Economía política de la secesión
Ex secretario de Estado de Hacienda
Los argumentos a favor o en contra de la independencia dependen de cuáles serían las condiciones en que esta se produciría. Las dificultades están claras; los beneficios, no.
EUROPA Un manifestante nacionalista enarbola la bandera de la UE Foto: EDU BAYER
La independencia de Catalunya es una posibilidad, no una certeza. De ahí que desarrollar argumentos económicos a favor o en contra de la misma sea una tarea particularmente difícil. La dificultad no está en la viabilidad económica de Catalunya como Estado independiente, porque nadie duda de ella, sino en las condiciones en que Catalunya accedería a la independencia. Nadie sabe si la independencia se producirá ni, en caso de producirse, si la accesión se haría con o sin el acuerdo del Estado español. Los economistas favorables a la secesión suponen que esta será pactada, que Catalunya permanecerá en la Unión Europea y el euro, y que los costes de la transición serán relativamente menores frente a la obtención de un elevado ahorro fiscal. Los economistas contrarios a la secesión, en cambio, parten de una secesión no acordada, que implicará la salida de Catalunya de la UE y el euro, una disminución significativa de los flujos comerciales actuales entre esta región y el resto de España y, por tanto, unos costes de transición muy elevados y superiores al ahorro fiscal.
Una Catalunya independiente fuera de la UE y del euro es difícilmente imaginable. La utilización del euro seguiría siendo en principio posible, pero Catalunya no podría participar en la gestión de la política monetaria común ni en los mecanismos de liquidez que el BCE ofrece. Este último punto es crucial: el Gobierno catalán, como de hecho ya ocurre ahora, no encontraría bancos que financiaran su deuda (que en 2013 alcanzó el 29,7% de su PIB) porque sus títulos no constituirían una garantía aceptable para el BCE, y esto ocurriría a pesar de no tener en cuenta ningún traspaso de la deuda española.
El diagnóstico ante una independencia sin acuerdo es ciertamente dramático
La Generalitat calcula las balanzas fiscales con el método más adverso para Catalunya
Las cosas no irían mejor si el Gobierno catalán decidiera o no tuviera más remedio que crear su propia moneda. Lo que ganaría eventualmente en mayor control de la oferta monetaria y mejor adecuación de su paridad a las condiciones económicas catalanas, lo perdería con creces en el difícil proceso de transición desde una economía basada en el euro a otra basada en una nueva moneda. En las circunstancias descritas en el párrafo anterior, las promesas de paridad que sin duda haría el nuevo Gobierno catalán serían simplemente increíbles y no podrían evitar una significativa huida de capitales privados. El Gobierno, por su parte, quedaría con su activo fundamental (su capacidad tributaria) denominado en la nueva, devaluada, moneda y con su pasivo principal (su deuda) denominado en euros. Un desastre, se mire por donde se mire, que no tendría otra salida que la quiebra financiera del nuevo Estado independiente.
El diagnóstico es ciertamente dramático y no sorprende que, ante el mismo, las primeras reacciones de los partidarios de la independencia fueran de calificarlo de catastrofista. No tanto por la lógica del mismo, de la que es difícil disentir, como por descartar la posibilidad de un acuerdo con el Estado español. Evidentemente, un acuerdo cambia las cosas, pero los acontecimientos políticos no parecen ir en esa dirección, particularmente después del rotundo rechazo parlamentario a ceder al Gobierno catalán la competencia para convocar un referéndum de autodeterminación. Así las cosas, la línea de salida que los independentistas parecen estar considerando es doble: por una parte, internacionalizar el problema y, en particular, dar entrada en escena a la UE, que, ante el desastre financiero descrito más arriba y la contaminación que el mismo pudiera suponer para el resto de España y para la misma estabilidad del euro, persuadiría al Gobierno español a ceder ante las demandas independentistas del Ejecutivo catalán. Por la otra, aferrarse al único argumento que parece haber calado en la opinión pública catalana: el expolio fiscal que Catalunya sufre por parte del Estado español.
El peso de los tratados
La involucración de la UE ofrece dudas razonables si nos atenemos a las manifestaciones de sus representantes, quienes hasta la fecha no han dejado de insistir en el carácter interno (español) de este problema y, según establecen los tratados, en la salida de la UE de cualquier territorio que se separe de un Estado miembro.
Por otra parte, el eslogan político “España nos roba” ha perdido fuerza a medida que la opinión crítica ha ido poniendo de manifiesto la parcialidad y debilidad conceptual de los elevados saldos fiscales del Estado español en Catalunya estimados por el Gobierno catalán.
En una cuestión tan compleja y difícil de calcular como es la de la incidencia territorial de la actividad presupuestaria del Estado español, en la que son necesarios supuestos muy fuertes que tienen una gran influencia en los resultados finales, la estrategia seguida por el Gobierno catalán parece haber sido la de escoger la metodología de asignación regional de ingresos y gastos, y los supuestos de estimación de las balanzas estructurales y cíclicas, que sistemáticamente generen los resultados más adversos posibles para Catalunya. Esta estrategia se puede detectar incluso en la presentación de estos resultados, en los que conceptos tan básicos como la balanza fiscal observada, que es el punto de partida inexcusable de todo análisis serio, o la balanza cíclica, que permite ver la coherencia de los resultados y entender de forma más completa el papel del Estado, han estado obviados, en favor de un solo concepto, la balanza estructural, que aun siendo importante está sujeta a suposiciones teóricas y no explica de forma completa la incidencia territorial de la actuación presupuestaria del Estado en Cataluña.
Pero los hechos son tozudos y acabarán prevaleciendo. Estimada con el método del flujo beneficio, el único que tiene sentido para medir la diferencia entre lo que los ciudadanos de un territorio pagan en impuestos y lo que reciben en bienes y servicios públicos, la balanza fiscal observada en estos momentos de crisis económica es relativamente pequeña: 774 millones en 2010 (0,4% del PB) y en 2009 fue incluso favorable a Catalunya por valor de 4.131 millones (2,1% del PIB). Tomando una visión temporalmente más larga y cíclicamente más equilibrada, en términos de medias y en valores de 2010, en el período 2006-2010 la balanza fiscal observada es de 7.542 millones (3,6% del PIB), de la que la balanza estructural, que aparece cuando del saldo observado se extrae el efecto del ciclo y, por tanto, proporciona una medida más permanente de la acción territorial del Estado en Catalunya, ascendería a 10.533 millones (5,1%), muy lejos de los 16.500 millones propagados por el Gobierno catalán, y la cíclica a -2.991 millones (-1,4%). El Estado español, en el ejercicio de sus competencias y por razones cíclicas, habría estado aportando a Catalunya del orden de 9.500 millones de euros anuales en los años de crisis 2008, 2009 y 2010, equivalentes al 4,7% del PIB catalán.
¿Es razonable la secesión de Cataluña cuando el Gobierno español está contribuyendo de este modo a paliar los terribles efectos de la crisis sobre la economía catalana, seguirá haciéndolo hasta que la recuperación económica sea una realidad, y volverá a hacerlo cuando se vuelva a presentar una crisis parecida? ¿Es razonable la secesión de Catalunya cuando la adversa balanza estructural catalana, más que por la acción discriminatoria del Gobierno español, viene fundamentalmente explicada por la mayor riqueza relativa de esta región? Aun con un sistema presupuestario en el que el Estado obtuviera sus ingresos en proporción a la renta regional y realizara sus gastos en proporción a la población, Catalunya seguiría mostrando una balanza estructural adversa. La diferencia entre la balanza estructural real y esta referencia equivale a un 1,3% del PIB. ¿Justificaría esta pequeña diferencia incurrir en los enormes costes de secesión descritos más arriba? Estas son preguntas sobre las que, en estos momentos de conmoción social y política, el elector catalán debe reflexionar.
