En España hay leyes que matan
Presidente de Médicos del Mundo
La exclusión de inmigrantes en situación irregular del sistema público de salud es injusta, irrelevante en términos DE ahorro y médicamente irresponsable
SATURACIÓN Pacientes en el Hospital Clínic de Barcelona, en diciembre de 2012. FOTO: Edu Bayer
Imaginemos un microcosmos social, pongamos por ejemplo una empresa. Una empleada tiene síntomas de lo que parece una gripe. Lleva menos de seis meses en la compañía con un contrato temporal y, por ello, no se beneficia del servicio médico de empresa en las mismas condiciones que el resto de la plantilla. Como no puede recibir atención porque no lleva suficiente tiempo en la firma, al cabo de unos días cinco compañeros y compañeras de su departamento contraen la gripe. Cualquier persona, sin ser especialista en salud, podría llegar a la conclusión de que esta segregación, además de ser injusta, carece de sentido desde el punto de vista de la prevención y la salud.
Si esto es tan fácil de entender en el microsistema de una empresa, pongámonos a pensar en el conjunto de una sociedad. El ejemplo parece fácilmente extrapolable a la salud pública. Pues no lo es para el Gobierno español, que en 2012 excluyó a las personas inmigrantes que no tienen sus papeles en regla del sistema público de salud, excepto para los menores de edad y en los casos de urgencias y embarazo.
El argumento de frenar el “turismo sanitario” esgrimido por la ministra de Sanidad para justificar esta medida es (interesadamente) falso. Las personas inmigrantes no vienen a España para aprovecharse del sistema sanitario y, desde luego, no son turistas. De acuerdo con un informe elaborado por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 11 países europeos en 2009, solo el 6% de los encuestados citaron razones de salud entre los motivos que les habían llevado a emigrar. Ese porcentaje disminuía al 4% en el caso de las personas inmigrantes entrevistadas que residían en España.
En 2008 los inmigrantes eran el 10% de la población y solo usaban el servicio médico el 5%
Tras un año de vigencia de la reforma se han paralizado tratamientos de cáncer y VIH
Otro argumento que se esgrime para excluir de la atención primaria a las personas inmigrantes sin permiso de residencia es el coste económico que generan al sistema de salud. Sin embargo, limitar el acceso exclusivamente a los servicios de urgencia (más caros que las consultas del médico de familia sin lugar a dudas) puede agravar o cronificar la enfermedad a causa de un diagnóstico o tratamiento tardío. La hospitalización consecuente será, naturalmente, mucho más costosa para el sistema, de la misma forma que se encarecerá el tratamiento de patologías transmisibles que podrían haber sido atajadas con una atención primaria adecuada.
El tercer motivo que se esgrime para recortar la universalidad del derecho a la salud es que las personas migrantes sobrecargan el sistema sanitario. En realidad, las evidencias sostienen todo lo contrario: este colectivo utiliza menos los servicios sanitarios que la población española. Así lo demuestra el estudio de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que afirmaba en 2008 que los inmigrantes, los cuales representan el 10% de la población residente, solo suponían el 5% de los pacientes de atención primaria; o el elaborado por la Fundación de Ciencias de la Salud el mismo año, que certifica que las personas inmigrantes acuden con menor frecuencia a la consulta del médico especialista y solicitan menos pruebas preventivas.
La segregación que se aplica ahora en España resulta injusta, médicamente irresponsable, y es contraria a la deontología médica. La propia Asamblea Médica Mundial recuerda que toda persona “tiene derecho, sin discriminación, a una atención médica adecuada” y destaca el hecho de que “las personas u organismos que proporcionan atención médica, tienen la responsabilidad conjunta de reconocer y respetar estos derechos”.
Desde el Real Decreto Ley se ha negado la atención sanitaria a embarazadas, niños y niñas
En resumen, el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 en el que se plasma la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno no se justifica ni desde un punto de vista de derechos humanos (la salud no es un lujo, es un derecho reconocido mediante acuerdos internacionales), ni económico (la atención de urgencias es más costosa que la atención primaria y la prevención), ni de salud pública (dejar sin cobertura a poblaciones vulnerables puede suponer un grave riesgo para la población en general), ni desde la ética médica (contrario al código deontológico y al juramento hipocrático).
Por otra parte, este real decreto oculta la realidad de un cambio de modelo sanitario, que nos lleva de la universalidad al aseguramiento, bajo los discursos de la austeridad y el control del déficit, y se hurta a la sociedad el debate necesario.
Después de un año de vigencia, en el que hemos seguido muy de cerca su aplicación, podemos afirmar que la nueva normativa ha originado una enorme confusión entre los profesionales sanitarios, ha generado una aplicación manifiestamente desigual en las distintas comunidades autónomas, ha dejado sin seguimiento o ha interrumpido tratamientos a personas con enfermedades crónicas (VIH, cáncer…), ha mostrado constantes incumplimientos del propio RDL, con decenas de casos de negación de atención sanitaria a mujeres embarazadas y niños y niñas. Sin olvidar el intento sistemático de exigir la firma de compromisos de pago previamente a recibir atención sanitaria en urgencias, ejemplo palmario de la intención disuasoria de este RDL.
También queda demostrado que los casos denunciados por las organizaciones sociales no son consecuencia de mala práctica médica o de errores aislados (solo Médicos del Mundo ha documentado más de 700 casos). Son el resultado de la aplicación confusa de una normativa injusta, ineficaz y peligrosa, y pueden causar muertes, como el caso del joven senegalés Alpha Pam en Baleares, fallecido por una tuberculosis sin que se le realizaran las pruebas diagnósticas apropiadas por carecer de tarjeta sanitaria.
Tras un año de su aplicación, el balance que hacemos en Médicos del Mundo es, sencillamente, desolador. A día de hoy, está más que demostrado que en España hay leyes que matan, como esta reforma sanitaria. Puedes seguir nuestros videos denuncia en las redes sociales precisamente con esta etiqueta, #leyesquematan o en la web www.derechoacurar.org
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