Deberes climáticos
España eleva el listón y asumirá una reducción del 20% de emisiones contaminantes en 2030 con relación al año 1990.
Las emisiones contaminantes aumentan incluso más de lo que crece la economía en España, que encontró en la crisis un pretexto perfecto para ganar puntos de cara a sus obligaciones internacionales para luchar contra el calentamiento global. En 2017, y tras un incremento del 4,4% de emisiones de gases de efecto invernadero lanzadas a la atmósfera, el nivel de emisiones globales se ha situado en un 17,8% respecto de los niveles del año 1990. Fueron 338,86 millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono (CO2-eq), unidad de medida con la que se calcula la huella de carbono. El Gobierno español ha avanzado que dará un salto importante de ambición y que asumirá un objetivo global de reducción de emisiones del 20% en 2030 con respecto a 1990. Esta meta supone reducir en un tercio —100,3 millones de toneladas menos— las actuales.
El esfuerzo para lograrlo es enorme. Una economía descarbonizada que redunde en menos perjuicios para el planeta, en la mejora de la salud y en la modernización de la economía requiere movilizar, según el Ministerio de Transición Ecológica, 100.000 millones de euros. Pero abandonar los combustibles fósiles en un país con elevada dependencia energética supondría a su vez un ahorro de 400.000 millones.
Hasta ahora, España no tenía marcado un objetivo global de reducción de emisiones. Sí lo tuvo en una fase inicial, en el marco de la Unión Europea, para cumplir con el Protocolo de Kioto: hasta 2012, se le permitió incrementar un 15% las emisiones respecto de 1990. Para conseguirlo, el país tuvo que comprar derechos —existe un mecanismo de compensación entre quienes contaminan más y quienes menos— por casi 800 millones de euros.
Sin embargo, en la etapa siguiente, la Unión se ha limitado por ahora a adoptar objetivos globales en materia de emisiones: la UE persigue, en virtud de Kioto, un retroceso del 20% respecto de 1990 de cara a 2020, y, posteriormente, se ha fijado como meta una disminución del 40% en el año 2030 respecto de la referencia de 1990.
Hace dos años, desde Bruselas sí se impuso un reparto entre Estados miembros, pero no se trata de objetivos globales, sino de objetivos referidos a las emisiones de los llamados “sectores difusos”. Estos sectores, no sujetos al comercio de derechos de emisión, incluyen la construcción, la agricultura, los hogares, el transporte por carretera, el tratamiento de residuos y el comercio. En 2017 supusieron un 58,9% de todas las emisiones de gasos de efecto invernadero, según el avance de inventario enviado a Bruselas por el Gobierno en verano. El objetivo para España en estos sectores no regulados —dejan fuera la industria— pasa por reducir las emisiones contaminantes en un 26% en 2030, pero en este caso con relación al nivel de 2005.
BAJA AMBICIÓN
Las organizaciones ecologistas siempre han considerado muy poco ambicioso este objetivo, y más aún considerando el efecto que la crisis económica de los últimos años ha tenido sobre la actividad y, en consecuencia, sobre las emisiones de CO2. Greenpeace habla de objetivo “ridículo”.
En 2017, en España las emisiones aumentaron más que en 15 años
El país baja 16 puestos en el Índice de Actuación Climática
El nivel actual de emisiones (2017) globales está ahora un 23% por debajo del nivel de 2005. Y eso que los datos de 2017 reflejan la escalada de las emisiones de gases, el 80% de los cuales corresponde al CO2, desde el inicio de la recuperación macroeconómica. Según la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat, que armoniza datos, el incremento de las emisiones fue mayor de la informada por el Gobierno: un 7,4% más que el año anterior. España fue el cuarto país que más incrementó los gases, después de Malta, Estonia y Bulgaria. Pero, a diferencia de estos países, el peso español es más elevado, pues aporta un 7,7% de las emisiones totales de la UE.
“Las emisiones estuvieron bajando porque con la crisis hubo un frenazo de la construcción, la actividad de la industria bajó y mucha gente no tenía recursos para consumir. No ocurrió por voluntad política. No se actuó con políticas públicas suficientes ni en movilidad ni en edificación sostenible. No estamos en el camino de la senda a cumplir”, apunta Tom Kucharz desde Ecologistas en Acción, organización contraria además a los esquemas de compra de derechos de emisión por parte de los sectores más contaminantes, como el energético y la industria. “Siempre hemos dicho que es un sistema perverso, porque establece el derecho a contaminar”, añade.
El aumento de las emisiones del año pasado afectó a los principales sectores emisores —el transporte, la industria y la agricultura—, pero en mayor medida subió en la generación de electricidad, donde rozó nada menos que el 19%. La explicación de este comportamiento inquietante tiene que ver en buena parte con la sequía: la producción hidráulica reculó un 49% y la producción de electricidad aumentó en centrales de carbón y ciclos combinados. Los hogares (sector residencial), en cambio, sí registraron un retroceso (-2,8%).
“Lamentablemente, en España la evolución de las emisiones depende más de si llueve, hace sol o hace viento, que no de las políticas específicas de eficiencia energética”, señala Elvira Carles, directora de la Fundación Privada Empresa & Clima. Carles admite que en parte el incremento de emisiones incluye un efecto relacionado con la recuperación, pero no lo considera el elemento más importante porque, en su opinión, las empresas han realizado inversiones, miran mucho la energía que gastan y su esfuerzo compensa ese efecto de la mejoría económica.
EL PROBLEMA DEL CARBÓN
“En España, el problema de las emisiones viene mayoritariamente de la generación eléctrica con carbón. Cuando la demanda eléctrica no se puede cubrir íntegramente con centrales nucleares y energías renovables, entran en funcionamiento las centrales de carbón, que son más baratas que las de ciclo combinado, pero que contaminan más. Siempre que las centrales eléctricas de carbón tienen mucha actividad, suben las emisiones, y cuando las renovables tienen más presencia en el mix energético español, entonces bajan las emisiones”, explica.
La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, se muestra consciente del reto de desacoplar crecimiento económico de emisiones de gases de efecto invernadero. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el 28 de septiembre, insistió en la necesidad de “un nuevo paradigma energético” que requiere de implicación social y que pasa, apuntó, por electrificar la economía, maximizar el potencial de energías renovables del país y por una reforma estructural del sistema energético que actúe sobre la fiscalidad y que ponga también el foco en el almacenamiento para garantizar la seguridad del suministro mientras se potencian las energías limpias.
Dejar los combustibles fósiles supondría ahorrar 400.000 millones
España apoya reducir el 35% de emisiones de coches y furgonetas
“España arrastra un retraso de fondo en las soluciones”, dijo, ante unos partidos de la oposición coincidentes en el diagnóstico pero que le metieron prisa para que concrete calendario. Y más después de que los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidos haya apremiado a los Gobiernos a ser más ambiciosos respecto a los compromisos adquiridos en el acuerdo de París de 2015, al alertar de los perjuicios que causará en el planeta un incremento de 1,5 ºC respecto a la temperatura previa a la Revolución Industrial. Ribera tomó este apremio como una “llamada a la acción”. Se espera para antes de final de año la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En una de las batallas clave en la lucha contra el calentamiento, la eliminación del CO2 del transprote por carretera, el Gobierno español ha defendido como una “buena propuesta” la idea de recortar un 35% las emisiones contaminantes de coches y furgonetas para 2030, planteada por la presidencia austríaca, como compromiso entre las posiciones que mantenían Alemania (30%) y Francia (40%), y que también enfrenta al Ejecutivo de Bruselas y al Parlamento Europea.
Por ahora, la red de organizaciones no gubernamentales Climate Action Network (CAN) y German Watch han suspendido a España en el cumplimiento del acuerdo de París sobre el cambio climático, mediante un índice de actuación climática que analiza 14 indicadores agrupados en cuatro áreas (emisiones, energía renovable, uso de energía y políticas climáticas. En este índice, España ha reculado 16 puestos respecto al año 2014, y se sitúa en el lugar 35 de 57, en la zona de ambición baja.
España sí cumplirá la segunda fase del Protocolo de Kioto —la primera se cumplió mediante la compra de derechos de emisión—, que finaliza dentro de dos años. Y en el cumplimiento se mezclan la caída de emisiones debida a la crisis y el impulso de las energías renovables durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
