las cifras de fraude con los niveles europeos de nuestro entorno en el plazo de cinco años; reorganizar la AEAT revisando los objetivos y ponderando los equipos humanos necesarios para las tareas de inspección y recaudación con base en los estudios y la experiencia, y convocar a una gran conferencia de coordinación contra el fraude y la evasión fiscal, con representantes parlamentarios y del Gobierno, junto con actores sociales y expertos.
