Las cosas ya se mueven en Francia
Las primeras críticas al PIB partieron de una serie de investigadores que consiguieron provocar el debate público. Hace unos meses se aprobó una ley en Francia... Falta transformar el intento
La aprobación de la llamada ley Sas el pasado mes de abril en Francia es el colofón de un largo trabajo de crítica al PIB llevado a cabo en Francia desde los años noventa. Una labor iniciada por una serie de profesores universitarios e investigadores para los que la finalidad de la economía no debe ser la acumulación sin fin, sino la búsqueda de un bienestar sostenible en beneficio de todos. Este movimiento se plasmó sobre todo en los trabajos de Dominique Méda, Patrick Viveret, Jean Gadrey y Florence Jany-Catrice. Y después, en la actividad del Foro para Otros Indicadores de Riqueza (FAIR, en sus siglas en francés) — que ellos crearon en 2008 como reacción a la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, conocida como Comisión Stiglitz.
No se puede negar que fue por esta vía que la crítica al PIB salió de la marginalidad y le dio un primer reconocimiento oficial, más allá de las discrepancias políticas. Pero aunque reunió a insignes economistas, éstos trabajaron a solas, sin comunicación con el exterior.
Gracias a la Comisión Stiglitz y a la intervención del FAIR, el asunto de los indicadores salió a debate en la sociedad francesa. En 2007, el Gobierno francés pidió al Consejo Económico, Social y Medioambiental (CÉSE) del país que organizara un debate sobre el tema. “Ese debate desembocó, en enero de 2010, en la propuesta de un conjunto de indicadores de desarrollo sostenible”, recuerda André-Jean Guérin, consejero del CÉSE. Esos indicadores, medidos por el Instituto Nacional de la Estadística y de los Estudios Económicos (INSEE), sirvieron después para establecer una estrategia nacional de desarrollo sostenible... que, sin embargo, no tuvo demasiadas consecuencias prácticas debido a la falta de voluntad política en las instancias más altas del Estado de hacerlos suyos y darles vida.
Por el contrario, algunas regiones francesas, y especialmente la de Nord-Pas-de-Calais, establecieron en esa época indicadores alternativos al PIB, asociados a consultas públicas, que se tuvieron en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre transporte o vivienda. Esta preocupación llegó al nivel de la Asociación de las Regiones de Francia (ARF) en 2012.
El asunto reapareció en la escena nacional francesa en 2013. Ese año, France Strategie, institución dependiente del primer ministro encargada de hacer propuestas sobre las grandes orientaciones para el futuro del país a medio y largo plazo, propuso en el marco de su trabajo prospectivo sobre Francia para la década siguiente dar continuidad al informe Stiglitz. Paralelamente, Eva Sas presentó una primera propuesta de ley en la Asamblea Nacional en diciembre de ese año. Demasiado ambiciosa, fue rechazada finalmente.
UNA LEY Y UN INFORME
El Gobierno se comprometió, sin embargo, a no enterrar el tema. En septiembre de 2014, France Stratégie propuso siete indicadores para “medir la calidad del crecimiento”, mientras que Eva Sans presentaba, a finales de ese año, una segunda propuesta de ley que, esta vez, fue aprobada en la primavera pasada. ºYa antes de la aprobación de la ley, el CÉSE se había acercado a France Stratégie. Ambos trabajaron juntos para definir una serie de indicadores. En paralelo, se realizó una consulta ciudadana a través de Internet y se interrogó a 1.000 personas a través de paneles de ciudadanos.
Estos trabajos desembocaron en la presentación por parte del CÉSE y de France Stratégie, el pasado mes de junio, de un cuadro de 10 indicadores, bendecido finalmente de forma oficial. Vincent Aussilloux, jefe del departamento de Economía-Finanzas de France Stratégie, se felicita de que ese proceso haya llegado a su fin, aunque observa que “la historia no ha terminado porque habrá que evitar que los indicadores terminen archivados. Los gobiernos tienen que asumirlos y el Parlamento, darles vida.
