La gran regresión

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    Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de UGT

    Las políticas de austeridad emprendidas por laUE han provocado destrozos sin precedentes en el modelo social. pero el problema fundamental no es económico, sino político.

    MOVILIZACIÓN Manifestantes protestando en Barcelona contra los recortes. Foto: EDU BAYER

    Asistimos en la UE a la ofensiva de un neoliberalismo sin complejos ni maquillajes, asociado, en palabras de Jürgen Habermas, a “una forma dura de dominación política”. El cuestionamiento de la Europa social ha venido dejando sus huellas desde hace varias décadas al socaire de la globalización y el predominio del capitalismo financiero. Pero nunca como ahora se habían mostrado las políticas neoliberales tan agresivas, prepotentes e impúdicas. El cinismo más descarnado es lo que parece caracterizar a esta fase del capitalismo.

    De acuerdo con un diagnóstico según el cual la crisis que sufre la UE es una crisis de deuda y de competitividad, en la UE se articulan políticas de austeridad para, teóricamente, reducir las deudas soberanas; mejorar los diferenciales de competitividad entre Estados mediante “devaluaciones internas”, es decir, devaluaciones salariales; y poner patas arriba las instituciones vinculadas con el trabajo, bajo el aserto de que el paro está causado por las rigideces del mercado laboral.

     

    Laboratorio neoliberal

    Mediante mecanismos vinculantes, como los Memorandos de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional —FMI—) para los países intervenidos de la zona euro y los Acuerdos con el FMI, para los países también intervenidos pero que, siendo integrantes de la Unión, no pertenecen a la moneda única; o, para el conjunto de los países miembros, a través de recomendaciones, que pueden ir acompañadas de sanciones, emanadas del semestre europeo, la intervención de la UE en las políticas sociales y laborales nacionales ha causado enormes destrozos en estos años de crisis, sobre todo en los países del sur y algunos del este, aunque es muy probable que el “laboratorio neoliberal” iniciado en esos países termine trasladándose también a los del centro y el norte de la UE.

    Se ha generalizado la toma de decisiones unilaterales sin pasar por el diálogo social

    Lo más paradójico es que las políticas no han servido para resolver ningún problema

    Así, el paro ha alcanzado niveles desconocidos en la UE: en términos absolutos y entre los jóvenes, afectados por un desempleo de larga duración, en movimientos migratorios, y los trabajos precarios se han generalizado no solo en los países periféricos, sino también en los centrales de la Unión. Las personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión (según el índice Arope, su sigla en inglés) representan el 25% en la UE. En 17 Estados miembro las desigualdades se han incrementado fuertemente entre 2008 y 2012, correspondiendo el mayor aumento al registrado en nuestro país.

    Los ataques a los salarios, la negociación colectiva y la regulación laboral han sido sistemáticos y profundos: congelación y pérdida de retribuciones en el sector público; disminución de los salarios mínimos legales o convencionales; supresión de convenios de ámbito superior y primacía a los de empresa; derogación, a nivel de empresa, de convenios supraempresariales o de disposiciones legales mínimas; supresión/extinción de convenios colectivos nacionales; abrir la posibilidad a que trabajadores no sindicados puedan concluir convenios en la empresa; ataque a los sistemas de revisión de los salarios o a la indiciación automática de los mismos en los países en los que todavía la mantienen; supresión de la ultraactividad de los convenios; facilitación y abaratamiento del despido; disminución drástica del porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios colectivos, en los países periféricos pero también en Alemania, por ejemplo. Generalización, en fin, de la toma de decisiones gubernamentales unilaterales sin pasar por el diálogo social.

    En el ámbito europeo crecen las medidas orientadas a debilitar un modelo social que, según ha declarado el presidente del BCE, Mario Draghi, pertenece ya al pasado. En la UE han proliferado en estos años las medidas orientadas a propiciar el dumping y la concurrencia social. A través, por ejemplo, del programa REFIT (adecuación y eficacia normativa), la puesta en cuestión de directivas sobre salud y seguridad en el trabajo, la revisión de la directiva acerca de desplazamiento de trabajadores o una nueva sentencia del Tribunal de Justicia avalando la renovación sucesiva de contratos temporales, contradiciendo un acuerdo emanado del diálogo social europeo en 1999.
     
    Desde el ámbito europeo, en nombre de la reducción del déficit público, se han impulsado “reformas estructurales” que han desestabilizado sustancialmente los pilares nacionales del Estado de bienestar: pensiones, sanidad, educación.

    Lo más paradójico es que este destrozo social no ha servido en absoluto para solucionar ninguno de los problemas que los austericidas decían que iban a arreglar: ni las deudas, ni el crecimiento y el empleo, ni la competitividad, ni los crecientes desequilibrios entre países acreedores y deudores. La regresión social ha sido brutal y muy difícil de recuperar. Un estudio del Instituto del Trabajo de los Sindicatos Griegos (GSEE) indica que Grecia ha perdido el 26% de su PIB durante la crisis y que, aunque creciera entre el 4% y el 5% hasta 2025 —cosa muy improbable, el estudio prevé un crecimiento medio del 1,6%—, solo se recuperaría un 15% del PIB y el paro únicamente descendería del 28% actual al 16%. Dado que, pese a todo, se siguen aplicando las mismas políticas cada vez más analistas, se preguntan si las aplicadas han sido solo “errores” y “daños colaterales” o, por el contrario, un diseño consciente para desmantelar el Estado social y democrático de derecho europeo.

    Lo más perentorio es impulsar la economía, salir de la recesión y crear empleo, transformando para ello el modelo de desarrollo mediante un nuevo paradigma inclusivo que vincule la lucha contra las desigualdades a la restauración de los ecosistemas. Ello implica más tiempo para amortizar las deudas y créditos más baratos y más homogéneos entre países. Asimismo, actuar sobre la demanda y no, como hasta ahora, sobre el recorte de los salarios. Además, como pide la Confederación Europea de Sindicatos (CES), es urgente un plan de inversiones que sea sostenido en el tiempo —2% del PIB europeo durante 10 años, con el objetivo de crear 11 millones de empleos—, controlado democráticamente y financiado con recursos propios.

     

    Hay alternativas

    Muchas propuestas alternativas están disponibles para una gobernanza económica y social diferente, que implique un nuevo equilibrio entre unión monetaria, económica y social: desde un nuevo mandato para el BCE hasta políticas comunes, como la industrial, pasando por una mayor armonización fiscal. Si la UE no es capaz de actuar conjuntamente para preservar los elementos esenciales del modelo social europeo en el contexto de la mundialización, el riesgo de desafección ciudadana hacia la construcción europea es probable que llegue a ser irreversible.

    La solución no va a venir de la salida del euro, que sería muy costosa

    El escollo más difícil que hay que superar es el del miedo al federalismo

    El principal problema sigue siendo político. De voluntad política, por supuesto, pero también de un nuevo diseño institucional de tipo federal. Es insostenible una moneda única con deudas públicas diferentes sometidas a la especulación de los mercados o sistemas fiscales y sociales concurrentes. Otra arquitectura institucional es imprescindible para asegurar el interés común y un contrato social europeo. La solución no va a venir de más renacionalización ni de la salida del euro, que sería mucho más costosa que un gran salto hacia delante en el ámbito político de la construcción europea. Los próximos cinco años son decisivos para el futuro de la UE y, en ese sentido, la disyuntiva principal no pasa por el porcentaje que alcancen los euroescépticos en la próxima composición del Parlamento Europeo, sino por la capacidad de las fuerzas proeuropeas para identificar un objetivo común para la construcción europea, más allá del proyecto de posguerra, que pueda ser legitimado democráticamente.

    SINDICATOS Piquetes de UGT y CC OO, en la huelga general de 2010. FOTO:EDU BAYER

    Como al inicio de la integración europea, el movimiento sindical puede volver a ejercer un papel importante en este proceso. Por haber depositado sus esperanzas en una Europa social que pensaba indisociablemente unida al gran proyecto de integración, se encuentra enfrentado actualmente a una nueva encrucijada.

    En los últimos años ya está dando pasos para europeizar mucho más su estrategia y sus formas de acción: una primera huelga general en noviembre de 2012, la reafirmación del salario como elemento central de la acción sindical, una mayor vinculación entre acción reivindicativa y participación institucional, alianzas con otros movimientos sociales, avances hacia posiciones comunes en asuntos como la coordinación de la negociación colectiva o el establecimiento de una referencia común europea para los salarios mínimos nacionales, una mayor articulación entre acción nacional y europea.

    El escollo más difícil de superar, sin embargo, es el del miedo al federalismo. Provocado por el crecimiento de las asimetrías en la UE y por la desconfianza hacia un federalismo burocrático, tutelar, no democrático y ordoliberal. Que es el que, de hecho, se está implantando con las consecuencias sociales antes descritas, y sin una transferencia de soberanía política al ámbito comunitario coherente con la que se hizo al crear la moneda única. La impotencia que se manifiesta por la pérdida de influencia de la acción colectiva solo puede ser colmada en el espacio supranacional europeo. El margen de maniobra que se echa en falta en el ámbito nacional únicamente puede ser cubierto por competencias comunes a escala supranacional.

    El desafío al que nos enfrentamos todos, y las organizaciones de trabajadores en primera línea, en este momento crucial de la UE no es, por tanto, solo social. Es, sobre todo, político y, en particular, democrático.

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