La factura de la corrupción
Profesor visitante de la Universidad Carlos III y editor de Politikon
Consecuencias políticas. Por primera vez hay opciones claras de castigo a los partidos tradicionales
La corrupción política no es algo nuevo en España. Por ejemplo, en el ocaso del Gobierno de Felipe González, a mediados de los años noventa, aparecieron numerosos escándalos que dejaron dañada la credibilidad del Ejecutivo. En los años de la burbuja inmobiliaria, al menos desde el inicio de siglo, no dejaron de emerger casos ligados a la especulación inmobiliaria en gran cantidad de ayuntamientos. Incluso el estallido de la trama de financiación irregular que afecta al Partido Popular fue anterior a que ganara las elecciones en 2011 por una amplísima mayoría absoluta, acumulando el mayor poder institucional de su historia.
Sin embargo, parece que esta vez la corrupción ha venido acompañada de al menos dos elementos más que han hecho que se sitúe en un plano político mucho más relevante. El primero es que esta crisis económica ha sido mucho más profunda y virulenta que la de los años noventa. Esto ha supuesto una descomposición acelerada de redes clientelares tejidas en el nivel local. La ausencia de rentas para repartir ha roto coaliciones informales que mantenían una omertà cómplice. No es casualidad que las encuestas señalen que la intransigencia de los ciudadanos ante la corrupción se incrementa cuando la economía va mal. El segundo elemento es que la alternancia política no ha levantado cortafuegos para un descontento cada vez más importante de los ciudadanos con su sistema político. A diferencia de la década de los noventa, ha calado la percepción de que no hay alternativa frente a la corrupción a ambos lados del espectro político. Aunque es complicado discernir qué es primero, sí sabemos que estamos en un escenario en el que se ha disparado tanto el interés por la política como la insatisfacción con el funcionamiento del sistema. Estos elementos se han ido combinando para generar un cóctel que, por lo que apuntan las encuestas, lleva inexorablemente a la ruptura del sistema de partidos español.
ANTE LAS ELECCIONES
La pregunta es si la corrupción puede afectar a los patrones de comportamiento político en las elecciones que tenemos por delante. Los estudios demuestran que el castigo electoral a estas prácticas es modesto y con frecuencia insuficiente para impedir la reelección del político corrupto. Para intentar explicar esto se argumenta que la corrupción a veces es una especie de intercambio implícito. Los votantes la aceptan a cambio de que lleve aparejada externalidades positivas en el corto plazo; se cobra una comisión, pero el pelotazo urbanístico trae actividad a la ciudad.
La otra explicación para el bajo castigo es el papel que desempeñan los anclajes partidistas, los cuales hacen que los votantes exoneren los casos de corrupción de los propios y censuren los de los ajenos. Esto, además, se refuerza cuando los medios de comunicación reproducen exactamente los alineamientos partidistas. De ahí que en España los votantes con menos identificación con un partido se abstengan más ante los escándalos o que la ausencia de competidores en la derecha minimizase el riesgo de castigo en el PP. Además, el cinismo político por el que todos los partidos son percibidos como corruptos reforzaría este mecanismo. Una ciudadanía apática y desafecta con unos partidos enrocados en el “y tú más”, en lugar de castigar se desmoviliza.
Los escándalos y la crisis han acelerado el cambio político
Pero todo está cambiando a gran velocidad. La volatilidad electoral se apunta creciente en todos los sondeos, la identificación partidista es menos estable y la fidelidad en el voto cae. No está claro que los partidos clásicos puedan resistir simplemente apelando a unos fieles cada vez más menguados. Los votantes están fracturando la oferta electoral y se refugian en nuevos partidos. Por primera vez hay opciones claras de castigo a ambos lados del espectro político, tanto en Ciudadanos como en Podemos. No sabemos en qué medida la fragmentación del sistema de partidos se traducirá en que tengamos gobiernos menos corruptos. Sin embargo, no hay duda de que los escándalos que hemos vivido esta legislatura sumados a una crisis económica e institucional importante han servido de acelerador del cambio político en España. Por tanto, la corrupción política ha tenido unas implicaciones que los partidos clásicos no han sabido o no han querido medir, especialmente el partido en el gobierno. Es posible que si se hubiera arrancado una investigación independiente que depurara responsabilidades a fondo pudiera haber evitado esta situación. Ahora ya es tarde y la factura se cobrará en las urnas.
